El Tribunal de Cuentas detecta falta de control en la fundación pública que financia a las religiones minoritarias

La fiscalización que destapa el descontrol de las ayudas a la Iglesia alerta de falta de motivación y justificación en las subvenciones al resto de confesiones
La falta de plan estratégico para ordenar el reparto de dinero detectada en la Fundación Pluralismo y Convivencia incumple La Ley de Subvenciones
La Comisión Islámica y las federaciones evangélica y judía recibieron 35 millones públicos entre 2005 y 2017, más de 2 millones de media al año

El órgano fiscalizador ha examinado el funcionamiento de la Fundación Pluralismo y Convivencia, el ente público creado en 2005 para subvencionar a las religiones minoritarias con acuerdo de cooperación con el Estado. Esta fundación ha dedicado desde su constitución en 2005 en torno a 35 millones de euros a subvenciones a las organizaciones representantes de islámicos, evangélicos y judíos, que tienen acuerdos de cooperación con el Estado en calidad de confesiones de «notorio arraigo». El promedio es superior a 2,3 millones al año, como publicó infoLibre en diciembre [ver aquí] y ha ratificado ahora el informe final del Tribunal de Cuentas, centrado en el ejercicio de 2017.

Como resulta lógico, el histórico vínculo entre el Estado español y la Iglesia católica, articulado a través de múltiples mecanismos entre los que destacan los acuerdos bilaterales de 1976-1979, ha dejado en un segundo plano la relación de colaboración de los sucesivos gobiernos democráticos con el resto de confesiones. Pero tales relaciones también están ahí. Y tienen implicaciones económicas relevantes. El examen por parte del Tribunal de Cuentas del trato económico del Estado a las confesiones minoritarias, ya culminado en forma de informe definitivo, destapa múltiples deficiencias. Un ejemplo llamativo: dicha fundación, adscrita al Ministerio de Justicia, no había aprobado su «plan estratégico» de ayudas públicas cuando se cerró el periodo fiscalizado, lo cual supone un incumplimiento de la Ley de Subvenciones, tal y como recoge el informe.

El grueso del dinero público entregado a esta fundación para repartirlo entre las confesiones minoritarias va dedicado a dos líneas de subvenciones, la 1 y la 2. La línea 1 es una ayuda directa a las federaciones que agrupan a las organizaciones de cada una de las confesiones. La línea 2 es para proyectos finalistas «culturales», «educativos», de «integración social». Los destinatarios del dinero son siempre los mismos: las organizaciones representativas de las confesiones minoritarias. La Comisión Islámica de España (CIE, islámicos) y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede, evangélicos) suman más del 42% cada una, mientras que la Federación de Comunidades Israelitas de España (FCJE, judíos) ronda el 15%, según el análisis realizado por este periódico sobre las memorias de estas organizaciones.

¿Se reparte ese dinero con todas las garantías? ¿Se vigila su correcto uso? Hay lagunas. La síntesis de la situación que hace el informe detecta tres deficiencias fundamentales [ver aquí la fiscalización completa, publicada por el Tribunal de Cuentas]:

1. En la aplicación informática utilizada para su gestión no queda constancia de la persona que verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de las ayudas, ni del momento en que se efectúan dichas comprobaciones.

2. En el informe técnico de valoración de los proyectos concurrentes a las ayudas no constan las razones del juicio técnico realizado.

3. La resolución de concesión de las ayudas no está motivada.

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