El Sindicato de Estudiantes prepara movilizaciones contra la implantación del ‘pin parental’, una medida exigida por Vox que ha aceptado el Gobierno de la Región de Murcia de PP y Ciudadanos para aprobar sus presupuesto autonómicos, y que esta organización considera una «involución brutal» y una «persecución política» a los docentes.
En declaraciones a Europa Press, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, afirma que esta medida promovida por Vox pretende «hacer de la educación una plataforma para difundir su mensaje de odio contra las mujeres, los colectivos LGTBI y los inmigrantes».
«A la extrema derecho no se le va a frenar solo con palabras, sino con hechos», añade la portavoz del sindicato estudiantil, que ha convocado a los medios de comunicación este lunes 20 de enero, a las 11.30 horas frente al Ministerio de Educación, en Madrid, para anunciar sus movilizaciones contra el ‘pin parental’.
El ‘pin parental’ que defiende Vox y organizaciones como Hazte Oír quiere implantar en los centros educativos la autorización expresa de los padres para la asistencia de sus hijos a actividades complementarioas en horario lectivo con contenidos de diversidad afectivo-sexual, algo que también ha aceptado el Gobierno de Andalucía de PP y Ciudadanos.
Este jueves, el Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba que recurriría ante los tribunales cualquier iniciativa «dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado» como el ‘pin parental’. Una reacción insuficiente para el Sindicato de Estudiantes, que pide al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos que lo prohíba por ley.
«El Gobierno debería prohibirlo por ley, e impulsar en toda la educación una asignatura de educación sexual y que eduque contra la violencia machista. Tiene que tomar medidas porque se trata de un ataque gravísimo», explica la secretaria general del Sindicato de Estudiantes.
Para Coral Latorre, la implantación del ‘pin parental’ trata de impedir «una educación científica, laica y democrática» y supone una «persecución política como en la dictadura» contra los docentes. En ese sentido, recuerda la denuncia de los padres de un alumno a un profesor de un instituto de Baena (Córdoba) el pasado mes de diciembre por la participación del estudiante en una actividad por el Día Internacional contra la Violencia de Género.
