El convenio establece la derogación de los beneficios fiscales por el IVA
El Vaticano ratificó ayer, mediante el intercambio de notas entre la Nunciatura Apostólica en España y el Ministerio de Asuntos Exteriores, el acuerdo de financiación entre la Santa Sede y el Gobierno español que establece la derogación de los beneficios fiscales por impuesto del valor añadido (IVA). Este nuevo sistema entrará en vigor el 1 de enero. De este modo, ambas partes expresan su conformidad sobre la interpretación de lo pactado entre la Conferencia Episcopal Española y el Gobierno y se suprime la actual dotación directa del Estado a la Iglesia, modalidad contemplada en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979 entre el Estado y el Vaticano.
El acuerdo establece la renuncia de la Iglesia a la exención del IVA (impuesto al valor añadido) y al "complemento presupuestario", y dispone asimismo un aumento en la asignación de fondos a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Hasta ahora, la Iglesia disponía de un 0,52% del aporte de los contribuyentes que marcaban la casilla correspondiente en su declaración de la renta. A partir de ahora, la Iglesia recibirá el 0,7%.
"La Santa Sede estima suficiente dicho compromiso para dar por concluido el proceso de sustitución de la dotación estatal, considerando que el porcentaje de asignación tributaria fijado en el 0,7% del IRPF tiene carácter estable", según se recoge en la nota verbal dirigida por la Nunciatura Apostólica en España al Ministerio de Asuntos Exteriores respecto a este punto.
Al renunciar a la exención del IVA, la Iglesia pagará este impuesto en sus compras de bienes muebles e inmuebles, como había solicitado la Unión Europea. La Santa Sede "considera que ello no produce ninguna lesión patrimonial a la Iglesia católica", y "entiende que todas las exenciones que se hayan concedido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 y disposiciones que la desarrollen deberán mantenerse", añade la Nunciatura en la nota verbal. Tras este paso, el Ejecutivo procederá a derogar la Orden Ministerial de 29 de febrero de 1988, que aclara el alcance de la no sujeción de las exenciones establecidas en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos.