El anuncio de la Junta de hacer una distribución «igualitaria» entre la escuela pública y concertada del dinero para afrontar los gastos originados por la pandemia contrasta abiertamente con lo pactado entre PSOE y Unidas Podemos a nivel nacional.
El Gobierno de Castilla-La Mancha que preside Emiliano García-Page «no distingue entre enseñanza pública y concertada, tiene la misma relevancia» a la hora de afrontar la distribución de los fondos que le corresponde del Estado para hacer frente a los gastos originados por la COVID-19, por lo que realizará un reparto «igualitario».
Así lo ha asegurado este viernes la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, quien a preguntas de los periodistas al asistir a la reunión del Patronato de la Real Fundación de Toledo, ha atajado la polémica defendiendo esa equiparación entre la pública y la concertada en el reparto de fondos.
Una posición que contrasta con la mantenida por el Ejecutivo central de coalición que encabeza Pedro Sánchez, después de que haya trascendido que el borrador pactado por PSOE y Unidas Podemos para la Reconstrucción Social y Económica plantea que los 2.000 millones a repartir entre las comunidades autónomas para afrontar los gastos derivados por la crisis del coronavirus, vayan destinados en su totalidad a la educación pública de gestión directa, excluyendo así a la concertada.
Posiciones que dejaban claras en el grupo de trabajo de Políticas Sociales dentro de la comisión de Reconstrucción las representantes del Partido Socialista y Unidas Podemos, María Luisa Carcedo y Marisa Saavedra, respectivamente, quienes argumentaron que esta limitación del dinero para la escuela pública responde a la necesidad de «fortalecer lo público, cuyos recursos y servicios sirven de protección a toda la población» y distinguieron entre «la responsabilidad de las administraciones públicas y la situación de los alumnos particulares».
Algo que contrasta con lo que se ha defendido desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en anteriores ocasiones, y que ahora a raíz de esta polémica sigue manteniendo en cuanto a la equiparación de la enseñanza pública y la concertada.
Rodríguez ha precisado que «no hay» un porcentaje concreto de fondos para su departamento, sino «el necesario» para poder atender a aquellos alumnos que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad, así como para cubrir las necesidades educativas que se puedan derivar de la pandemia.
En esta línea la titular de Educación ha subrayado que para el Gobierno de Castilla-La Mancha «tiene la misma relevancia» la enseñanza pública y la concertada. Y es que, ha insistido, «allá donde haya un alumno que pueda necesitar de la atención de la Junta para cubrir esas necesidades, ahí estará, como hemos hecho durante toda la pandemia».
Así, igual que también se ha atendido la brecha digital en los centros concertados durante el estado de alarma, se ha anunciado ya por parte del presidente regional, Emiliano García-Page, que tanto los centros públicos como los centros concertados castellanomanchegos recibirán de cara al inicio del curso los kits de mascarillas reutilizables que ya ha encargado el Ejecutivo autonómico. Kits destinados tanto al alumnado como a maestros y profesores, así como el resto de personal de los centros no universitarios y universitarios, tal y como avanzó García-Page.
Una decisión, ha subrayado Rodríguez, que se toma porque «nosotros lo hacemos en una defensa igualitaria» y uno en función de que «un alumno esté en un centro u otro».
En este sentido ha recordado que la elección de centro «es una decisión de las familias» y por ello desde el Gobierno regional se tienen que atender «las necesidades educativas de cualquier alumno» y, especialmente las de aquellos «más vulnerables» que serán «para los que irán específicamente destinados estos fondos».
