La comunidad educativa de Castellón pide «un pacto educativo que dé estabilidad» a la futura ley que propone ahora el Gobierno de Pedro Sánchez tras la derogación de la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) anunciada por la ministra, Isabel Celaá, que prepara el anteproyecto para una normativa estatal. Desde la educación pública, AMPA, sindicatos y profesores coinciden en que se les deje «participar más» en el documento, que «debe ser pactado, e ir más allá del Gobierno de un partido o de otro».
Después de «cinco años de pedir en las calles y en los despachos» la revocación de la llamada ley Wert, del 2013, «nefasta para la educación pública», según la califica la presidenta de FAPA Castelló, Silvia Centelles, los colectivos de padres, profesores y directores son «optimistas con el cambio», tras «cinco años de clamor social». Centelles reclama que «se devuelva la potestad en los consejos escolares» y que «se deje participar más a las familias en la toma de decisiones, en la nueva ley y en normativas futuras».
Como los directores, confía en que «de una vez por todas, la escuela sea laica, sin Religión obligatoria», y que se elimine la demanda social para la oferta de centros concertados. «La apuesta por la pública es importante», señalan desde la Asociación de Directores de Primaria de Castellón. Marc Candela, portavoz de Stepv, sindicato mayoritario, reclamó «negociación y un acuerdo social previo y real» para la nueva ley.
LA COMUNITAT, AVANZADA
Marzà, mientras se está «estudiando con detenimiento el borrador» del anteproyecto de ley, señaló ayer lunes que «la futura norma está en sintonía con las políticas educativas que ya se están impulsando esta legislatura en la Comunitat». Entre ellas, el plurilingüismo o la elección de lengua vehicular, o bien la bajada de ratios, son medidas estrella del Consell.
