La fiscalización del dinero público dedicado a la Iglesia incluye al organismo creado por Zapatero para subvencionar a las confesiones minoritarias
La Comisión Islámica y las federaciones evangélica y judía han recibido más de 35 millones desde 2005, más de 2 millones de media al año
La auditoría revisa la justificación y liquidación de las subvenciones entregadas por la Fundación Pluralismo y Convivencia
El histórico entrañamiento entre el Estado español y la Iglesia católica, articulado a través de múltiples mecanismos entre los que destacan los acuerdos bilaterales de 1976-1979, ha eclipsado la relación de colaboración de los sucesivos gobiernos democráticos con el resto de confesiones religiosas. Pero tales relaciones existen. Son constantes. Y tienen implicaciones económicas, que además ahora están siendo auditadas por primera vez por el Tribunal de Cuentas. La Fundación Pluralismo y Convivencia, perteneciente al sector público y objeto de atención de dicha fiscalización, ha dedicado desde su constitución en 2005 más de 35 millones de euros en subvenciones a las organizaciones representantes en España de islámicos, evangélicos y judíos. El promedio es superior a 2,3 millones al año.
“La labor de la fundación va dirigida a la normalización y acomodo del hecho religioso como elementos clave en la construcción de una convivencia adecuada e inclusiva. Por ello, además de la relación con las confesiones trabajamos activamente por una mejor gestión publica de la diversidad religiosa de forma que se avance en la garantía de un derecho fundamental”, señala Pluralismo y Convivencia en un escrito dirigido a este periódico.
Esta fundación nació en 2005, impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero. Europa Laica atribuye al que fuera presidente entre 2004 y 2011 un gran impulso a una política de «café para todos» en el terreno religioso que ha ido configurado una suerte de multiconfesionalismo asimétrico. La cursiva es obligada porque España es, constitucionalmente, un Estado aconfesional, sin religión oficial. No obstante, la referencia existente en el texto del 78 a la religión católica, sumada a la traducción del Concordato de 1953 al lenguaje y los estándares democráticos que supusieron los acuerdos de 1976-1979, con toda su carta de privilegios, ha mantenido a la Iglesia de Roma en una situación de privilegio en los terreno fiscal, simbólico y educativo. No hay que olvidar que, en virtud de aquellos acuerdos, en el BOE sigue incrustada una frase que dice: «La mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica«. Al pie, las firmas del cardenal Villot y el ministro Marcelino Oreja.
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