Es un mal año para las finanzas del Vaticano. Pero, ante la hecatombe económica, el Estado teocrático más pequeño del mundo no ha dado de momento señales de desesperación. Si por una parte se han anunciado ajustes y austeridad, por la otra el momento coincide con una serie de medidas que apuntan a centralizar las competencias de los órganos vaticanos y una cascada de nuevos nombramientos de superexpertos en finanzas. Y varios son españoles.
Ahí está la reciente designación del mánager español Maximino Caballero Ledo (Mérida, 1959) como segundo de la Secretaría de Economía del Vaticano, que desde hace nueve meses dirige el también español y jesuita Juan Antonio Guerrero Alves. El de Caballero Ledo es un nombramiento significativo, sobre todo por un currículo ajeno al oficio religioso. De hecho, tras licenciarse en Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid y realizar un MBA en la IESE Business School, se ha ocupado más bien de finanzas internacionales. Su último trabajo fue en varios puestos de relevancia en la multinacional farmacéutica Baxter Healthcare Inc durante una década.
“Se trata de un perfil como el del italiano Fabio Gasperini (otro laico, exasesor de la consultora Ernst Young, también recientemente nombrado secretario de Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, el ASPA), que nos sugiere que han buscado profesionales capaces de generar nuevos beneficios”, dice Andrea Gagliarducci, vaticanista de la Catholic News Agency. “Sus sueldos serán más altos que los que normalmente se pagan a los funcionarios que proceden del clero”, afirma este analista.
Con todo, aun sin llegar a suponer el mismo esfuerzo para las cajas vaticanas, también está el caso de los siete nuevos expertos laicos (de los cuales, seis son mujeres) elegidos como integrantes del Consejo para la Economía vaticana, otro de los principales órganos económicos de la Santa Sede. Esta es, de hecho, una institución creada en 2014 por el papa Francisco que ahora contará con el asesoramiento de profesionales que han estudiado en universidades renombradas y ocuparon altos cargos en empresas de la talla de Telefónica, HSBC o Bankia.
Algunos ejemplos: Charlotte Kreuter-Kirchhof, profesora de Derecho Público de la Universidad Heinrich-Heine de Düsseldorf y directiva de un movimiento de mujeres alemanas que ayudan a estudiantes en dificultades; Marija Kolak, exejecutiva del banco Berliner Volksbank y hoy presidenta de una de las mayores asociaciones de bancos de Alemania, la Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, y la española María Concepción Osacar Garaicoechea, licenciada en Derecho en la Autónoma de Madrid y fundadora de la gestora inmobiliaria Azora. Y también Eva Castillo Sanz, miembro del consejo de administración de Bankia y de la empresa Zardoya Otis.
Código antidespilfarros
Estos fichajes de última hora, que llegan tras cuatro años de tiras y aflojas, se han aprobado al mismo tiempo que el nuevo ‘código de contratos’, una ley anunciada el 1 de junio. Según esta ley, de uso obligatorio para todos los entes económicos vaticanos, se deben evitar derroches, poner fin al nepotismo y al amiguismo y centralizar las competencias para un mayor control a la hora de asignar las licitaciones vaticanas.
La nueva legislación, que incluye 86 artículos, excluye de posibles adjudicadores a todo aquel que esté bajo investigación o tenga condenas en primer grado por “participación en organización criminal, corrupción, fraude, delitos terroristas, reciclaje de fondos provenientes de actividades ilícitas”, así como los evasores fiscales y aquellos con residencia en “regímenes fiscales privilegiados”.
Además, también se estableció la creación de comisiones de funcionarios vaticanos, que se turnarán para vigilar y evaluar los sujetos que presentan sus ofertas para las licitaciones. Ningún miembro de estos comités podrá ser familiar “hasta el cuarto grado” de los posibles adjudicatarios, así como también serán excluidos quienes hayan sido cercanos “hasta el segundo grado” de sujetos que hayan presentado la oferta, o hayan sido socios en los cinco años anteriores.
Por otro lado —y esto podría ser una clave de la reforma económica que, desde que es Papa, Francisco quiere llevar a cabo—, también se procederá a una centralización de las competencias, con dos entes que de ahora en adelante actuarán como los principales protagonistas. Por una parte, el ASPA, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, que aglutina los ministerios de la curia romana y las instituciones de la Santa Sede, y por otra, el llamado Governatorato, que es el organismo que se encarga directamente de la gestión administrativa de la Ciudad del Vaticano.
Batacazo millonario
La extrema situación lo requiere. Tanto que, si bien el Vaticano no publica su balance anual desde 2015, el propio prefecto de Economía, el español Guerrero Alves, reveló en mayo que el pequeño Estado se encuentra en aprietos. En una entrevista en Vatican News, explicó que la previsión más optimista asegura que los ingresos vaticanos se reducirán un 25% este 2020. Según la más pesimista, un 45%.
“Las cuentas nos dicen que, entre 2016 y 2020, tanto los ingresos como los gastos han sido constantes. Los ingresos fueron alrededor de 270 millones [de euros]. El gasto promedio fue de unos 320 millones”, confesó Guerrero, reconociendo así que la estimación de déficit para el año corriente equivalía, ya antes de la crisis sanitaria, al menos a unos 50 millones de euros.
Pero esto no se debe a “una mala gestión”, defendió el jesuita, sino a que el dinero ha sido usado para “la misión de la Santa Sede”, por ejemplo, transmitir el mensaje del Papa en 36 idiomas, pagar las embajadas vaticanas, financiar las iglesias orientales, que “a menudo son perseguidas”, y pagar los impuestos a Italia (17 millones).
No obstante, según el vaticanista Iacopo Scaramuzzi, la situación real podría ser incluso peor. De acuerdo con testigos y documentos internos consultados por él, en la última reunión interministerial vaticana del 4 de mayo —la próxima se espera para después del verano— han sido presentados tres escenarios, basados en las medidas ya adoptadas y en la evolución de la pandemia. “Se va desde una previsión de incremento del déficit del 28% pasando por un escenario intermedio (déficit del 83%) a uno pesimista (déficit del 175%)”, ha escrito Scaramuzzi en las páginas del diario italiano ‘La Stampa’. “La previsión más realista se conocerá después del verano, cuando se obtengan datos más precisos sobre los ingresos obtenidos por el Vaticano tras la desescalada”.
Caja rota
El problema es que “el covid-19 ha supuesto un parón en las actividades y visitas de turistas a los Museos Vaticanos, que son la verdadera gallina de oro de la institución. Ahora, en Roma casi no hay turistas extranjeros”, explica Scaramuzzi. El periodista y escritor Gianluigi Nuzzi coincide en el diagnóstico. “En tiempos normales, estos museos, que son los más visitados después del Louvre, reciben 27.000 turistas diarios y dan una ganancia de entre 30 y 40 millones de euros. Pero los datos de junio y julio son terribles. Se habla de entre 2.000 y 3.000 visitantes diarios”, asevera Nuzzi.
“El Vaticano también está perdiendo dinero por la suspensión y reducción de los pagos de los alquileres de las decenas de edificios de su propiedad, unas concesiones que la institución aprobó para paliar los daños sufridos por sus inquilinos a causa del covid-19”, añade Gagliarducci. “La cuestión es que esta crisis se suma a la estructural del Vaticano, que se debe a sus altos gastos, el 45% de los cuales tiene que ver con los sueldos de sus funcionarios”, puntualiza Nuzzi, autor de un libro publicado en octubre pasado, ‘Giudizio Universale’, en que ya anunciaba que el Vaticano se encontraría al borde de la insolvencia.
En este panorama, ya en la primera etapa de la pandemia se decidió optar por la austeridad. Se confirmó la suspensión de las nuevas contrataciones de personal y los ascensos, así como se redujeron todos los gastos relativos a las conferencias y todos los viajes de miembros de la curia. Medidas que, sin embargo, son consideradas insuficientes por observadores como Nuzzi. “Hablo todos los días con mis fuentes en El Vaticano y están preocupados”, insiste el analista. Aun así, tanto Scaramuzzi como Gagliarducci consideran que, posiblemente, ni los propios técnicos del Vaticano todavía tengan suficientes datos para poder calibrar precisamente cuál ha sido la magnitud del golpe sufrido, algo que también se debe a que aún no se conoce la cifra exacta de las últimas donaciones recibidas.
“Personalmente, no creo que estén en riesgo los salarios de los empleados”, dice Gagliarducci. “Para empezar, el dinero del Óbolo de San Pedro [las donaciones de los fieles al Papa] aún no ha sido recolectado. Se hará el 4 de octubre. Y además hay que recordar que el balance del Vaticano, en realidad, es ridículo, equivale al de una universidad promedio de Estados Unidos, como ha subrayado el mismo Vaticano. Muy manejable”, añade, y subraya nuevamente que “también el hecho de que hayan contratado a nuevos directivos, algo caro, parece indicar que las cosas no van tan, tan mal”.
En todo caso, mucho dependerá de lo que pase en los próximos meses. La hipótesis menos probable es que el Vaticano opte por pedir préstamos al IOR, el banco vaticano, como están haciendo algunos Estados europeos, mientras que posiblemente se optará por mejorar la formación del personal vaticano (5.000 empleados) y fomentar los traslados de los trabajadores entre distintas oficinas, para evitar medidas más dolorosas, como las jubilaciones tempranas y los despidos.
