El hecho de que por vez primera el Estado de la Ciudad del Vaticano haya tenido que dar cuenta ante una comisión internacional sobre su actuación ante los miles de casos de pederastia protagonizados por sus miembros en todo el mundo es una noticia que, más allá de sus nulas consecuencias judiciales, debe alegrar tanto a aquellos que creen en la justicia de los Estados democráticos de Derecho, como a aquellos que promueven las garantías jurídicas de la víctimas en el marco del Derecho Internacional.
Las conclusiones del Comité de la ONU sobre Derechos del Niño, presentadas en su sede de Ginebra (Suiza) el pasado 5 de febrero, evaluaban a diversos países –Rusia, Portugal, Alemania, República del Congo, Yemen–, además de a la Santa Sede. Reducido a su mínima expresión, el documento de dieciséis páginas presentado por el Comité recomendaba a la Iglesia Católica adoptar medidas enérgicas para poner fin a los abusos sexuales de menores por miembros del clero y hacer cumplir la Convención de los Derechos del Niño por todas las personas e instituciones bajo su jurisdicción en todo el mundo. Según informan las agencias y medios de comunicación asistentes al acto, la presidenta de ese Comité, la noruega Kristen Sandberg, expresó varias preocupaciones con respecto a la Santa Sede, entre ellas el abuso sexual de más de 10.000 niños en todo el mundo. “El Estado de la Ciudad del Vaticano sistemáticamente ha puesto la preservación de la reputación de la Iglesia y la protección de los autores de los abusos por encima del mejor interés de los menores. La Iglesia ha impuesto un código de silencio a los niños y la presentación de informes a las autoridades policiales y judiciales nacionales nunca ha sido obligatoria”, dijo la presidenta del Comité. Añadió que “esas prácticas han contribuido a la permanencia de abusos y a la impunidad de los perpetradores”. Entre sus sugerencias ante estos crímenes, el Comité recomendó al Vaticano:
a) Retirar “inmediatamente” a todos los miembros del clero de los que se sabe o se tiene sospecha de que han cometido abusos sexuales contra menores y entregarlos a las autoridades civiles (policiales y judiciales).
b) Investigar todos los casos de abuso sexual infantil así como la conducta de la jerarquía católica a través de la Comisión creada ya por el Papa en diciembre de 2013.
c) Hacer públicos sus archivos sobre casos de abuso sexual.
Además, el informe señalaba que "el Comité está profundamente preocupado porque la Santa Sede no ha reconocido la gravedad de los crímenes cometidos, no ha tomado las medidas necesarias para hacer frente a los casos de abuso sexual infantil y para proteger a los niños y ha adoptado las políticas y prácticas que han dado lugar a la continuación del abuso por parte y por la impunidad de los perpetradores" y denunciaba que la Iglesia Católica todavía no ha tomado las medidas para evitar que se repitan casos como los de Irlanda, en los que en unas lavanderías de las Hermanas Magdalenas se sometió a niñas a condiciones de trabajo forzoso. Para estas víctimas, en concreto, pide que sean indemnizadas.
Como apuntábamos al principio, éste Comité no es ni el Tribunal Penal Internacional ni la Fiscalía de cualquier Estado donde se han producido estos crímenes, pero es buena noticia para las víctimas que organismos internacionales rompan el silencio y el miedo a clamar en voz alta que la lógica interna de una organización como la Iglesia católica no puede estar por encima ni de los pocos tratados internacionales que firma y ratifica, ni de la igualdad jurídica, ni de la justicia que exigen las víctimas, por mucho que su reino no sea de este mundo.
Por supuesto, rauda y veloz, como si de una inmatriculación nueva se tratara, la Iglesia católica ha respondido al Informe en su habitual tono, desacreditando al organismo que ha trabajado en su elaboración, pidiendo paciencia (¿a quién: a las víctimas?, ¿a los tribunales de justicia?), señalando que “las Iglesias locales han elaborado directrices para prevenir los abusos sexuales y protocolos de actuación ante estos casos” y lamentando que algunas observaciones del Informe supongan “un intento de interferencia sobre las enseñanzas de la Iglesia Católica acerca de la dignidad del ser humano y el ejercicio de la libertad religiosa”, según ha manifestadomonseñor Silvano Tomasi, observador permanente de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra. Qué bien conoce los resortes del victimismo la Iglesia católica y qué bien sabe rentabilizar la maraña jurídica urdida en el Concilio Vaticano II para legitimar su lucha ideológica a la hora de coaccionar y someter poderes y sociedades cada vez más autónomos en sus convicciones.
Desde España, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Enrique Gil Tamayo en entrevista concedida a EFEadvierte de la aparición de una "inquisición laica" con unos dogmas "ideológicos" establecidos al amparo de Naciones Unidas como "universales para todo el mundo". Pero, ¿de qué cree este señor que habla el Informe de la ONU? Habla de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes que contaban con toda la confianza de las niñas y de los niños sometidos. Habla del encubrimiento por parte de la Iglesia católica hacia estos crímenes. ¿Piensa Gil Tamayo que la iniciativa de Joseph Ratzinger de tolerancia cero con la pederastia supone una especie de ley de “amnistía” o un “borrón y cuenta nueva”, con independencia de la demostración de su eficacia? O la Iglesia católica entrega a la Policía y a la Justicia a los pederastas, sin coacción alguna a las víctimas, o seguirá siendo cómplice de estos repugnantes delitos. La lógica de su organización no puede situarse más allá del Derecho Penal y Civil. ¿O acaso la jerarquía eclesiástica no teme a su propio Dios? ¿O tiene dudas sobre cuál será el veredicto de la divinidad en el Juicio Final? La ternura y la inocencia infantil humillada y violada son lo innegociable, no los dogmas y los intereses de una asociación de fieles. Su legitimidad y el prestigio atribuido por todas aquellas personas de buena fe que se acercan a ella no debieran ponerse en peligro para salvar a unos pocos bastardos seguros de haber encontrado la comprensión y el perdón divinos.
Nadie tiene ninguna duda si alguien pregunta por la acción cívica cuando se trata de perseguir judicialmente casos de pederastia: la respuesta del Derecho es firme y clara, tanto con los pederastas, como con las víctimas y sus familias, a nivel civil y penal. Por desgracia, la cuestión que continúa generando execrables dudas, incluso hasta en la ONU, es: ¿en qué piensa Dios cuando habla de pederastia?
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