“La falta de varón no es un problema médico”. Esta frase, pronunciada por la ministra de Sanidad, Ana Mato, explica la doctrina que ha movido al Gobierno del PP a discriminar a mujeres solas y lesbianas de la reproducción asistida pública. El veto puede excluir en Andalucía a 3.000 mujeres al año de los tratamientos de fertilidad, según las estimaciones realizadas por el portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso y diputado por Granada, José Martínez Olmos.
En principio, la Junta de Andalucía ha asegurado que mantendrá las prestaciones para todas las mujeres, pero la Ley de Estabilidad de las Administraciones Públicas le impide ofrecer un servicio retirado de la cartera básica si no cumple con el objetivo de estabilidad, una condición imposible para las comunidades en estas circunstancias económicas. La nueva norma que regula el acceso a la reproducción asistida también permite que las comunidades que quieran ofrecer esta prestación a solteras o lesbianas puedan seguir haciéndolo, pero igualmente siempre que cuenten con presupuesto suficiente para ello.
Los nuevos criterios establecidos por Sanidad, a finales de julio, limitan el acceso a los tratamientos de reproducción asistida en la red pública a las personas estériles, una referencia que excluye en la práctica a madres solteras y parejas de lesbianas. Este veto ha sido duramente criticado por organizaciones ciudadanas, consumidores y profesionales, que consideran la medida homófoba y machista.
“Mato excluye de la reproducción asistida a mujeres y parejas que no son como Dios manda”, afirma el portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso. “La medida encarna una ideología pseudo-religiosa y sectaria”, dice Martínez Olmos. Y subraya que “para el Gobierno y para la ministra de Sanidad hay mujeres de primera, que son aquellas que conforman la familia tradicional y que tienen marido, y otras mujeres que son de segunda porque no forman parte del modelo de familia tradicional”, señala.
La exclusión de lesbianas y mujeres solas de las técnicas de reproducción asistida afectaría al año a unas 3.000 andaluzas que viven solas y demandan estos servicios. Según datos facilitados por Martínez Olmos, una de cada siete mujeres en edad fértil tiene dificultades cuando intenta quedarse embarazada. En Andalucía, unas 200.000 mujeres podrían tener problemas de fertilidad, pero sólo 35.000 se someten a tratamientos de reproducción asistida. El 40% acude a la sanidad pública y el 60%, a centros privados, donde el coste del tratamiento va de los 4.000 a los 8.000 euros.
El veto a mujeres solas y parejas de lesbianas de los tratamientos de fertilidad va a disparar el precio de los servicios en las clínicas privadas, asegura el portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso. “La medida del PP no sólo es discriminatoria, sectaria e ideológica, sino que promueve un espacio de negocio para la sanidad privada”, explica. De hecho, las clínicas privadas ya tienen ese negocio. Hoy, técnicas como la fecundación in vitro pueden alcanzar un coste que oscila entre los 4.000 y los 6.000 euros en los centros privados, cuando el coste real en los hospitales públicos no llega a los 2.500.
“El Gobierno promueve una sociedad dual, con una sanidad con una sanidad para quienes tienen recursos y otra para quienes no los tienen”, explica el diputado socialista al destacar que el veto a solteras y lesbianas no rige en la sanidad privada y, por lo tanto, no va a afectar a las mujeres con recursos económicos.
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