Pablo Casado, con representantes de la concertada el pasado 19. DAVID MUDARRA PP
La derecha española brinda sistemáticamente su apoyo a la escuela concertada, lo que es coherente con sus principios. Pero utiliza para ello una trampa argumental. Considera que a las familias españolas les asiste el derecho a elegir centro en cumplimiento de “la libertad de enseñanza” que recoge la Constitución. Sin embargo, nuestra Ley Fundamental no contempla tal derecho y, además, algunas instituciones internacionales lo rechazan por sus efectos perniciosos en el sistema educativo.
Ha bastado, sin embargo, que la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, advierta públicamente de que, en efecto, la Constitución no consagra el derecho a elegir centro para que la patronal de la enseñanza concertada, los obispos y las derechas hayan empezado a afilar sus cuchillos. El debate no es educativo. Legítimamente, los dos primeros actores velan por sus intereses económicos; y las derechas, por su electorado conservador, siempre más favorable a la iniciativa privada; y fácil ahora de soliviantar frente al posible Gobierno de coalición Sánchez-Iglesias.
Esos tres actores no defienden en puridad la libertad de enseñanza, sino que se mantengan (y se aumenten) las subvenciones públicas a los colegios concertados, que reciben cada año del Estado 6.000 millones de euros. La mayoría son católicos. Por eso los obispos participan en este contencioso reforzando sus reivindicaciones al añadir la obligación constitucional de ofrecer la formación religiosa y moral que las familias consideren apropiada. Y aquí los jerarcas de la Iglesia echan mano de otra trampa argumental, porque ese mandato no necesariamente ha de pasar por estudiar en un colegio religioso. Basta —como ocurre— que haya profesores de religión en los centros.
La batalla acaba de empezar y promete dar mucho juego. El fantasma del miedo a perder ventajas adquiridas ya se ha sacado a pasear, aunque Celaá repita hasta la saciedad que no se va a perjudicar a la concertada. Pero ya da igual y, de paso, los propagandistas católicos, a los que el Partido Popular apoya con entusiasmo, aprovechan para bramar contra “el adoctrinamiento ideológico de género”. No reparan en que la inmersión en un centro religioso propicia la evangelización y, por tanto, el adoctrinamiento.
Este, insisto, no es un debate educativo, sino meramente político y económico. Los centros concertados imponen condiciones. Son ellos los que en la práctica eligen a los alumnos y no al revés (bien lo saben muchas familias necesitadas). La Unión Europea y la ONU no son favorables a un sistema que genera guetos. Los más inadaptados, en España, solo pueden, por lo general, aspirar a la escuela totalmente pública.
El peso de nuestra concertada es muy superior al que supone en Francia, Suecia o Alemania, entre otros. Este sería un debate sobre la enseñanza si se discutiera sobre, por ejemplo, la distinta calidad que ofrecen la pública y la semiprivada, pero no es el asunto que preocupa. Como tampoco parece quitar el sueño a nuestros políticos que el nivel de preparación de los quinceañeros españoles esté por debajo de la media de otros países de la OCDE. Ahora esta organización sospecha que en el examen de comprensión lectora se han producido anomalías, lo que ojalá derive en que se desvelen por lo ocurrido y por la formación de nuestros jóvenes en vez de aprovechar la ocasión para tirarse los trastos —y los votos— a la cabeza.
Gabriela Cañas
