El Diario de Córdoba publicaba ayer domingo una entrevista a la vicepresidenta primera del Gobierno centrada fundamentalmente en temas políticos andaluces: la necesidad o no de adelantar las primarias para elegir al candidato de su partido a la presidencia de la Junta de Andalucía, la candidatura de Juan Ferraz o el futuro político de Susana Díaz. Pero también tuvo cabida la cuestión de las inmatriculaciones de la iglesia católica, que reproducimos:
Ha pasado un mes desde la publicación del listado definitivo de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica, ¿tiene constancia de que hayan empezado las reclamaciones?
Yo quiero decir con esto tres cosas. Una, nosotros somos el Gobierno que ha cumplido con las obligaciones que Mariano Rajoy no cumplió de transparencia para decirle a todos los españoles el listado de bienes que la Iglesia católica ha inmatriculado al hilo del privilegio que le otorgó el gobierno de José María Aznar con la modificación que se hizo de la ley hipotecaria. La Iglesia católica ha inmatriculado en nuestra provincia 399 bienes, todos por esta vía salvo siete. Es verdad que la Iglesia católica eso lo ha hecho al amparo de una ley, por lo tanto lo ha hecho de manera legal; se puede discutir esa legalidad, incluso la constitucionalidad de esa legalidad, pero lo ha hecho al amparo de la legalidad. Yo alcancé un acuerdo con el presidente de la Conferencia Episcopal, con monseñor Omella, para que ellos supieran que nosotros queríamos cumplir esa transparencia del listado completo.
Segundo, estamos hablando con la Conferencia Episcopal para que, de alguna manera, todos estos bienes, que muchos van a ser pleiteados y muchos revisados motu propio por la propia Iglesia católica, no deban estar inmatriculados a la titularidad de ellos. Son conscientes, a mí esto me lo dice monseñor Omella, y ellos son conscientes de que todo lo que no esté afecto al culto o a fin educativo seguramente habrá que revisar. Segundo, va a haber instituciones y particulares que se van a ir a los tribunales, yo ahí no entro porque es la justicia en nuestro país la que tiene que entrar a funcionar. Pero a mí sí que me gustaría que todos estos bienes, que muchos de ellos se han ido acumulando a lo largo de los años con el esfuerzo de los ciudadanos, con donaciones a lo largo de los siglos (…), tuvieran un régimen jurídico, los que finalmente queden como titularidad de la Iglesia católica, que los protegiera como bienes inalienables.
Por lo tanto, los que finalmente queden para la Iglesia católica que tengamos también el resto, la ciudadanía de este país, que van a estar para fines públicos también, o culto o educación o de patrimonio histórico o de cultura. Hay buena disposición tanto de la Conferencia Episcopal como de nosotros. Y luego yo he hablado claramente con monseñor Omella, que es una persona a la que respeto bastante en lo que lo he ido conociendo, y le he dicho que hay un bien singular, la Mezquita-Catedral. No hay nada que se le parezca en el patrimonio histórico español y europeo, esto nadie lo puede negar, y que a mí me gustaría que este bien, independientemente de la reivindicación jurídica que pueda tener, tiene que tener algún tipo de participación de todos, del Ayuntamiento, de la Junta que tiene las competencias en protección del patrimonio histórico, del Ministerio de Cultura, que hemos invertido ahí yo como ministra de Cultura y como consejera dinero público, alguna fórmula de participación de todos de manera que, por supuesto siempre esté garantizada su protección, su futuro, su uso, y que en ese sentido pudiera tener también un régimen singular y estamos también trabajando en eso. Hay un equipo que está trabajando de especialistas de vicepresidencia y de la Conferencia Episcopal y creo que vamos a ir encontrando caminos.
