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El Supremo frenó la polémica del velo integral en España

El debate sobre el burka y el niqab saltó al Senado hace cuatro años, pero no pasó de ahí

El gran debate político sobre el uso del burka y el niqab, cuya prohibición en Francia acaba de avalar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se concentró en España en 2010. Ese año, Lleida se convirtió en la primera ciudad del país en imponer el veto a ambas prendas en edificios y equipamientos municipales. Localidades de Lleida y de Tarragona se sumaron a la iniciativa. Incluso el Ayuntamiento de Barcelona elaboró un decreto para limitar el paso a sedes públicas con cualquier prenda que tape la cara, sea un velo o un pasamontañas. Otros dos municipios -Galapagar, en Madrid, y Coín, en Málaga- también se sumaron a la ola prohibicionista.

Distintos expertos y el colectivo musulmán acusaron entonces a los partidos políticos de crear una falsa polémica para ganar votos, señalando que las mujeres que muestran alguna de estas dos prendas por las calles de España se podían contar con los dedos de la mano.

El veto de Lleida tuvo también un recorrido judicial que llegó hasta el Tribunal Supremo tras la denuncia de una asociación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña  avaló el veto al entender que "en la cultura occidental" el velo integral puede "perturbar la tranquilidad" del resto de ciudadanos porque "oculta el rostro". La asociación Watani, que denunció la prohibición por vulneración de derechos fundamentales, recurrió  al Tribunal Supremo. Y el Alto Tribunal tumbó el veto. La línea argumental fue que los Ayuntamientos carecen de competencias para limitar un derecho fundamental como  la libertad religiosa, algo que solo se puede hacer mediante una ley,  reservada al Parlamento.

El debate saltó al Senado de la mano de la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez- Camacho. El PP logró que la Cámara Alta aprobara una propuesta para prohibirlo en todos los espacios públicos, incluida la calle, aunque la iniciativa tuvo un recorrido muy corto. La moción instaba al Ejecutivo (entonces en manos del PSOE) a "realizar las reformas legales y reglamentarias necesarias para prohibir el uso en espacios o acontecimientos públicos que no tengan una finalidad estrictamente religiosa de vestimentas o accesorios en el atuendo que no provoquen que el rostro quede completamente cubierto".

 La moción lo consideraba una discriminación contra la dignidad de las personas y una lesión a la igualdad. El entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño (PSOE), anunció que esa prohibición quedaría recogida en la ley de Libertad Religiosa, que no ha visto la luz. Cuatro años después, y con un Ejecutivo ahora en manos del PP, el grupo popular en el Congreso de los Diputados no ha tramitado ninguna iniciativa referida a este asunto.

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