Todavía hay cosas anacrónicas en nuestro país que resultan intolerables conos la oferta del catecismo católico en todos los niveles de la educación obligatoria o el secuestro por parte de la iglesia católica de una gran parte de nuestro patrimonio histórico mediante el escándalo de las inmatriculaciones.
La conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco nos ha servido para revisar históricamente la Transición y el estado de salud de nuestra democracia. No cabe duda que ese periodo fue uno de los de más movilizaciones sociales y huelgas de nuestra historia contemporánea y sin embargo esa fuerza social que expresaba unas aspiraciones democráticas radicales no conllevó una ruptura política histórica con el franquismo ya que se estableció un sistema político y constitucional con muchos déficits democráticos entre ellos la propia Constitución que no fue producto de ningún proceso constituyente ni de ninguna asamblea constituyente sino más bien de unos pactos de mesa camilla con un fondo de amplias movilizaciones sociales. La propia monarquía borbónica restaurada es un vestigio histórico del franquismo como ha señalado el mismísimo Rey Juan Carlos I en sus memorias.
El nacionalcatolicismo fue la ideología específica del fascismo español y eso dejo huella en la Constitución. En su artículo 16 la Constitución no hace una declaración de aconfesionalidad del Estado ni mucho menos de laicidad. En efecto, el articulo 16.3 reza lo siguiente: ”Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.
Es una redacción extraña y confusa. ¿Qué quiere decir que ninguna confesión tendrá carácter estatal? Pues es simplemente una artimaña lingüística para no declarar el Estado laico o no confesional. Además, se equivoca, porque la Iglesia Católica en nuestro país todavía realiza actos jurídicos que tienen una eficacia directa en el ordenamiento civil como es el caso del matrimonio religioso. Pero es que después se dice que el “Estado tendrá en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española” y ¿las no creencias y los que no son creyentes? En realidad, la sociedad española no tiene creencias ya que las convicciones son de cada persona pero lo que denota esta definición es una voluntad de identificación del Estado con las religiones y la guinda de esta extraña definición Constitucional es que el “Estadomantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” siendo este el punto que en verdad define esta Constitución anti laica : define un modelo de colaboración obligatoria del Estado con la Iglesia católica . Además, la ley orgánica de libertad religiosa no ha hecho más que abundar en ese modelo constitucional anti laico y las sentencias del Tribunal Constitucional, aunque suelen argumentar que el Estado debe mantener una “neutralidad” después se justifica tal o cual privilegio de la Iglesia católica por el principio de la obligatoriedad del Estado de cooperación con la Iglesia.
Además, todo ello se refuerza por los denominados Acuerdos del Estado español con la Santa sede de 1976 y 1979-que renuevan el Concordato franquista del año 53- y que, sucintamente, significan introducir muchos de los privilegios que tenía la iglesia católica en el franquismo en la democracia y que hoy constituye la última barricada jurídica que la Iglesia siempre utiliza para mantener sus privilegios. De tal modo ello es así que el Estado sigue manteniendo el culto católico y sigue pagando al clero diocesano y a los obispos además de financiar sus colegios católicos y dar líneas de subvenciones y de concertación económica de sus residencias de ancianos, sus hospitales, sus centros tutelados de menores, sus comedore sociales y muchas de sus “obras sociales”. Al igual que pasa en la educación la iglesia católica es una potencia también en el negocio de la pobreza. Todavía hay cosas anacrónicas en nuestro país que resultan intolerables conos la oferta del catecismo católico en todos los niveles de la educación obligatoria o el secuestro por parte de la iglesia católica de una gran parte de nuestro patrimonio histórico mediante el escándalo de las inmatriculaciones.
El gran aliado del laicismo en nuestro país es el cambio experimentado en las mentalidades sociales de una gran parte de la sociedad española ya que la tolerancia y el amor por las libertades de las personas se enfrenta a cualquier intromisión de doctrinarismos diversos. Por eso la ley de eutanasia, la ley del aborto o el matrimonio igualitario han tenido tanta aceptación según las encuestas sociológicas. Por ello no es comprensible que el Estado mantenga este régimen de privilegio del catolicismo y pareciera que existiese un divorcio entre la política y la mayoría de la sociedad que debería ser resuelto mediante la exigencia de un laicismo imprescindible de la democracia y ello exige acabar con esos vestigios del nacional catolicismo en la democracia lo que implica reformar la constitución donde se establezca una estricta separación Iglesia- Estado , derogar el concordato con la Santa sede y promover una escuela pública, universal y laica y unos servicios sociales dignos de ese nombre que sean de verdad un ejemplo de solidaridad social y arrinconen a la caridad. El presidente de la conferencia episcopal Luis Arguello ha declarado recientemente que “las leyes de memoria histórica y democrática son, principalmente, un instrumento de polarización ideológica al servicio de los intereses políticos del presente más que cauce para ahondar en la reconciliación que los años de la Transición lograron». Estas declaraciones destilan un odio intolerable y ante estas provocaciones del episcopado no deberíamos olvidar que la Iglesia católica, en el fascismo español, fue el instrumento fundamental de la represión de las mentes y los cuerpos y ,para los que crean en ellas, también de las almas.
