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El Supremo trunca la campaña del PP y los obispos contra Ciudadanía

El alto tribunal rechaza la posibilidad de invocar la objeción de conciencia ante la materia obligatoria La ministra Cabrera lamenta el “tiempo perdido” en “una polémica artificial con fines partidistas”

El Tribunal Supremo descabezó ayer la campaña emprendida hace año y medio por el PP y el episcopado contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, convertida en bandera contra el Gobierno socialista. El alto tribunal anunció en un comunicado que, por 22 votos contra 7, la sala de lo contencioso-administrativo había rechazado la posibilidad de invocar la objeción de conciencia contra la materia, que se imparte en la ESO y próximamente se cursará al final de Primaria. El PSOE se apresuró a exigir al PP que pida perdón por la "innoble" campaña, pero los populares no se arredraron e insistieron en que suprimirán la asignatura "adoctrinadora" cuando gobiernen.

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, concluyó que, a la vista del fallo judicial, Educación para la Ciudadanía "es una asignatura como cualquier otra y asistir a clase es obligatorio para todos los estudiantes en todas las comunidades españolas", en alusión a las autonomías gobernadas por el PP, como la de Madrid, que habían ideado fórmulas para exonerar a los objetores de asistir a clase. Cabrera lamentó que se haya creado "una polémica artificial con fines partidistas" y el "tiempo perdido" en ese debate. La Comunidad de Madrid anunció que acatará la decisión judicial.

BATALLA ECLESIÁSTICA
Uno de los principales instigadores de la protesta contra los contenidos de la materia, el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María Rouco Varela, permaneció en silencio. La CEE, señaló un portavoz, esperará a conocer el contenido literal de la sentencia para pronunciarse. Rouco, jurista de formación, llegó a calificar el gesto de objetar como "una enorme servicio al Estado democrático", puesto que, en su opinión, el Gobierno menospreciaba el derecho de los padres a decidir acerca del tipo de formación moral que querían para sus hijos.

Sí habló la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), una de las entidades alineadas con los postulados ultraconservadores de los obispos que se ha mostrado más beligerante contra la asignatura. Su portavoz, Luis Carbonel, intento llevar a su molino subrayando que los magistrados se habían tomado tres días para analizar la cuestión antes de emitir su veredicto, lo que evidenciaba, a su juicio, que "no estaba tan claro". Después dio a entender que no darán su brazo a torcer y que acudirán al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Estrasburgo si es preciso.

Si para la Concapa, que agrupa a padres de los colegios religiosos de buena parte de España, la sentencia ha constituido una bofetada, para la patronal de ese tipo de centros, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), ha sido una bendición. Como ayer recordó su secretario general, el salesiano Manuel de Castro, para ellos "hace tiempo que ese tema quedó cerrado".

De Castro, al que la aceptación de la asignatura le ha granjeado no pocos conflictos con el episcopado, se reafirmó en la idea de que "no es bueno" que se haya que tenido que acudir a los tribunales. La FERE presume de haber llegado a un pacto con el Ministerio de Educación que le ha permitido adaptar los contenidos de la asignatura al "caracter propio" de sus centros, invocando lo dispuesto en la Constitución.

EL CASO DE VALENCIA
Una de las comunidades gobernadas por el PP que ha recurrido a una fórmula más original para sortear la obligatoriedad de cursar los contenidos de Educación para la Ciudadanía, la Comunidad Valenciana, no se dio por aludida. El Gobierno valenciano indicó que entiende que la sentencia "no afecta en absoluto el modo de impartir la asignatura". En esa comunidad la materia se oferta en inglés o, alternativamente, se convalida con un trabajo que tenga "un enfoque transversal". La idea ha desatado las protestas de los docentes y ha creado un conflicto en la enseñanza valenciana de enormes proporciones.

La sentencia proporcionó al PSOE abundante munición para usar contra el PP. El vicesecretario general socialista, José Blanco, dejó escrito en su blog que el fallo evidenciaba que los populares habían actuado "de forma irresponsable". Y el portavoz parlamentario en el Congreso, José Antonio Alonso, se refirió a la necesidad de que los populares pidan disculpas ante los "desmesurados excesos verbales" cometidos en esa contienda. El PP, por boca de Alfonso Alonso, portavoz adjunto en el Congreso, respondió que seguirá dando la batalla política contra "el adoctrinamiento" y que su partido no tiene intención de abandonar a los padres objetores.

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