La Religión seguirá siendo una materia de oferta obligatoria para los centros pero optativa por los alumnos. Además, pierde su asignatura espejo (la alternativa que había que ofrecer, que era Valores), lo que obligará a los centros a hacer equilibrismos para ubicarla en el horario porque no se puede tener a alumnos sin clase en mitad de la jornada escolar.
Se acabó el trámite parlamentario y la ley Celaá ya solo está pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para ser la ley educativa vigente. A las 18.04 de este miércoles, el Senado acaba de aprobar la Lomloe con 142 votos, 112 en contra y 9 abstenciones. Como la norma no ha sufrido modificaciones no debe volver al Congreso y ya está aprobada. A favor han votado el PSOE, ERC, PNV y Más Madrid. El PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra.
El PSOE se ha valido de la mayoría formada con los nacionalistas catalanes y vascos para rechazar las más de 600 enmiendas que los grupos de la oposición habían presentado a la norma, lo que le ha valido el reproche del resto de grupos de la cámara, incluido alguno como Más Madrid que ha votado a favor. También le han afeado la rapidez en realizar el trámite, sin escuchar en esta ocasión a la comunidad educativa. El PSOE aduce que estos trámites ya se realizaron cuando se presentó el texto por primera vez ante el Congreso, de lo que ahora se cumple un año (fue en la anterior legislatura). En cualquier caso, España ya tiene su octava ley educativa y la Lomce da sus últimas bocanadas.
La nueva ley educativa introduce novedades en varios frentes. Las más polémicas han sido las relativas al papel de la escuela concertada en el sistema. Grosso modo, la Lomloe pretende alcanzar un reparto más equilibrado de alumnos entre la red pública y concertada y fija que serán las escuelas de titularidad estatal las encargadas de garantizar la oferta educativa. También limita ciertas maniobras que se venían realizando, como la cesión de suelo público para centros concertados o la posibilidad de subvencionar con fondos públicos colegios que separen a su alumnado por sexo. Y prohíbe las famosas cuotas. Estos cambios han sido interpretados por la patronal de los centros privados sostenidos con fondos públicos y las familias católicas como un ataque a su modelo, y se han echado a la calle para protestar contra estas modificaciones.
Otro de los aspectos que más ampollas han levantado ha sido las modificaciones relativas a la educación especial. El Gobierno apuesta en la ley Celaá por incidir en la inclusividad y fomentar que más alumnos con discapacidad acudan a centros ordinarios. Parte del sector de los centros especiales sostiene que estos cambios atentan contra la educación especial e incluso que van a acabar con su cierre, hecho negado reiteradamente por el Gobierno (y que no aparece en la ley).
A nivel educativo, la ley prohibirá repetir curso más de dos veces durante la etapa obligatoria (hasta 4º de la ESO) y permitirá a los alumnos promocionar de curso y titular con asignaturas suspendidas, hecho que se ha interpretado desde algunos sectores como una rebaja de la exigencia educativa. Sin embargo, esto ya ocurre: en toda España alrededor de uno de cada cuatro alumnos titula en Secundaria con alguna materia pendiente. Además, el Ministerio de Educación está en pleno proceso de revisión de los currículos (qué se enseña y cómo), y apuesta por un enfoque competencial frente al más puramente de contenidos que hay actualmente, medida que genera división entre el profesorado.
Otro de los aspectos que más titulares ha provocado es la supresión de la referencia a que el castellano es la lengua vehicular de la Educación. Una referencia que no existía antes de 2013, cuando el exministro José Ignacio se la inventó para su Lomce. Los nacionalistas catalanes, artífices de este cambio, han vendido la medida como un blindaje de su sistema de inmersión lingüística, aunque el asunto está lejos de cerrarse: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictaminó la semana pasada que las escuelas catalanas debían ofrecer al menos el 25% de sus clases en castellano, medida que hasta ahora solo aplicaba a las familias que lo pidieran (que no pasaban de una decena al año) y que de facto acabaría con la inmersión. El giro final en esta cuestión es que la decisión del TSJC se basa en la Lomce y la Generalitat piensa recurrirla: está convencido el Gobierno catalán de que ganará cuando la nueva norma sea una realidad.
Entre los debes de la norma, el profesorado se muestra especialmente crítico con una omisión: la rebaja de las ratios de alumnos por clase. El Ministerio ha rechazado incluir esta norma en la Lomloe y aduce que las comunidades pueden rebajarla, que tienen competencias para ellos. Los críticos le reprochan que si lo consideran importante por qué lo dejan en manos de las autonomías, que pueden hacerlo o no.
A nivel puramente educativo, los profesionales de la Educación lamentan la negativa del Gobierno a recuperar la Ética en 4º de la ESO, asignatura obligatoria que laminó la Lomce. El PSOE aduce que el currículo está sobrecargado y no caben más asignaturas, los profesores sostienen que es una materia vital para fomentar el pensamiento crítico. Los docentes que imparten informática también han tachado de «oportunidad perdida» la Lomloe en cuanto al trato que recibe su asignatura, que quedará como optativa en el mejor de los casos en función de que las comunidades decidan ofrecerla o no. Por último, la Religión seguirá siendo una materia de oferta obligatoria para los centros pero optativa por los alumnos. Además, pierde su asignatura espejo (la alternativa que había que ofrecer, que era Valores), lo que obligará a los centros a hacer equilibrismos para ubicarla en el horario porque no se puede tener a alumnos sin clase en mitad de la jornada escolar.
