La Fiscalía apoya la suspensión de las becas para que no afecte al próximo curso
El Consell lamenta que «el recurso de la Universidad Católica perjudique a alumnos de la pública y la privada»
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha aceptado la petición de medidas cautelares de la Universidad Católica de Valencia y ha dejado en suspenso la resolución y el pago de las becas universitarias convocadas por la Generalitat para este pasado curso 2015-2016 y de las ayudas de no abandono. Se trata de varios autos –fechados el pasado jueves 25 de agosto– que dejan en el aire el reparto de 3.150.0000 euros de ayudas que se debían asignar a miles de universitarios de la red pública para financiar sus matrículas.
Precisamente, el que los alumnos de pago solo tuvieran acceso a ellas en el caso de estar estudiando el grado o licenciatura de Veterinaria (el único que se iba a subvencionar por no existir los estudios en universidades públicas de la Comunitat) es lo que llevó a la Universidad Católica a pedir el amparo de los tribunales argumentando que se estaban violando los derechos fundamentales de sus alumnos al excluirles en las órdenes.
De hecho, la Católica había inundado la sala de lo administrativo de recursos por el procedimiento especial de defensa de los derechos fundamentales ya que habían recurrido una por una todas las órdenes y resoluciones de la Conselleria de Educación sobre cada una de las modalidades de becas convocadas este año. El área de Marzà había convocado seis órdenes de ayudas en total, una más que el año pasado al incluir la fórmula de beca-salario, y en la mayoría se aplicaba el criterio de priorizar, cuando no excluir, a los universitarios de pago.
En principio, del total de ayudas se benefician anualmente cerca de 10.000 alumnos, según datos de Educación, de los que el 93 % «provienen de las universidades públicas valencianas».
Contra la ley de universidades
Del alud de recursos, el TSJ notificaba ayer a las partes que había aceptado la adopción de medidas cautelares, dejando en suspenso las convocatorias en el caso de las becas de la Generalitat (con 3 millones de euros de presupuesto) y las de no abandono, que afectan a menos estudiantes y solo cuentan con 150.000 euros de presupuesto.
Según la resolución del tribunal, la orden de las becas de la Generalitat y la resolución que la desarrolla debían quedar en suspenso ya que sí existe «riesgo razonable» para los universitarios de la privada de que el daño sea «irreparable» si se sigue adelante con su aplicación.
El tribunal deja también claro –aunque no es cometido de este auto entrar en el fondo del asunto– que la orden de la Conselleria de Educación contraviene la Ley Orgánica de Universidades y varios reales decretos al dejar fuera a los alumnos de pago: «la diferencia en el trato que se advierte en el precepto referido no se ajusta a las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, pues la regulación respecto a las becas y ayudas al estudio no ampara la exclusión de las universidades privadas del sistema público de becas».
En el auto, los magistrados abundan en esta idea y recuerdan que, además, la orden de becas de Marzà recibió un dictamen negativo del Consell Jurídic Consultiu. Habrá que esperar, sin embargo, a la resolución del recurso principal para conocer si la orden se anula o no.
Por otra parte, el tribunal también notificaba ayer a las partes que había decidido rechazar la petición de medidas cautelares en el caso de la convocatoria de las becas salario (nuevas este año) y de las becas a la excelencia académica. Las becas salario preveían repartir 5 millones de euros mientras que las de excelencia tenían 1 millón de presupuesto.
Se da la circunstancia de que la convocatoria de la Generalitat de este año era una de las más tardías de los últimos años por lo que las subvenciones que quedan en el aire en estos momentos son las referidas al curso 2015-2016, ya acabado y no al que está a punto de empezar, en el plazo de algo más de una semana 2016-2017.
Las más cuantiosas se mantienen en vigor
Las becas universitarias más cuantiosas que anualmente se convocan no están en tela de juicio. Se trata de las becas complementarias del Ministerio de Educación que, para este año, tenían una consignación presupuestaria de 11,3 millones de euros. Fuentes del Consell confirmaron que ni esta convocatoria ni las ayudas para los estudiantes Erasmus han sido recurridas por la Universidad Católica de Valencia.
La Fiscalía apoya la suspensión de las becas para que no afecte al próximo curso
El Consell lamenta que «el recurso de la Universidad Católica perjudique a alumnos de la pública y la privada»
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se ha mostrado a favor de la suspensión cautelar de la resolución y pago de becas universitarias recurridas por la Universidad Católica de Valencia (UCV) San Vicente Mártir, según los autos de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV. El Ministerio Público sólo se ha pronunciado sobre la suspensión cautelar de las becas para la finalización de los estudios, igualmente recurridas por la UCV y suspendidas.
Los argumentos exactos de la Fiscalía del TSJCV para adherirse a la suspensión de cautelar del reparto de ayudas a los universitarios sólo se conocen en el escrito sobre las becas-salario (que siguen su tramitación), aunque el argumento será similar para el resto de demandas. El Ministerio Público razona que el hecho de que «la convocatoria de becas sea para el curso 2016/2017, de inmediata aplicación» dejaría «sin objeto la sentencia que se dictase, ya que el curso habría ya comenzado y los aspirantes a las becas no habrían podido ni siquiera solicitar su concesión ni, por ello, obtenerla», señala el fiscal en su escrito.
El recurso judicial que deja en el aire el reparto de 3,1 millones de euros en ayudas de la Generalitat provocó ayer una catarata de reacciones. El secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, lamenta que el recurso de la UCV haya «perjudicado» a los estudiantes de la universidad pública y privada porque «ha pedido la paralización de todas las convocatorias, con lo cual perjudica a todos los estudiantes». El secretario autonómico explica que la política de becas de la Generalitat da prioridad a estudiantes sin recursos para que ningún alumno deje de estudiar por motivos económicos. Y cita como ejemplo que estudiar Medicina en la pública requiere 12,7 de nota media y pagar 1.500 euros y en la Universidad Católica, «basta con tener un 5 y 10.000 mil euros anuales», con lo cual la pregunta es «a quién le debemos dar las becas». Y la respuesta, para Soler es que «hay que priorizar a estudiantes sin medios económicos para cursar los estudios y que han sacado una mejor nota. Y este es el debate que hay en torno a las becas», apunta.
Tras el recurso de la UCV, el Consell va a tratar «con todos nuestros medios de que todos los estudiantes puedan recibir las becas que necesitan para poder estudiar. Haremos todo lo posible, pero la sociedad tiene que tener claro que si eso no es así este año, es exclusivamente por culpa de que los responsables de la UCV, que han primado sus intereses particulares paralizando el conjunto de las becas, antes que pensar de verdad en quienes son los que las necesitan», advirtió.
Por su parte, el grupo popular exigirá al Consell una normativa de urgencia para que los universitarios con derecho a beca puedan recibirla este curso, según los portavoces de Juventud, Juan Carlos Caballero, y Educación, Beatriz Gascó. Caballero critica al Consell porque «excluye a los estudiantes de las universidades privadas y divide a los universitarios en buenos y malos». Y recuerda que «si un estudiante cumple con los criterios académicos y de renta fijados no se entiende por qué no puede tener el derecho de acceder a una beca» ya que «hay estudiantes que por nota se quedan fuera de la pública y optan por la privada haciendo un esfuerzo porque irse fuera sería incluso más caro. Para Marzà, sin embargo, estos alumnos son ricos».
El secretario general de Joves Socialistes del País Valencià (JSPV) y diputado, José Muñoz, aplaude la política de becas del Consell «tras 20 años de recortes y desigualdad». Muñoz muestra su sorpresa por la suspensión del pago de las becas universitarias y sentencia que «los fondos públicos deben priorizar la universidad pública», por lo que considera «lamentable que miles de alumnos y alumnas que se han ganado su plaza con esfuerzo y sacrificio se queden sin beca por un recurso de la universidad privada que ha gozado de privilegios durante los gobiernos del PP».
