Los Acuerdos con judíos, protestantes y musulmanes cumplen 20 años con deficiencias
“Aquí guardamos los datos de la Iglesia católica y aquello es el archivo de los herejes y los infieles”, solía decir una funcionaria de la Dirección General de Asuntos Religiosos en el Ministerio de Justicia cuando enseñaba su negociado. Ocurrió todavía a finales de los años 90 del siglo pasado, bajo el Gobierno de José María Aznar, en pleno desarrollo de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Para entonces, el Estado español había firmado ya tres acuerdos de cooperación con las religiones consideradas en aquel momento de “notorio arraigo” (judíos, protestantes y musulmanes), pero la tradicional confesionalidad nacionalcatólica de España se resistía a retroceder. Ayer se celebró la conmemoración de la rúbrica, hace veinte años, de aquellos acuerdos/ley, presidida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Más tarde, en un largo coloquio con los líderes de esas confesiones, se constató que la celebración, sin ser funeral, ofrecía escasos motivos para el entusiasmo.
La jornada se cerró con la presentación del Centro Internacional para el Diálogo Interreligioso e Intercultural King Abdullah Bin Abdulaziz (KAICIID ) fundado por el Reino de Arabia Saudí, Austria y España, con el Vaticano como “observador fundador”. El Centro, algo así como una alianza de civilizaciones religiosas, celebra este fin de semana en Madrid su primera reunión del comité directivo desde que comenzó a funcionar en Viena en noviembre del año pasado.
Aprobada dos años después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, la ley de Libertad Religiosa garantiza a las religiones minoritarias los mismos derechos que a la Iglesia católica. Pura teoría. Un ejemplo lo puso esta mañana Alberto de la Hera, que fue director general de Asuntos Religiosos con Aznar. Una vez, el alcalde de una ciudad se negaba a permitir el entierro por el rito musulmán de uno de sus vecinos. Para ello apelaba a una simple ordenanza municipal. Advertido por De la Hera de su tremendo error –“¡Una ley orgánica está por encima de sus ordenanzas, señor”!-, el edil se cerraba sobre su autoridad. Hubo que enviarle a un subdirector del Ministerio de Justicia, “que hizo cientos de kilómetros a cuenta de los impuestos de todos ustedes”, para meterlo en razón.
El ex director general elevó una queja más general. “Los Acuerdos de 1992 son buenos sobre el papel para saber qué hacer con las bodas y los entierros, y en los hospitales, las escuelas, las cárceles, pero tienen que ser aplicados por las diferentes Administraciones nacionales, autonómicas y locales. Y tengo que decir que yo no encontré ninguna colaboración ni en el Ministerio de Educación, ni en Sanidad, ni en Defensa, ni en la Justicia”, confesó De la Hera.
Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), expresó su enfado poniendo el ejemplo de los jueces. “Muchos ignoran los acuerdos y se resisten a aceptar que existe una forma distinta de casarse, con ritos propios en cada confesión, antes de llevar los documentos del matrimonio al Registro Civil. Finalmente, lo consigues, después de muchas explicaciones, pero a veces tardas un embarazo en arreglar los papeles, como cuando pides una licencia de obras”. Pese a todo, el también dirigente protestante, Eliseo Vila, calificó los acuerdos como “un hito histórico y el fin de 500 años de persecución, destierro, fusilamientos y exterminios”. Él mismo fue una víctima, acompañando a su padre, siendo todavía un niño, de comisaría en comisaría para llevar a su madre noticias del marido apresado.
Otro motivo de disgusto tiene que ver con el dinero público. Ahí las quejas son clamorosas, con ejemplos extravagantes. Así, mientras la Iglesia romana goza en España de un auténtico paraíso fiscal y recibe del Estado, cada año, cientos de millones euros para pagar a su clero, para el culto, para sus docentes de catolicismo, o para sueldos de sus capellanes en hospitales, cárceles o cuarteles (sin que el católico ponga un solo céntimo de su bolsillo), las otras confesiones tienen prohibido por los acuerdos financiarse de esa manera. Para colmo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013 les ha rebajado escandalosamente la dotación para sus actividades sociales y de solidaridad, que venían recibiendo a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia (de cinco millones de euros en 2012 a repartir entre seis confesiones, a apenas un millón y medio ahora). En cambio, la Iglesia católica es probablemente la única organización que no ha sufrido recorte alguno con la crisis.
Lo curioso es que, cuando se negociaron los acuerdos de cooperación el tema del dinero parecía quedar zanjado. Lo contó Dionisio Llamazares, el director general de Asuntos Religiosos que los negoció y asistió a su firma solemne en noviembre de 1992, por mandato del Gobierno de Felipe González“. Dijo: “Se puso sobre la mesa de negociación el tema de los impuestos, también el IVA que no pagaba entonces la Iglesia católica, y también la situación de la casilla en el impreso del IRPF, que tiene solo la confesión mayoritaria. Les expliqué que lo del IVA era una imposición de la Unión Europea, y claro, se me dijo que cómo entonces no se les exigía a los obispos. Pero en aquel momento, la cosa era muy clara. No habría financiación para ninguna confesión. Eso iba a acabarse, porque los Acuerdos con el Vaticano, de 1979, dicen claramente que aquel sistema era transitorio, para tres años, y que a partir de entonces los obispos se habían comprometido a autofinanciarse. Se dice bien claro en el texto. Así que, cuando algún dirigente me reprochaba lo que íbamos a firmar, yo le decía: ‘Espera, espera. Eso pronto se acabará’, pese a que ya se había superado con creces el plazo pactado más tarde. Eso es lo que yo pensaba y lo que podía decirles, porque era lo que estaba acordado y firmado”.
Ante las risas o las quejar de los presentes, Llamazares tuvo que explicar que no sólo no se han cumplido sus previsiones, sino que las cosas han ido a peor. El Gobierno elevó en 2007 un 37% la cuota del IRPF que los obispos reciben de Hacienda por mandato de los católicos que ponen la equis en su declaración de la renta, y además les liberó de su compromiso de autofinanciarse, adquirido en 1979. “En aquel momento, la cosa era muy clara, y los acuerdos no se han modificado, sino solo se han reinterpretado cuando Bruselas impuso, mediante un ultimátum que venía de lejos, que los obispos debían pagar el IVA como todo el mundo, y para suprimir la idea de ‘dotación’, que entregaba a la Conferencia Episcopal un dinero fijo por adelantado dijeran lo que dijeran más tarde sus fieles en el IRPF, mientras que ahora se ha pasado a la idea de la ‘asignación’, es decir, que van a recibir lo que salga de las declaraciones, si sale más, se les da más, y si sale menos, tendrán que devolver lo ya recibido, cosa que antes no hacían nunca”.
Las confesiones también sufren discriminación en materia de enseñanza. Llevan años reclamando profesores de su religión en las escuelas públicas (la Iglesia católica tiene 15.000 docentes a sueldo del Estado), y el Estado mira para otra parte. A día de hoy, según Justicia, hay solo 46 docentes musulmanes y otros 165 para las diferentes iglesias evangélicas. En España practican el islam 1.200.000 personas, muchas ya españoles confesos (un tercio) o hijos de inmigrantes de tercera o cuarta generación, y hay un millón de protestantes, además de 35.00 judíos, según los datos que esta mañana facilitó el Ministerio de Justicia citando como fuente la Fundación Pluralismo y Convivencia. Eso quiere decir que decenas de miles de chicos y chicas no reciben clase de su confesión pese a lo que dicen los acuerdos firmados. Los judíos ni siquiera han hecho la petición de profesorado.
Entre las muchas extravagancias que ocurrieron durante la negociación de los acuerdos con las confesiones, sobresalen las que tienen que ver con el analfabetismo nacionalcatólico, después de 500 años de la expulsión de judíos y de la persecución de los moriscos hasta su práctico exterminio. Las más sabrosas, quizás, las contó el representante de la Comunidad Judía, Mauricio Toledado, hijo del negociador entonces de los acuerdos.
“Ustedes, la raza judía’, le dijo a mi padre un abogado del Estado al comienzo de las conversaciones. Mi padre le replicó: ‘Los judíos no somos una raza. Raza son ustedes, los abogados del Estado’. Y se comprometió a vencer a esa raza. Tengo que decir que se ha logrado y que los acuerdos son una bendición”.
Otra vez, cuando se discutía de dinero, otro negociador del Estado afeó a los judíos que hablaran de ese tema. Su tesis era que si la Iglesia católica recibía tanto dinero del Estado, era por culpa de los judíos y por la desamortización de Mendizabal, en el siglo XIX, “que era judío y les quitó todos los bienes”. Más tarde, a la comunidad judía se les intentó negar el carácter de “notorio arraigo”, y por tanto, su derecho a contar con acuerdos de cooperación, con el argumento de que eran muy pocos. Isaac Querub, presidente de las Comunidades Judías de España, que participó también en los debates, sentenció: “España padece un antisemistismo sin judíos, al parecer, y eso que con Franco éramos un peligro y se hablaba entonces de la amenaza del contubernio judeomasónico”.
Los musulmanes también alzaron sus quejas, por boca de los secretarios generales de la Comisión Islámica de España,Riay Tatary y Mounir Benjelloum. Todavía hoy se les mira como si fuesen todos un peligro terrorista. La mezquita de Tetuán, de la que Tatary es imán, cumple ahora 25 años y recibe cada día visitas de colegios, en una prueba de normalidad e integración total. Pese a todo, aún se obliga en alguna comisaría a quitarse el velo a la mujer musulmana para obtener el DNI (pero no a las monjas que visten hábito preconciliar), o se acompaña la tramitación de permisos con la solicitud previa de un informe de la Policía competente.
Un sacerdote oficiando misa / Alberto Morante (EFE)
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