El juez de distrito Petrese B. Tucker dio la razón al gobierno de Filadelfia frente a dos agencias cristianas que se negaban a gestionar adopciones por parte de parejas del mismo sexo. Según su dictamen, al hacer eso, rompen su contrato con la ciudad.
Un juez federal de Pennysilvania rechazó una demanda de dos agencias cristianas de adopción y acogida que alegaban que sus derechos constitucionales estaban siendo violados al ser obligadas a ofrecer sus servicios a parejas del mismo sexo.
El pasado mes de mayo, Filadelfia suspendió sus contratos a las agencias Catholic Social Services (CSS) y Bethany Christian Services por negarse a cumplir con una ordenanza contra la discriminación, después de que el diario Philadelphia Inquirer reportase que ambas se negaban a gestionar la adopción a parejas de gays y lesbianas.
Pero mientras que la última aceptó cumplir con esa normativa, CCS alegó que estaba cumpliendo con sus creencias religiosas y presentó una demanda contra la ciudad en la que solicitaba una exención a esa norma.
En respuesta a esa solicitud, el juez de distrito Petrese B. Tucker rechazó esos argumentos y dictó que CCS no tiene derecho a un contrato con el gobierno local, ya que estaba violando el que ambas partes establecieron.
La agencia había admitido al departamento de servicios humanos de Filadelfia que estaba discriminando a las parejas del mismo sexo en dos sentidos, ya que no los certificaba como posibles padres adoptivos ni llevaba a cabo estudios de sus casos para solicitar acoger a niños, algo que sí hacía con personas solteras que desearan adoptar, por ejemplo.
El Fondo Becket para la Libertad Religiosa —la firma que representa a Catholic Social Services— adelantó que apelará la decisión. «La ciudad ha puesto la política por encima de los niños y hoy la corte permitió que continúen las políticas discriminatorias de la ciudad», alegó una de las consejeras de la firma, Lori Windham.
La adopción por parte de parejas del mismo sexo es legal en todo Estados Unidos desde abril de 2016, cuando un juez de Mississippi eliminó la última prohibición que seguía vigente en el país.
Sin embargo, este tipo de demandas son comunes en diferentes estados. Esta misma semana, un juez federal escuchó los argumentos de una ley de Michigan que le garantiza financiación estatal a agencias aunque discriminen en función del sexo de los padres, informa Think Progress. Leyes similares se aprobaron recientemente en Kansas y Oklahoma y los republicanos del Congreso también aprobaron una enmienda a una ley de financiación la semana pasada que abriría paso a una discriminación similar.
