Recientemente la Fundación Abogados Cristianos ha planteado una demanda judicial contra Carles Mulet, senador valenciano por Compromís, acusándolo de un delito de incitación al odio y a la discriminación (art. 510 CP) y otro de acoso (art. 172 CP), tomando como base unas declaraciones donde opinaba sobre el destino de la cruz del valle de Cuelgamuros, realizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática aprobada. Una Ley por la cual los símbolos representativos del franquismo no pueden continuar en el espacio público.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, señala que “no podemos permitir que nadie utilice dinero público para atacar la cruz del Valle de los Caídos, atacar las cruces de todos los pueblos, insultar a los que defendemos el cristianismo e ir en contra del cristianismo y de lo que representa, que es la paz, el respeto y la tolerancia”. Esta asociación de abogados no siente ninguna preocupación por la pederastia en el seno de la Iglesia, ni por las fosas comunes, ni por las tropelías antidemocráticas de la dictadura franquista. Sencillamente van a lo suyo, difamar y denunciar de forma reiterada, acusando a quien sea de delitos contra los sentimientos religiosos u otras figuras penales similares, contando para ello con el eco de determinados sectores confesionales de la judicatura que admiten esas demandas, incomodando a la persona demandada, aunque después, en general, el asunto no tenga mayor recorrido. Toda una táctica para crear una sensación de que en España existe “persecución” por las ideas religiosas cuando en realidad no hay odio ni discriminación sino lo que falta es una verdadera cultura y legislación adecuada para avanzar en los valores democráticos de la libertad de conciencia y la laicidad del Estado.
El senador Carles Mulet, político cumplidor de su función, se caracteriza precisamente por:
- Su defensa de la Memoria Democrática y los derechos de las víctimas del franquismo.
- Ser el cargo público a nivel estatal que más ha intervenido frente al gobierno sobre el tema de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, su transparencia y recuperación.
- Defender, en suma, la aconfesionalidad del Estado y la laicidad denunciando los privilegios que mantiene la Iglesia Católica en los temas económicos, fiscales, en la enseñanza, etc., denunciando los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede que deben ser derogados.
Europa Laica manifestamos nuestro apoyo a Carles Mulet y denunciamos las demandas de Abogados Cristianos en contra de la libertad de expresión, valor democrático de primer orden que es necesario preservar.
