El Gobierno dice que se reunirá con las distintas confesiones y que revisará las fórmulas vigentes El Tribunal de Derechos Humanos falla contra el Estado por discriminar a un pastor evangélico
Desde que las fuerzas le fallan, Francisco Manzanas se dedica sobre todo a leer y escuchar música. Fue ministro de la Iglesia Evangélica en la parroquia de Cristo del barrio de Campoamor, en Alicante, entre 1952 y 1991, y aunque se jubiló ese año siguió colaborando hasta que quiso y lo dejaron. «Solo oye música clásica», dice su hijo, David, también pastor, heredero de su ministerio. Manzanas padre tiene ahora 87 años y vive con su esposa en el mismo barrio en el que trabajó toda la vida, que fue donde recibió hace unos días la noticia que llevaba tiempo esperando: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo había fallado a su favor y dictaminado que el trato que había recibido por parte del Estado español en el cálculo de su pensión había sido discriminatorio, y que tenía derecho a que le trataran igual que a los sacerdotes miembros de la Iglesia católica. Cuenta David que a su padre ese día se le iluminó el rostro, y no solo por las razones obvias: intuía que la sentencia podía beneficiar a cientos o miles de clérigos de confesiones minoritarias que están en su misma situación. El Gobierno, de hecho, ha anunciado que así será.
«Estamos hablando de una sentencia de equidad y justicia básicas. Su importancia, más que teórica, es sobre todo práctica: habrá otros a los que les esté pasando esto mismo que tendrán que alegar esta sentencia para que la justicia les tenga en consideración», explica Santiago Bueno, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universitat de Barcelona.
DOS DECRETOS DE ALCANCE DISTINTO / Después de jubilarse, el pastor Manzanas reclamó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la pensión que creía que le correspondía, pero el organismo rechazó la petición con el argumento de que no había completado el tiempo mínimo de cotización. El problema es que si hubiera sido un sacerdote católico no habría tenido inconveniente: por razones prácticas de los gobernantes de turno, pasaron 22 años entre el decreto que convirtió en asalariados amparados por la Seguridad Social a los clérigos de la Iglesia católica (1977) y el que equiparó a los de las religiones minoritarias (1999). Lo realmente discriminatorio, sin embargo, no fue la demora: fue que el decreto que beneficiaba a los católicos era retroactivo, y preveía que se tuvieran en cuenta los años previos de servicio en el cálculo de las pensiones, mientras que el otro no incluía esa posibilidad. Por eso a Manzanas no le podían dar lo que pedía.
FALLO A FAVOR EN PRIMERA INSTANCIA / «En el 2004 empezó la andadura judicial -explica su hijo-. Mi padre se sentía discriminado, pero fue una decisión conjunta. La Iglesia Evangélica Española jamás se ha desentendido de sus ministros y les ha pagado a todos su pensión de jubilación. Como es una carga económica muy fuerte, que le corresponde al Estado, un día, en la comisión permanente, se llegó a la conclusión de que había que denunciarlo. Entonces mi padre dijo que mientras le iglesia se hiciera cargo de los gastos, él podía poner la cara». En el año 2005, el juzgado de lo social número 33 de Barcelona falló en primera instancia a favor de Manzanas, pero el INSS recurrió la sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio la razón al organismo y el ministro acudió al Constitucional, que desestimó el caso. Y así llegó a Estrasburgo.
«En este momento hay aproximadamente 150 pastores evangélicos en la misma situación y este fallo los beneficia, porque reconoce que aquí ha habido un caso de discriminación -dice Ignacio Simal, presidente de la Església Evangèlica de Catalunya y director de comunicacion de la Iglesia Evangélica Española-. De hecho, es una sentencia que no beneficia solamente a la Iglesia Evangélica sino a otras minorías religiosas; beneficia la normalización de la libertad religiosa en España».
CONSECUENCIAS PRÁCTICAS / El fallo sienta un precedente que según algunos debería tener consecuencias prácticas, a menos que el Gobierno quiera que cada caso se resuelva ante la justicia. «El Estado español tendría que emitir ahora alguna legislación administrativa para arreglar la situación; el trato de derecho que tienen los católicos, que lo tengan los demás», dice el catedrático Bueno. El caso es que el fallo no ha pasado desapercibido en el seno del Gobierno. Según un portavoz del Ministerio de Justicia, del que depende la Subdirección de Relaciones con las Confesiones, el Ejecutivo tiene previsto abrir conversaciones con la comunidad evangélica, «aunque el tema no afecta solamente a Justicia sino a la Seguridad Social, es decir a Empleo». «Es allí -añadió- donde van a estudiar las fórmulas posibles. En principio se va a hablar con ellos porque es sobre ellos que ha fallado el tribunal, pero obviamente no descartamos hablar con las otras confesiones». En Alicante, mientras, en el barrio de Campoamor, el ministro Manzanas oye música, lee y acaso, quién sabe, sigue sonriendo.
El jubilado pastor evangélico Francisco Manzanas en su piso de Alicante, hace dos semanas. EL PERIÓDICO
Archivos de imagen relacionados
