El Sindicato de Estudiantes ha convocado huelga general en los centros educativos el próximo 6 de marzo contra «el pin parental de la extrema derecha», en referencia a la medida promovida por Vox y aceptada por los gobiernos autonómicos de Andalucía y Murcia para que los padres puedan vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en horario lectivo con contenidos de diversidad afectivo-sexual.
Esta «huelga general estudiantil, feminista, antifascista y antirracista», como la ha denominado la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, se convocará en toda España y estará acompañada de concentraciones, ese mismo viernes 6 de marzo, al mediodía en diferentes ciudades con el objetivo de «frenar esta ofensiva de la extrema derecha».
En declaraciones a los medios frente al Ministerio de Educación, en Madrid, Latorre ha hecho un llamamiento a toda la comunidad educativa para que se sume a la movilización contra el ‘pin parental’, que considera «una brutal agresión» a los «derechos democráticos» de los estudiantes.
El Sindicato de Estudiantes ha exigido que se prohíba por ley el ‘pin parental’, reivindicación que pretenden trasladar al Gobierno. Este mismo lunes, la organización ha solicitado sendas reuniones con la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y con la ministra de Igualdad, Irene Montero, con ese propósito.
«Sabemos que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos quiere llevar el ‘pin parental’ a los tribunales, pero no tenemos confianza en esos mismos tribunales plagados de individuos de Vox y del Partido Popular», ha explicado la portavoz del Sindicato de Estudiantes.
La organización estudiantil reclama también una asignatura «obligatoria y evaluable» de Educación Sexual, un cambio del régimen interno de los centros educativos para que se elimine «cualquier referencia a las vestimentas de las chicas» y medidas que fomenten el respeto a la comunidad LGTBI.
Además, el Sindicato de Estudiantes defiende que la asignatura de Religión desaparezca de las aulas porque interfiere en «una educación científica, laica y democrática», y ha insistido en pedir al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez la «derogación inmediata de la LOMCE», la ley educativa también conocida por ‘Ley Wert’ aprobada por el PP en 2013, y que se mantiene vigente.
El pasado viernes, el Gobierno remitió un requerimiento a la Consejería de Educación de la Región de Murcia la retirada de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso donde permitía que los padres vetasen la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en horario lectivo.
El requerimiento reclamaba al Gobierno de Murcia «que restablezca la legalidad y excluya el ‘pin parental’ de las instrucciones de inicio de curso», según la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, que ya ha advertido que llevará a los tribunales cualquier iniciativa «dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado».
El denominado ‘pin parental’ es una medida defendida por organizaciones como Hazte Oír que la formación política Vox ha exigido implantar en Andalucía y Murcia a cambio de apoyar los presupuestos de estas comunidades, gobernadas por Partido Popular y Ciudadanos.
