Tras los retrocesos experimentados en algunos países, es hora de que los dirigentes de la Unión redoblen sus esfuerzos para proteger la igualdad de género y la salud reproductiva
En muchas partes de Estados Unidos, el acceso al aborto está en peligro tras la sentencia dictada en junio de este año por el Tribunal Supremo en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization. El fallo ha impulsado a varios responsables políticos europeos a cuestionarse la capacidad de resistencia de las leyes de la región en materia de salud y autonomía reproductiva.
Aunque el aborto es legal en casi todos los países europeos, la tarea de los dirigentes regionales, hoy, debe ser garantizar que los avances que se han conseguido con tanto esfuerzo en los últimos ochenta años no corran la misma suerte. Hay motivos para la esperanza y el optimismo, porque la tendencia predominante en toda la región es, desde hace décadas, ir eliminando las restricciones legales y políticas al aborto y erradicando las barreras.
Ha habido retrocesos; sin duda, el más conocido, por desgracia, en Polonia, cuando el país endureció su legislación sobre el aborto, ya muy restrictiva, en 2020. Hay unos cuantos países más —Andorra, Liechtenstein, Malta y Mónaco— que mantienen leyes muy duras sobre el aborto. Pero todos los demás países europeos han legalizado el aborto y muchos avanzan con firmeza hacia la eliminación total de las barreras normativas restantes.
Por ejemplo, en la actualidad, al menos cinco países han iniciado una reforma legislativa progresista. El Bundestag alemán acaba de derogar una prohibición instaurada hace 80 años que impedía a los médicos facilitar información objetiva sobre el aborto, una medida que confiamos en que siente las bases para reformas más amplias y muy necesarias en ese país. En Países Bajos se acaba de aprobar una ley que suprime el periodo de espera obligatorio antes de abortar. En Francia, las últimas reformas han suprimido por completo los periodos de espera obligatorios y han facilitado el acceso al aborto con medicamentos. Por su parte, el Parlamento español tiene previsto aprobar un proyecto de ley que eliminará el periodo de espera obligatorio antes de abortar, autorizará a las jóvenes de 16 y 17 años abortar sin el consentimiento de sus padres y permitirá a las mujeres con discapacidad tomar decisiones autónomas sobre el aborto. El pasado mes de septiembre, un referéndum en el pequeño Estado de San Marino despejó el camino para derogar sus duras leyes sobre el aborto y legalizar el aborto inducido. Estos ejemplos recientes llegan tras cinco años de reformas progresistas: desde 2018, Islandia, Irlanda, Chipre, Bélgica, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte, entre otros muchos países europeos, han revocado la prohibición del aborto o han derogado las restricciones normativas.
Este es el momento para que los responsables de la toma de decisiones de todo el continente impulsen nuevos cambios legales y políticos destinados a garantizar que todas las mujeres tengan acceso a una sanidad reproductiva esencial cuando la necesiten. La Organización Mundial de la Salud (OMS) proporciona unas directrices claras en la versión recién actualizada de su Guía de asistencia al aborto, dirigida a los gobiernos y los sistemas de salud. Como indica la OMS, el aborto es una forma esencial de asistencia sanitaria y los marcos legales y políticos deben tratarlo como tal. Hay que eliminar los periodos de espera forzosos y el asesoramiento obligatorio, derogar las leyes penales que aún quedan en relación con el aborto, reformar los requisitos sobre la autorización de terceros y revisar los plazos restrictivos y otras barreras.
En las semanas transcurridas desde la decisión del Tribunal Supremo de EE UU, los legisladores de toda Europa han iniciado la tarea de avanzar en la protección legal de la asistencia en casos de aborto. En Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia y Suecia se está debatiendo cómo garantizar el acceso al aborto mediante instrumentos constitucionales y legislativos. A principios de este mes, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que se pide que el derecho al aborto se consagre en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Ahora bien, además de seguir progresando, debemos mantenernos firmes para evitar retrocesos. En Europa sabemos de primera mano que las leyes de aborto muy restrictivas son una amenaza para la salud y la vida de las mujeres. Un suceso reciente en Malta lo demuestra de la manera más aterradora: una mujer a la que se le negó la asistencia durante un aborto espontáneo y cuya vida corría peligro tuvo que ser trasladada en avión a España. En Polonia han fallecido al menos tres mujeres tras la sentencia del Tribunal Constitucional de octubre de 2020 que prohibió el aborto en casos de malformación fetal grave. Una de las aterradoras consecuencias de esa prohibición casi total fue que a esas mujeres se les negara durante el embarazo cualquier intervención clínica que habría podido salvarles la vida. Este verano se está juzgando en Varsovia a una defensora de los derechos humanos acusada de ayudar a otra persona a abortar con medicamentos en 2020. Si la condenaran, podría tener que cumplir hasta tres años de prisión. Mientras tanto, la guerra en Ucrania está poniendo de manifiesto el grave daño que causan las restricciones legales y las barreras al aborto, cuando las refugiadas de Ucrania y las supervivientes de la violencia sexual relacionada con el conflicto que buscan asistencia al aborto en los países vecinos se encuentran con una serie de drásticos obstáculos legales y políticos que impiden el acceso a una atención urgente.
Ya es hora de que los dirigentes europeos den ejemplo y redoblen sus esfuerzos para proteger la igualdad de género y la salud reproductiva. No debemos permitir que proliferen las oportunidades de retroceso. No debemos dejar de proteger a las generaciones futuras. No debemos permitir que el progreso se estanque.
Leah Hoctor es directora regional principal para Europa del Center for Reproductive Rights.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
