El 11 de marzo de 2014 asumía por segunda vez Michelle Bachelet como Presidenta de la República de Chile. Al día siguiente, 12 de marzo, el diario El Mercurio publicaba una carta enviada por el suscrito al director del periódico, que se tituló “En nombre de Dios y la Patria” que transcribo íntegramente por su brevedad:
“Señor Director: En la ceremonia de transmisión de mando la presidenta del Senado, Isabel Allende, ha abierto la sesión “en nombre de Dios y la Patria”. El programa oficial de gobierno de la Presidenta Bachelet señala que deberán suprimirse de la ley y de las reglamentaciones relativas a poderes del Estado toda referencia a juramentos, libros o símbolos de índole religiosa. Si se cumple el programa, por tanto, esta habrá sido la última ceremonia de cambio presidencial en que habremos escuchado esta fórmula”.
El comentario estaba escrito sin carga ideológica, tal que nadie (incluido El Mercurio) podía identificar si el que escribía estaba a favor o en contra de la propuesta programática de la Nueva Mayoría, pues mi única intención era dejar constancia pública del compromiso laicista que asumía el nuevo gobierno.
La propuesta programática de la Nueva Mayoría era impecablemente laicista, y apuntaba a un aspecto que distingue nítidamente al laicismo de las propuestas de una corriente “tolerante” que a veces suele pasar por laicista. Esta última, efectivamente, aunque llega a proclamar la separación de las Iglesias del Estado, es laxa en este punto.
Tal es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos de América, el cual se proclama secularizado, pero donde la invocación a Dios es de rigor en las circunstancias oficiales, donde los magistrados juran sobre la Biblia y donde, verbigracia, el nombre de Dios está estampado en el billete dólar (In God we trust). El laicismo, en cambio, plantea la exclusión de todo discurso y de todo acto religioso, tal que el nombre de Dios no debe ser jamás evocado o pronunciado en el dominio de la autoridad pública.
El 11 de octubre recién pasado, la diputada Camila Vallejo ha liderado una iniciativa para eliminar la frase “En el nombre de Dios” con que se abre cada sesión de la Cámara de Diputados señalando en el informe del proyecto que es necesario dar el debate sobre la laicidad del Estado para asegurar la libertad de conciencia en todos los ámbitos donde esté la acción estatal. Como se entenderá, esta propuesta no es más que poner a la orden del día un compromiso contenido en el programa oficial del actual gobierno de la Presidenta Bachelet, que no ha sido concretado por la autoridad ejecutiva del país.
Resulta comprensible que esta propuesta suscite el rechazo de la Iglesia y de los representantes políticos adversos al Gobierno (el diputado UDI Felipe Ward dijo que este proyecto era sencillamente una “tontera”). Lo que no era de esperar fue, por una parte, que el Gobierno después de un mes, continúe guardando silencio respecto de la iniciativa de la parlamentaria y, por otra, que la propuesta provocara el rechazo de parlamentarios de otros partidos de la Nueva Mayoría, coalición gobernante.
El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, partido de gobierno, afirmó que es poco importante y algo distractivo ponerse a discutir ahora sobre ese tema, cuando hay otros hechos más relevantes que resolver en la Cámara Baja.
El presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, miembro del Partido Socialista señaló: “Nosotros tenemos que ser respetuosos de lo que son los puntos de vista mayoritarios que existen en la sociedad chilena… Este es un debate perfectamente razonable pero es innecesario”.
Por último, uno de los próceres históricos de la Democracia Cristiana, el senador Andrés Zaldívar, proclamó: “Le diría a Vallejo que nos preocupemos de las cosas que interesan a la gente, que no es ese tema. No sé si quisieron molestar, o si no tiene otra materia de qué preocuparse”.
No bastando lo anterior, calificó de “intolerante” a la parlamentaria agregando que “este tema, puesto en la boca de un representante del PC nos hace recordar que en todas partes donde muchos años atrás trataron de impedir por ley la religión, y ya sabemos los resultados. Estas posturas son añejas”.
Las expresiones anteriores son manifestación de una postura anti-laicista de representantes políticos de partidos de gobierno que no tuvieron objeción a que el programa de la candidata Michelle Bachelet contemplara la eliminación de símbolos religiosos en la esfera pública, lo cual era útil probablemente para captar ciudadanos laicistas en la votación presidencial, pero tras lo cual no tenían la menor intención de ponerla en práctica.
