Bajo el lema “Ante su crisis, #alacalle6M” miles de estudiantes se han concentrado por todo el estado para protestar contra el nuevo decreto del Ministerio de universidades y exigir una educación accesible. En Andalucía se han realizado movilizaciones en Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz y Córdoba.
La jornada de lucha ha sido organizada a nivel nacional por dos de las grandes organizaciones estudiantiles: el Frente de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento. En Málaga, la concentración comenzó a las 12h en la Plaza de la Constitución, en Córdoba comenzó a las 18h en la Subdelegación de Educación, en Cádiz comenzaron hacia las 19:30h frente a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Plaza de España.
En Granada, la Asamblea abierta de Filosofía y Letras, la Delegación de Filosofía y Letras y la Unión Sindical Estudiantil hicieron un llamamiento a huelga durante el día de ayer que contó con el apoyo del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. Las protestas estudiantiles en la capital nazarí tuvieron una doble convocatoria. Por la mañana, una manifestación recorrió el trayecto desde la Facultad de Ciencias hasta el rectorado. Por la tarde, cerca de un centenar de estudiantes ha replicado la concentración convocada a nivel estatal a las 18h, frente a la Delegación de Educación.
En Sevilla, el Movimiento de Acción Estudiantil (MAE) se unió a los convocantes nacionales y se concentraron frente al Palacio de San Telmo a las 18h. Unos doscientos estudiantes se oponían al Real Decreto que pretende sacar el Ministerio de Universidades, encabezado por Manuel Castells. “No cabe duda que si el ministro no quiere contar ni con las trabajadoras ni con los estudiantes algo quiere ocultar”, comentaba Clara, integrante del MAE.
“Somos quienes sufrimos sus decisiones, qué menos que escuchen nuestras propuestas”
Por su lado, Emilio López, secretario provincial del Frente de Estudiantes, cuenta que es necesario que se escuche a los estudiantes y a la clase trabajadora a la hora de hacer cualquier reforma. “Somos quienes sufrimos sus decisiones, qué menos que escuchen nuestras propuestas”, afirmaba.
Las reclamaciones no solo van dirigidas al gobierno central, “aquí en Andalucía tenemos una lucha interna con la Junta” cuenta Clara Gutiérrez. Se refiere al informe que la Junta de Andalucía ha presentado y que recoge una lista de carreras y su nivel de inserción laboral. “Un informe pedido a una empresa privada y que conllevaría el cierre de muchas clases en diferentes carreras, sobre todo de ciencias sociales”, termina Gutiérrez.
Más financiación y participación en las decisiones de las universidades
Los estudiantes, además, exigen un aumento de la financiación destinada a la universidad pública. Tras años de recortes ven necesario un aumento que posibilite una educación de calidad, y la reducción de las ratios en enseñanzas medias a 20 alumnos por aula, algo que según los sindicatos estudiantiles venían reclamando “desde antes de la pandemia”.
También reivindican al Gobierno un sistema sanitario comprometido con la salud mental, “que está muy estigmatizada; nosotros estamos notando muchísimo los efectos de la pandemia a nivel psicológico”, asegura Antonio Poyato, de Estudiantes en Movimiento. Esta organización es clara defensora de la presencialidad en las aulas, pues lo ven como pilar básico de la educación de calidad y donde se asienta la socialización del estudiantado.
Las reivindicaciones estudiantiles enlazan con el rechazo de la privatización de servicios universitarios, “que empezaron con Bolonia y siguen hasta ahora, con la inserción de empresas como el Banco de Santander en la UGR, subcontratas de diferentes servicios —como la reciente iniciativa de subcontratar los comedores universitarios frenada por los sindicatos—”, apuntaba Fran Fernández, perteneciente a Estudiantes En Movimiento.
Para Estudiantes en Movimiento el objetivo de las movilizaciones persigue una universidad democrática, donde los estudiantes y el personal no docente tengan voz y voto en la toma de las decisiones de la universidad, desde cómo se dan las clases hasta cómo se organizan los campus. “Para que estas sean reales tiene que darse un aumento sustancial de la financiación a la educación pública. Hoy hemos dado el pistoletazo de salida, vamos a seguir las movilizaciones hasta conseguir nuestras reivindicaciones y que cuenten con nosotros en la legislación que nos afecta directamente”, anunciaba Fran.
La necesidad de una presencialidad segura
La delegación universitaria del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, también ha apoyado la concentración de hoy. Pechi Murillo, profesora en la UGR y portavoz del SAT en cuestiones universitarias, nos explica en declaraciones a El Salto Andalucía, que desde septiembre reivindican a la UGR la garantía de una presencialidad segura, donde se redujeran los grupos al 50% sin reducir la docencia a la mitad, contratando más profesorado para atender esa bajada de ratio.
Para lograr esa presencialidad segura, entendían necesario invertir en medidores de CO2, filtros EPA y material para el profesorado como EPIs y mascarillas diarias, algo que denuncian, no ha pasado. Murillo comenta que la única solución que han podido implementar para ventilar el espacio lectivo es abrir las puertas y ventanas de aulas que muchas veces dan a pasillos cerrados o no tienen ventilación externa. “Los propios investigadores de la Universidad de la UGR están desplazándose a los centros de educación primaria y secundaria a valorar las condiciones de seguridad tomadas allí y aconsejan la instalación de medidores de CO2 y filtros EPA porque es la única forma de medir la calidad del aire en las aulas, medidores que la propia Universidad no ha incorporado a sus aulas e instalaciones”, termina Murillo.
La jornada de hoy forma parte de una serie de acciones que tienen planteado los estudiantes hasta que “el ministro Castells decida reunirse nosotras y bueno, en general, con las trabajadoras del ámbito educativo” como declaraba Clara Gutiérrez.Precariedad e inseguridad también en el profesorado y la investigación
Pechi Murillo defiende que tanto el proyecto legislativo de universidades como el de investigación consolidan todavía más la precariedad y la temporalidad actual de los y las investigadoras post doctorales universitarias. Señala que se han producido numerosas quejas de ausencia de diálogo por parte del Gobierno con la comunidad. Reclama que “no se ha contado con la comunidad científica y universitaria para la elaboración de las propuestas legislativas, por ejemplo, la federación de jóvenes investigadores ya se ha manifestado en contra del borrador”.
Para Murillo, en la Ley de investigación se han desglosado los contratos del profesorado en general y se mantienen la temporalidad de los post doctorales. Esto, afirma, “supone más precariedad, porque cuanto más variedad contractual se de, menos homogeneizadas son las condiciones laborales y los derechos de cada uno de los contratos”. Nos explica que la concatenación de contratos postdoctorales previstos en esa ley “no se garantiza que vayas a lograr una estabilización cuando terminas tu investigación, porque no se establece ningún compromiso laboral institucional; puedes terminar tu carrera doctoral con más de cuarenta años y encontrar que no tienes perspectiva de consolidación laboral”.
