Por eso, los poderes y las instituciones públicas deberían garantizar una educación laica que respete la libertad de conciencia, eduque sin dogmas y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar, y de la formación universitaria.
La Universidad de León imparte entre sus asignaturas científicas, y con clara orientación profesional de relación universidad-empresa, la “Religión Católica”. Este año, la Facultad de Educación la ha convertido, por la vía de los hechos, en asignatura obligatoria para su alumnado.
Vaya por delante que soy católico. No solo de declaración, sino de práctica y vida, conforme a los valores católicos y cristianos. O, al menos, lo intento.
Vaya por delante que cursé Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y con los dominicos de San Esteban, que fueron quienes más me enseñaron coherencia y sentido común, y con quien sigo manteniendo estrechos vínculos.
Vaya por delante que soy profesor de la Universidad de León y que llevo en ella muchos años ejerciendo en la Facultad de Educación.
Y, por último, vaya por delante, que soy amigo personal y profesional de quienes fueron hasta hace poco profesores de Religión Católica de la Universidad de León, Maxi y Gaudencio, que ejercieron durante muchos años su docencia en la ULE y con quienes he compartido luchas, movilizaciones y compromisos. Aunque a día de ayer aún no había profesor de religión que impartiera la susodicha “doctrina científica” en la Universidad.
Por eso, creo que estoy legitimado suficientemente para poder afirmar racional y argumentadamente que la religión, cualquier religión, tiene que estar fuera de la Universidad. No sólo por mandato constitucional, por separación de iglesia-estado, porque la ciencia es un ámbito y las creencias otro muy diferente, sino porque la iglesia católica y la comunidad cristiana ganaríamos mucho si fuera así.
Mantener estructuras que fuerzan a que los jóvenes se vean obligados a recibir formación sobre creencias religiosas en ámbitos universitarios, o en ámbitos escolares formales, acaba no sólo generando rechazo y animadversión hacia unas prácticas que les han sido impuestas sino que convierte una forma de vida, basada en valores que buena parte de la sociedad compartiría, en una imposición que contradice algo esencial de la religión católica, que es la elección libre y personal. La experiencia nos demuestra que las clases de religión no generan “creyentes” sino que, en buena parte de las ocasiones, producen el efecto contrario. Las estadísticas lo confirman. Por lo que esta postura sólo la mantiene una parte de la jerarquía católica que la sigue considerando una fuente de influencia, poder y presencia social, a todas luces equivocada.
No se puede utilizar lo público para una imposición doctrinal
Por eso, buena parte de la comunidad cristiana reivindicamos que nuestra fe y nuestra forma de vida no se imponga utilizando los espacios públicos de la formación reglada, sino que se practique en el seno de nuestras comunidades y parroquias y que, en coherencia, se refleje de forma efectiva en la vida social a través de nuestro ejemplo y de nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más justa y mejor. Ese es el camino, nuestro ejemplo de vida, no utilizar lo público para financiar una imposición doctrinal que va en contra de los propios principios del evangelio que “predicamos”.
Por eso, los poderes y las instituciones públicas deberían garantizar una educación laica que respete la libertad de conciencia, eduque sin dogmas y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar, y de la formación universitaria. Ello supone, por supuesto, la derogación de unos acuerdos preconstitucionales con el Vaticano y con otras confesiones religiosas, para que cualquier religión quede fuera del currículo escolar y de la formación universitaria. Así como que de forma inmediata la enseñanza de la religión salga de cualquier horario docente; y desaparezcan los actos y la simbología religiosa de los centros formativos y los espacios públicos universitarios; incluso la eliminación de todo procedimiento administrativo que obligue a manifestar las creencias o no creencias, en cumplimiento del artículo 16 de la Constitución.
Por eso comparto la indignación de alumnado de la Facultad de Educación de la Universidad de León, a quienes les han estado llamando por teléfono personalmente para que anularan su matrícula en determinadas asignaturas y se matricularan en Religión Católica. Porque, en la Universidad pública de León, la formación religiosa sigue aún presente como asignatura en la Facultad de Educación, a pesar de que con los nuevos grados se reivindicó insistentemente que se sustituyera por Educación para la prevención de la violencia de género, como establecía la normativa estatal y la de Castilla y León.
Muy al contrario, la Universidad de León parece haber apostado por aumentar el número de matriculados en la asignatura de Religión Católica en las carreras de Educación, a expensas de otras asignaturas.
Una imposición que es un chantaje para los alumnos
A esta protesta del alumnado, que se ve obligado contra su voluntad a matricularse en esa “asignatura católica”, nos hemos unido profesores de la Facultad cuando nos ha informado el propio alumnado.
El alumnado, el profesorado y los investigadores de la ULE nos preguntamos cómo puede ser que la doctrina católica siga siendo un “conocimiento científico” que se imparta en el ámbito científico de la Universidad en pleno siglo XXI. Como si tener fe en Dios o saberse los diez mandamientos fuera una competencia necesaria en la investigación o en la futura profesión.
El problema es que el alumnado lo sufre además como un chantaje, puesto que se les llama por teléfono y se les dice que tienen que ir ese mismo día por la mañana para desmatricularse de Educación Intercultural, Personalidad y Evaluación Infantil, o de otras asignaturas, y matricularse en Religión Católica. Que “no tienen otra opción” porque es la única que va a impartirse y las clases empiezan al día siguiente.
Como hay asignaturas optativas a las que faltan uno o dos alumnos para completar el mínimo de 10 matriculados para que se cursen, desde el Decanato lo que hacen, en lugar de llamar a los que se han matriculado en religión para que se matriculen en alguna de esas asignaturas, es llamar a los que se matricularon en educación intercultural, o personalidad y evaluación, para que se matriculen en religión católica. De esta forma convierten una asignatura sobre catolicismo optativa en asignatura “obligatoria” para todo el alumnado.
El alumnado se encuentra entre la espada y la pared, puesto que la tienen que “elegir obligatoriamente”, aunque no quieran, como es el caso. Pues en caso contrario pierden los créditos y el dinero de la matrícula. Cuando los estudiantes reivindican “poder hacer algo” ante “esta injusticia”, la única respuesta que obtienen del Decanato, es que así están las cosas y así se ha decidido.
¿Es esta la formación básica que queremos para los futuros profesionales de la educación del siglo XXI? ¿Son las “competencias de fe católicas” imprescindibles para el trabajo de los futuros educadores y educadoras en la sociedad del siglo XXI?
Enrique Javier Díez Gutiérrez || Profesor de la Facultad de Educación. Universidad de León
