El pacto de Estado por la Educación se desmorona cada día que pasa un poco más. Tras la marcha la semana pasada del PSOE y Unidos Podemos, ERC se ha salido este martes del acuerdo y ha anunciado que no va a participar en ninguna de las reuniones. El PNV también está pensando en irse y tiene previsto anunciar su decisión en los próximos días. A pesar de que no tienen la mayoría suficiente para aprobar medidas, PP y Ciudadanos han dicho que seguirán reuniéndose y que en mayo tendrán listo el preceptivo dictamen con el resumen de todas las cuestiones adoptadas.
El portavoz educativo de ERC en el Congreso, Joan Olòriz, ha anunciado tras la reunión de Mesa y Portavoces de la Comisión de Educación del Congreso que ellos también se van y que no volverán hasta que el resto de grupos «se ponga de acuerdo».
«La no presencia del PSOE, que era uno de los firmantes del pacto, deja invalidada la posibilidad de llegar a acuerdos. O hay un acuerdo o el postureo de salir o de quedarse será ineficaz para unos y otros. Ahora estamos fuera», ha dicho el diputado nacionalista, que llevaba en la solapa un lazo amarillo y una chapa con el retrato del encarcelado Oriol Junqueras.
La situación, ha resumido, es «paradójica», porque en las reuniones del pacto «sólo quedan dos partidos sin mayoría absoluta» y, por tanto, «incluso si hacen un documento no tienen mayoría para aprobarlo, porque ese documento tendría que ir también al Pleno».
Tanto Sandra Moneo, responsable educativa del PP, como Marta Martín, su homóloga en Ciudadanos, han asegurado que seguirán reuniéndose y explorando distintas posibilidades para tratar de que el PSOE y Unidos Podemos regresen a las negociaciones.
Moneo han explicado que han cambiado el sistema de votación de las medidas tal y como pedía Podemos y que su grupo le ha presentado al PSOE «dos ofertas que han sido rechazadas». La primera, una inyección de 5.000 millones de euros «de suelo» hasta 2025, significaba «el 4,7% traducido al PIB actual que tanto le importa al PSOE». La segunda, de 1.500 millones anuales, equivale «al 5% del PIB» reclamado por los socialistas. «Lo único que le hemos pedido es que esa oferta respondiese a las medias del pacto y que las autonomías se comprometan a que al menos un tercio de su financiación se dedique a educación», ha añadido.
Martín, por su parte, ha planteado «una solución de desbloqueo» igualmente rechazada por el PSOE para copiar el modelo de financiación que recogía el fallido pacto educativo del socialista Ángel Gabilondo, en el que se planteaba un PIB -sin explicitar un porcentaje concreto- «hasta alcanzar la media de los países de la UE» y la redacción de una memoria económica con todas las medidas.
La portavoz de Educación del PSOE, Mari Luz Martínez Seijo, ha justificado el rechazo a esta nueva propuesta porque «la situación política, educativa y de financiación ha sido modificada radicalmente» desde 2010, cuando Gabilondo fraguó su acuerdo, y «no se daban las mismas circunstancias que se están viviendo ahora». «Entonces había una ley educativa que había tenido un amplio apoyo y existía la mayor inversión educativa de la Historia de España«. También ha ironizado sobre la circunstancia de que sea Ciudadanos «el que quiera ejercer el liderazgo» y plantee medidas «de desbloqueo»: «Yo, si fuera el Gobierno, empezaría a preocuparme».
A pesar de la negativa, el PP y Ciudadanos han convocado una reunión de la Subcomisión negociadora para el próximo martes, en la que el PNV podría anunciar también su marcha y en la que el PDeCAT participa pero de una forma muy limitada. Sin embargo, los miembros de los dos partidos han dicho que seguirán trabajando y que van a redactar un dictamen que han prometido tener listo antes del 14 de mayo, cuando oficialmente finalizan los trabajos. Este dictamen tendría que enviarse al Gobierno para que redactara una nueva ley, pero no está claro que vaya a pasar el filtro del Pleno.
Mientras tanto, el PSOE y Unidos Podemos han eludido formalizar por escrito su salida del pacto, lo que deja abierta una puerta al acuerdo, e insisten en su estrategia para «desmontar» la Lomce «artículo por artículo» mediante iniciativas parlamentarias.
