Las organizaciones islámicas en España aprovechan la actual situación tras los atentados de Barcelona para reclamar los privilegios que les otorgan los Acuerdos de 1992, que extendieron, en parte los que ya goza la Iglesia católica, a musulmanes, judíos y evangelistas. Mientras desde el laicismo se propugna una igualdad de trato de toda la ciudananía sin privilegios para NINGUNA confesión religiosa, las confesiones no desaprovechan ocasión para reclamar sus privilegos (educación, fiscales, financieros,…), ahora con la excusa de «afianzar su integración». Tampoco queda claro el número de musulmanes que barajan estas organizaciones, unos dos millones, cuando el CIS cifra en unos 1.250.000 los creyentes de otras religiones distintas a la católica.
La comunidad islámica reclama que el Estado cumpla el Acuerdo de Cooperación de 1992 para afianzar su integración
En España había poco más de 200.000 musulmanes a principios de los años noventa, Ceuta y Melilla incluidas. Desde entonces, los miembros de esta comunidad han multiplicado casi por 10 su población hasta rozar los dos millones de personas, de los que más de 800.000 tienen la nacionalidad española. Condición que cada año adquieren un promedio de 15.000 a 20.000 ciudadanos (187.296 desde 2008). “Que ya la mitad de musulmanes sean españoles entre conversos, descendientes de los primeros inmigrantes procedentes de países principalmente magrebíes, etcétera, permite hablar de una primera generación de musulmanes españoles”, destaca Jordi Moreras, antropólogo y especialista en islam en Europa.
Una generación de cultura española y confesión islámica cuyo grado de integración es el opuesto al de las banlieuesde Francia. “A diferencia de lo que ocurre en otros países de la Unión Europea, aquí no hay guetos”, sentencia Sami El Mushtawi, portavoz del Centro Cultural Islámico de Madrid, el principal del país. “Queda por hacer, pero la integración es de verdad”, coincide Riay Tatary, presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), el órgano representativo de las comunidades religiosas islámicas ante la Administración. “Conviene no idealizar nada, pero es cierto que la convivencia es más normal, aunque la discriminación existe… Pese a que hay una mayor integración en general, sin embargo, no se ve correspondida con la representación en las instituciones”, destaca Bernabé López, catedrático honorario de Historia del Islam Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Madrid.
Los responsables de la comunidad islámica traslucen el asombro que les sigue provocando que detrás de los ataques yihadistas de Barcelona y Cambrils estuviera una cuadrilla de jóvenes, entre ellos menores, captados y adoctrinados por el imán de Ripoll, un pueblecito en el prepirineo catalán. “El problema que puede darse y que habría explotado el imán [Abdelbaki es Satty] es que haya dudas sobre la identidad, que no sea reconocida”, señala Moreras.
“En España tenemos un islam que es muy diverso. Que se perciba nuestra religión como algo monolítico, con predominancia de una influencia de los países árabes, por ejemplo, no se ajusta a la realidad. Los jóvenes musulmanes contemporáneos están lejos de ese cliché”, explica Isabel Romero, presidenta de la Junta Islámica. Esta organización, fundada en 1989, se implicó en la firma hace 25 años del Acuerdo de Cooperación entre el Estado y la CIE. Su articulado de 14 puntos recoge los derechos que la Constitución reconoce a los fieles musulmanes. “Se ha producido un escaso cumplimiento del acuerdo por problemas internos, diferencias de visión y escasa voluntad política”, continúa Romero.
La presidenta de la Junta Islámica, que reúne a muchos conversos, pone como ejemplo que cuesta que se respeten los preceptos halal. El Acuerdo de Cooperación establece que la alimentación de los alumnos musulmanes de los centros públicos y privados concertados que lo soliciten “se procurarán adecuar a los preceptos religiosos islámicos”, así como el horario de comidas durante el Ramadán. “Es una pelea que los niños tengan derecho a una alimentación halal”, lamenta.
“Hay que desarrollar el Acuerdo de Cooperación”, comparte Tatary, que incide en la “necesidad” de atender la educación religiosa de los 290.000 alumnos musulmanes escolarizados en España. En 1996 se aprobó el contenido de las clases de Enseñanza Religiosa Islámica y el convenio para la contratación de los profesores para impartir la asignatura. Solo seis regiones (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Madrid y País Vasco) y las ciudades autónomas de África cumplen unos mínimos legales en la etapa de Educación Primaria.
Cataluña es, con 515.482 musulmanes, la comunidad con la mayor población de este credo. También es la región con más alumnos escolarizados: 82.284 (54.968 inmigrantes y 27.316 españoles). Pese a la potencial demanda, no cuenta con ningún profesor de la religión islámica. Expertos en la lucha antiterrorista recuerdan la implantación del salafismo (corriente con una visión rigorista del islam) en la región, solo comparable a Bélgica. “Estos muchachos han tenido acceso a una sola formación, una sola lectura, un único discurso”, incide Tatary de la exposición de la joven célula terrorista al extremismo del imán Es Satty.
55 PROFESORES PARA 290.000 ALUMNOS
De los 55 profesores reconocidos por la Comisión Islámica de España, 22 enseñan en Andalucía, 14 en Ceuta, 10 en Melilla, tres en Aragón y en Euskadi y el resto, uno por autonomía, en Canarias, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. “Es necesaria una educación supervisada”, apunta Tatary. Los dirigentes de la CIE reclaman al Gobierno el cumplimiento del acuerdos de 1992 una vez superada la bicefalia que desde ese año caracterizó a la organización.
El pulso entre la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) dificultó una estrategia común: las decisiones en la CIE se debían tomar por mayoría absoluta y no solían prosperar. “Parece que el Estado por fin se está dando cuenta de que el cumplimiento del Acuerdo de Cooperación es una garantía para evitar la radicalización”, observa Romero.
