Mientras quedan atrás los vanos esfuerzos de los demócratas para impedir el ascenso al Tribunal Supremo de Amy Coney Barrett, tercer nombramiento de Donald Trump en el alto tribunal, los activistas y analistas del progresismo estadounidense miran con temor los inquietantes años que se avecinan.
El número de conservadores en el Supremo ha aumentado, con seis miembros frente a los tres progresistas, y eso reduce la necesidad de los jueces de la derecha de buscar un punto medio para la mayoría de las sentencias.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, queda ahora claramente marginado. Aunque pertenece al grupo conservador, su institucionalismo le llevó a votar junto a los progresistas para evitar el desmantelamiento del Affordable Care Act, el seguro médico de Barack Obama; para preservar el programa de protección a los jóvenes inmigrantes; y para mantener, basándose en la jurisprudencia, las protecciones básicas del derecho a abortar conferidas tras el caso Roe v. Wade.
Ya no estamos en el tribunal de Roberts, dicen los analistas. El presidente del Tribunal Supremo ha sido relegado hasta el último lugar en la baraja conservadora, que tras la llegada de Barrett tiene todas las cartas que hacen falta para despachar fallos a su gusto en temas que van desde la regulación medioambiental hasta los derechos reproductivos o el derecho a votar.
Según Nan Aron, presidenta del grupo progresista Alianza por la Justicia, Barrett “contribuirá a darle la vuelta a los equilibrios en el Supremo de una manera dramática”. “Ahora quedará claro que la derecha ha capturado la Justicia nacional, hasta el nivel del Tribunal Supremo, y que están tratando de promover un programa peligroso”, dice.
Según los analistas, con Barrett en el Supremo todos los temas relevantes para el progresismo estadounidense están en la cuerda floja. Desde el derecho básico a votar de los ciudadanos hasta la necesidad de protección para los empleados en condiciones de trabajo peligrosas y para los consumidores de prestamistas depredadores.
En los últimos tiempos, el Tribunal Supremo ha emitido fallos sobre la situación de los inmigrantes; sobre la protección a las personas LGBTQ+ en virtud de las leyes contra la discriminación; sobre la posibilidad de investigar penalmente al presidente; y sobre el derecho a abortar. Todos podrían ser anulados o incorporados en otros supuestos si los activistas conservadores presentan una serie de casos diseñados para atraer el interés de la nueva alineación de jueces del Supremo.
Tras años de obsesión conservadora con el tema, el primer golpe del Supremo de Barrett podría ser contra el seguro médico de Obama. Implicaría dejar a decenas de millones de estadounidenses sin cobertura sanitaria. En algunos casos, también significaría negar a personas con enfermedades previas el derecho a un tratamiento que podría salvarles la vida.
Según Aron, el tema es urgente porque “el Supremo está muy desequilibrado” y es “el más conservador desde los años 30, con una inclinación agresivamente conservadora”. En su opinión, el nuevo Tribunal está desfasado en casi todos los asuntos relevantes para la opinión pública.
Pero los analistas también creen que, a corto plazo, parte del terreno ganado en las luchas judiciales de las últimas décadas podría permanecer a salvo, incluso con la nueva supermayoría conservadora de seis a tres.
En una entrevista emitida el pasado fin de semana en Fox News, el exalcalde de Indiana y excandidato demócrata a la presidencia, Pete Buttigieg, dijo estar preocupado por la posible anulación de su matrimonio con su esposo Chasten si Barrett llegaba al Supremo. “Mi matrimonio podría depender de lo que está a punto de suceder en el Senado con relación a esta jueza”, dijo. “Hay muchas cosas en juego”.
Según Keith Whittington, especialista en teoría constitucional y profesor de política en la Universidad de Princeton, es “muy improbable” que a Barrett le interese revisar los fallos que protegen al matrimonio entre personas del mismo sexo. “Lo cierto es que la opinión pública se ha movido rápida y claramente en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo”, dice Whittington. “Y una de las cosas que Barrett subrayó acerca de los casos en que el Tribunal debía respetar la jurisprudencia era si la opinión pública había aceptado ampliamente o no el precedente establecido por el Tribunal”.
“Sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, además del apoyo de la opinión pública prevalece el interés, en el que Barrett también ha hecho hincapié, de respetar la confianza depositada por personas casadas que han construido su relación en torno al supuesto de un matrimonio legal.”
Otros temas, como los derechos reproductivos, ya eran objeto del ataque feroz de los conservadores antes de la llegada de Barrett. Para Aziz Huq, profesor de Derecho en la Universidad de Chicago, un Supremo con Barrett entre sus miembros podría desarrollar nuevas maneras para erosionar esos derechos.
Según Huq, en un fallo reciente del Tribunal que dejó sin efecto una ley de Lousiana contra el derecho al aborto, el juez Roberts dejó claro en sus anotaciones que había vía libre “para que los estados destripen las leyes que garantizan el derecho al aborto”. “A partir del verano de 2020, si vives en un estado donde el gobernador y la legislatura están en contra del aborto, en muy poco tiempo sólo se podrá hacer en una clínica o en ninguna”, dice. “Creo que el tema realmente interesante es la regulación del acceso a productos farmacéuticos abortivos que pueden ser prescritos y enviados por correo.”
De cualquier modo, el voto de los integrantes del Tribunal Supremo es impredecible. Jueces nominados por presidentes republicanos, y hasta nominados por Trump, han fallado de maneras inesperadas en los últimos tiempos. Neil Gorsuch, designado por el actual presidente, falló en favor de mantener la protección anti antidiscriminatoria para las personas LGBTQ+. En un par de fallos, Roberts escribió defendiendo los derechos de los inmigrantes, algo que Trump caracterizó como un “escopetazo en la cara”.
Pero para los activistas progresistas, anticipar un Supremo hostil en el corto plazo es una manera de preparar los planes de ampliación en el número de integrantes del tribunal en caso de que los demócratas tomen el control del Congreso y de la Casa Blanca.
Según Aron, “es de vital importancia recuperar la justicia y la independencia del poder judicial nacional”. “La Alianza para la Justicia apoyará una propuesta para ampliar el Supremo con el objetivo de democratizarlo”, dice Aron. También explica que con el fin de adaptar al Senado de Estados Unidos con la realidad del país apoyarían “la incorporación de Washington DC y Puerto Rico como nuevos estados y la eliminación de las tácticas obstruccionistas en el poder legislativo”.
Aron lamenta el hecho de que Barrett esté sustituyendo precisamente a la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, “una jueza que luchó toda su vida, como abogada, como profesora y como jueza, que trabajó por la igualdad de derechos para mujeres y hombres”. “Eso hace que este nombramiento sea mucho más frustrante”, dice Aron, “porque Barrett va a deshacer el legado de Ginsburg”.
Traducido por Francisco de Zárate
