Contra el mito popular, no es cierto que España sea hoy un país mayoritariamente católico. La “reserva espiritual de Occidente” pasó a la historia. En las encuestas aún figura un 70% de españoles que se declara como católico, pero la mayoría –alrededor del 55%– no pisa la Iglesia casi nunca y menos del 20% va a misa de domingo. El censo más exacto, el que mejor muestra el verdadero número de seguidores de la jerarquía católica en España, es el de la casilla del IRPF: solo el 35% de los contribuyentes se declaran católicos en la intimidad de sus impuestos. Son poco más de un tercio, a pesar de que España es un país donde apoyar fiscalmente a la Iglesia sale gratis. Marcar la casilla de la Iglesia no implica pagar más, a diferencia de lo que ocurre en otros países bastante más aconfesionales que el nuestro, como Alemania.
¿Cómo es posible entonces que esa minoría mantenga tantísimos privilegios? El ministro José Ignacio Wert dio ayer la respuesta en una entrevista en El País. “Es una opción política”. Wert hablaba de la asignatura de religión, pero su respuesta vale para explicar muchas más cosas. Es una decisión política que la Iglesia se libre de varios impuestos, que pueda financiarse directamente desde el IRPF, que los obispos tengan capacidad notarial para registrar hasta la Mezquita de Córdoba a su nombre o que el adoctrinamiento religioso tenga espacio en la escuela pública. Es una decisión política eliminar la educación para la ciudadanía, y que los padres tengan que elegir entre educar cristianos o ciudadanos. Es una opción política, no una ley divina, lo que permite que los profesores de religión sean unos extraños empleados públicos que cobran del Estado pero responden ante la jerarquía católica, que es quien tiene todo el poder para despedirlos o contratarlos.
Algunas cuentas. El Opus Dei, el principal centro de poder civil de la Iglesia, cuenta con poco más 90.000 miembros en todo el mundo, según sus propios datos. No se sabe cuántos de ellos son españoles, no lo detallan, pero incluso asumiendo que lo fueran todos, supondrían poco más del 0,1% de la población española. Comparen este exiguo porcentaje con su notable presencia en los núcleos de poder e influencia: en la universidad, los juzgados, los medios de comunicación, las grandes corporaciones o el Gobierno. Seguro que así se explican algunas cosas.
