María José de la Fuente, presidenta del Tribunal de Cuentas, durante su comparecencia en la comisión del Congreso de los Diputadas. EFE/Chema Moy
La presidenta del órgano fiscalizador se queja en el Congreso de que «no dispone del personal suficiente», que su gestión «informática presenta deficiencias» y que «el proceso de concesión no se regula con el suficiente detalle», lo que afecta «al principio de equidad».
María José de la Fuente es la presidenta del Tribunal de Cuentas desde el pasado 23 de julio. De la Fuente fue elegida consejera a propuesta del PP en 2012 y seis años después se convirtió en la segunda mujer al frente del organismo fiscalizador.
Hoy ha comparecido en el Congreso de los Diputados, ante la comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, para exponer varios informes de fiscalización de las cuentas públicas. Uno de ellos ha sido el informe de fiscalización de los procedimientos de concesión y de gestión y justificación de ayudas sociales concedidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con cargo a los programas de atención a las personas con necesidades de atención integral sociosanitaria, convocatoria de 2015, o lo que es lo mismo, sobre lo que hizo ese Ministerio en la concesión, gestión y control de las ayudas financiadas con el porcentaje del IRPF destinado a otros fines de interés social, que corresponden al eje de atención a las personas con necesidades de atención integral sociosanitaria, en la convocatoria de 2015.
La presidenta, hablando todo el tiempo en presente y en tono monocorde ha hecho afirmaciones importantes. «La subdireccion general de organizaciones no gubernamentales y voluntariado, órgano que tiene atribuida la competencia para la gestión de estas ayudas, no dispone del personal suficiente para el desarrollo eficiente de su actividad», declaró con claridad meridiana.
Además, ha afirmado que «la gestión informática es insuficiente y con deficiencias para atender a los solicitantes». También ha dicho que «el procedimiento de concesión no se regula con el suficiente detalle», en particular, «en lo referente a la fase de evaluación de las solicitudes». El procedimiento, según su informe, «no contiene una baremación de parte de los criterios de valoración», produciendo «riesgo de discrecionalidad y falta de uniformidad«, que podría afectar al principio de equidad.
Según sus conclusiones, aunque las verificaciones son muy insuficientes, por debajo de las mínimas, » no ha habido ninguna sanción en este ejercicio».
