Estamos en el año 2017 de la era cristiana y para los habitantes de la República de El Salvador eso tiene un significado trágico, ya que a la mayoría de los salvadoreños los une un vínculo común: una profunda creencia en la religión católica. En esta nación centroamericana. La Iglesia Católica Apostólica y Romana, más que ninguna otra institución, tiene la autoridad moral para liderar a las masas; pero, no sólo la autoridad moral, sino también la autoridad política para imponer sus leyes canónicas a la población entera del país, como demostraré a lo largo de este artículo-
n un documental televisivo, titulado Explorer, emitido en Julio del 2017 se explora la situación actual de El Salvador. Entre los hechos denunciados en ese documental, por la periodista Francesca Fiorentini (Right to Life con Francesca Fiorentini) para National Geographic, se menciona lo siguiente:
1) San Salvador, la capital de El Salvador, está considerada en el ámbito internacional como “la capital mundial del homicidio”
2) El país tiene una tasa de asesinatos que es 20% superior a la de los Estados Unidos de América
3) Por las cárceles, muestra el documental, pululan cantidades de mujeres jóvenes con sus hijos pequeños. Han sido encarceladas por haber cometido el “grave” crimen del aborto.
Ese “grave” crimen al que el código penal denomina homicidio agravado, puede conllevar penas de hasta cincuenta años de prisión para las mujeres que lo “cometan”. Uno de los fiscales católicos entrevistado, le dijo, enfáticamente, a la periodista que las mujeres acusadas usualmente mienten cuando dicen que tienen abortos espontáneos y que él “apuesta por los valores: matar es malo”. Es necesario aclarar que esto último lo dijo después de haber admitido, ante una pregunta de la periodista, que entre sus propios familiares había mujeres que si habían tenido abortos espontáneos (!!).
4) Un médico salvadoreño, consultado por la reportera, confesó que él y otros colegas están asustados y temen ser encarcelados si alguien los denuncia por practicar abortos clandestinos. La realidad es que 35.000 mujeres, cada año, buscan abortar en El Salvador, y para ello deben acceder al mercado negro. Ahora bien, ¿Cuál es la razón para este duro tratamiento de una población supuestamente dócil a las enseñanzas de sus pastores católicos?
Todos hemos escuchado, en mayor o menor medida, acerca de los duros tiempos de masacre que pasó El Salvador en los años ochenta del pasado siglo, cuando los adalides de la “teología de la liberación” llevó a gran parte de la juventud (¿católico-comunista?) del país a levantarse en armas para luchar contra los corruptos gobernantes (¿católico-capitalistas?) y expulsar a “los imperialistas yanquis”.
Hagamos un poco de historia, tratando de encontrar una respuesta a la pregunta previamente formulada:
El viernes 1 de Julio de 1973, un diario español, El Eco de Canarias (ex La Falange) publicó la siguiente noticia en la página 2:
“Los jesuitas enseñan marxismo en El Salvador. San Salvador, 31 (EFE)- La sociedad de padres de Familia del Colegio de San José, dirigido por la Compañía de Jesús, ha emplazado al rector que termine la enseñanza de marxismo, que abiertamente viene impartiendo a los estudiantes de Secundaria en dicho Colegio.
Los padres de familia celebraron una borrascosa asamblea general, en la que se formularon cargos contra los profesores de la Cátedra de Sociología por venir enseñando las doctrinas de Marx, Engels y Lenin.
Los padres de familia han hecho el emplazamiento para que en un lapso de 8 días termine la anomalía denunciada.”
Este fue, probablemente, uno de los primeros indicios de lo que se transformaría en una situación caótica, que envolvió a muchos países de Centroamérica en las décadas de los años 70 y 80.
De hecho, el periodista Kenneth A. Briggs, en su artículo, Jesuit Chief Defends Liberation Theology and Social Activism (Jefe de los jesuitas defiende la Teología de Liberación y el activismo social), dice:
“La cabeza de la orden jesuita dice que él apoya a los teólogos latinoamericanos y a los trabajadores de la Iglesia que buscan promover la justicia social. Y dice que las enseñanzas conocidas como teología de liberación deben ser ‘reconocidas como posibles y necesarias’.
El Vaticano recientemente criticó algunos elementos de la teología de liberación, por depender demasiado fuertemente del análisis marxista, pero afirmó la lucha de la Iglesia en contra de la opresión en la América Central y del Sur.
El reverendo Peter-Hans Kolvenbach, elegido como superior general de los jesuitas hace un años, dijo .en una entrevista realizada en Nueva York la semana pasada, que la orden continuaría ayudando en los esfuerzos que llevan justicia social a Latinoamérica. El padre Kolvenbach, enfatizando que existen diferentes variaciones de la teología de liberación, dijo que podrían haber situaciones donde era ‘absolutamente necesario usar la terminología del marxismo’ para explicar situaciones económicas y sociales’ (…) Desde su trigésimo segunda congregación general, en 1975, los jesuitas han proclamado una misión conjunta de fe y justicia. Muchos han tomado un lugar de liderazgo en promover teologías de liberación, que intentan aplicar las enseñanzas de la iglesia a los problemas de justicia social en Latinoamérica” (1)
En la década del 80, los diarios de Estados Unidos fueron inundados con noticias de asesinatos de personas, crímenes masivos y matanzas de clérigos. El 23 de marzo de 1980, el periodista Alan Riding, relata lo siguiente:
”En la derecha política, el alto comando del ejército parece compartir la visión conservadora de que todos los ‘comunistas’ deben ser eliminados, aún así, no obstante, respalda las reformas dirigidas a disminuir el poder económico de las élites ricas. (…) Aún la Iglesia católica está profundamente dividida. El influyente y popular arzobispo de San Salvador, monseñor Oscar Arnulfo Romero, es un fuerte defensor de los derechos humanos y comparte muchos puntos de vista izquierdistas, sobre la economía y la justicia social. Pero, él está enfrentado con el presidente de la conferencia episcopal de El Salvador, obispo Pedro Arnaldo Aparicio, de San Vicente, quién acusa a los comunistas de la agitación.
Hasta el mes pasado, Estados Unidos se sumó a la confusión por no tener una política clara hacia El Salvador. Entonces decidió intervenir. Antes de enviar un embajador, el delegado asistente del secretario de Estado, James R. Cheek, voló a San Salvador. Su primera actividad fue bloquear un golpe de estado de derecha para expulsar a los demócrata-cristianos de la Junta, avisándole a los complotados que serían rechazados por Washington. Luego él proveyó el necesario empuje para la expropiación de tierras y bancos, ofreciéndole a la Junta ayuda económica y militar.”(2)
Realmente, es un paso muy poco usual del capitalismo estadounidense, este de ofrecer ayuda “para la expropiación de tierras y bancos” a otro supuesto país capitalista. Pero todo es posible cuando los intereses del Vaticano están en juego.
Luego, súbitamente, la Iglesia cambió su estrategia con respecto a la situación política salvadoreña. Lo cual no le pasó desapercibido al periodista Guillermo García, que en un artículo periodístico publicado el 1 de febrero de 1981, escribió:
“Influyentes organizaciones de la Iglesia católica en un asolado por la guerra El Salvador han comenzado a hacer circular ‘un llamado a la insurrección’, urgiendo a la predominante población católica a derribar al presente gobierno respaldado por Estados Unidos (…) El apoyo indirecto a los intentos izquierdistas de derribar al gobierno y la condena de la junta militar es claramente unánime entre los líderes salvadoreños de la Iglesia católica, a la cual pertenece el 95 por ciento de los 4 millones de habitantes del país.
Toda agrupación católica importante en esta pequeña nación centroamericana y cinco de los seis obispos allí han hecho circular un documento antigubernamental (…)” (3)
Continuando con su práctica – denunciada unos siglos antes por Sarpi y Symonds – de comenzar un conflicto y después convertirse en mediadores del mismo, la Iglesia permanece fiel a sus artimañas.
No es de extrañar que la periodista Lydia Chavez, escribiera, el 12 de junio de 1984, en The New York Times:
“La Iglesia romana en el Salvador ha asumido el creciente papel de mediador entre el gobierno y los insurgentes de izquierda, como resultado de una serie de intercambios de prisioneros que ella ha coordinado el mes pasado (…) Representantes de la Iglesia atribuyeron su éxito en el intercambio a la nueva predisposición de parte del gobierno y los militares para trabajar con ellos (…) Al mismo tiempo, avisaron que la habilidad de los insurgentes izquierdistas para llevar adelante un diálogo exitoso con el gobierno fue trabado por la ‘desarmonía’ y los ‘diferentes objetivos’ entre los grupos guerrilleros.
’La llegada del nuevo gobierno ha facilitado muchas cosas’, dijo el obispo auxiliar, Gregorio Rosa Chavez de San Salvador, refiriéndose a la elección, en mayo, del presidente José Napoleón Duarte. ‘La Iglesia es el canal de más credibilidad’. (…) Representantes de la Iglesia atribuyeron este cambio de actitud a varios factores, incluyendo cambios de mando en los militares y una evolución de la actitud de la Iglesia en cuanto al conflicto. En 1980, dijeron ellos, había una ‘ruptura’ entre el gobierno y la Iglesia, haciendo necesario que el arzobispo Oscar Arnulfo Romero ‘defendiera a los pobres desde el púlpito’ en contra de lo que él vio como un gobierno derechista crecientemente represivo. Esta brecha entre la Iglesia y el gobierno se volvió más llamativa cuando un grupo paramilitar de derecha asesinó al arzobispo Romero en marzo de 1980
Desde entonces, los representantes de la Iglesia dicen, los canales tradicionales entre la Iglesia y el gobierno se han ido restableciendo, despaciosamente. ‘En el tiempo que vivimos ahora’, dijo un representante de la Iglesia, ‘hay problemas que pueden ser solucionados a través del diálogo privado’.
En parte, la actitud del gobierno hacia la Iglesia ha sido cambiada por el nuevo estilo del arzobispo Rivera y Damas, quién se muestra cuidadoso en sus homilías de los domingos en cuanto a criticar los abusos de los insurgentes de izquierda tanto como los abusos del gobierno (…) Este equilibrio quedó demostrado en la homilía del arzobispo, después que tropas del gobierno bombardearon la ciudad de Tenancingo, el año pasado. Mientras el arzobispo criticaba a la fuerza aérea, él también reprendía a los insurgentes izquierdistas por usar a la población como protección contra las fuerzas del gobierno”.(4)
En los mencionados artículos de la prensa – como en muchos otros de esos días – hay un énfasis en la lucha por el poder, entre el gobierno (integrado por activistas católicos) derechista de El Salvador y la guerrilla (mayormente integrada por católicos) de izquierda, estimulada por la Iglesia romana; pero, lo que no se puntualiza, es la causa del conflicto armado. El doctor Stephen D. Mumford, en su libro American Democracy & the Vatican: Population Growth & National Security, trata de clarificar este asunto:
“En 1969, la llamada Guerra del Fútbol se desató entre El Salvador y Honduras. Esta fue la primera guerra, en mucho tiempo, atribuida a la sobrepoblación, según concluyo la Organización de los Estados Americanos (OEA). La guerra fue impulsada por la masiva inmigración ilegal proveniente del superpoblado El Salvador, que invadía a Honduras. Quince años después, tal problema continúa siendo ignorado en El Salvador porque el Vaticano demanda que sea ignorado ¡La población está creciendo a la increíble proporción del 2,6 por ciento cada año y el país duplica su crecimiento cada 27 años! Los resultados de este continuo crecimiento ha sido caos general, la inmigración ilegal de más del 20 por ciento de los salvadoreños a los Estados Unidos y una desintegración del orden social y la destrucción de las estructuras económicas, sociales y políticas del país”.(5)
Yo añadiría que la jerarquía católica de El Salvador, bien alerta de estos hechos, no hesitó en producir una explosión, que sabía probable y próxima, en el preciso momento y lugar, evitando de tal manera las desagradables y políticamente costosas consecuencias de una verdadera situación revolucionaria que no podrían manejar tan fácilmente en el futuro. Lo que es más, la experiencia adquirida en El Salvador y en Cuba sería muy bien usada en el próximo paso que, despaciosamente, iría cambiando el mapa político de Latinoamérica: Nicaragua.
En el 2006, en un artículo publicado en The New York Times Magazine, su autor, Jack Hitt nos muestra quien tiene las riendas del poder. Él viajó a El Salvador en ese año para investigar por qué el aborto en aquel país se había convertido en un serio hecho criminal y en donde jóvenes mujeres se encuentran cumpliendo hasta treinta años de prisión por esa causa. Dice Jack Hitt,
“En este nuevo movimiento hacia la criminalización, El Salvador está a la vanguardia [de todo el mundo]. La cantidad de excepciones que existen aún en países donde el aborto está circunscrito – violación, incesto malformación del feto, la vida de la madre – no aplican en el Salvador. Fueron rechazadas en los últimos años de la década del 90, en el período en que terminó la guerra civil. El sistema penal del país fue rehecho y su constitución fue enmendada. El aborto está ahora completamente prohibido en cualquier posible circunstancia. Sin excepciones. (…) En El Salvador, un país mayormente católico, el aborto surgió como un potencial tema político en 1993, cuando los miembros conservadores de la Asamblea propusieron que el 28 de diciembre, la fiesta católica de los santos inocentes, fuera declarado un feriado nacional para recordar al no nacido.(…)”. El articulista continúa contando que, en 1995, el principal partido de izquierda, el FMLN – los ex guerrilleros de la guerra civil – presentó un proyecto en la Asamblea Nacional para extender las excepciones del aborto. Este proyecto fue rechazado, pero sirvió para poner en marcha un supuesto debate político sobre el aborto. También en 1995 el papa John Paul II nombró un nuevo arzobispo para San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, sigue diciendo Hitt, “Lacalle, un boquifresco miembro del grupo católico conservador Opus Dei, redirigió las políticas de la Iglesia en el país. Los predecesores de Lacalle estaban tan firmemente opuestos al aborto como él. Lo que el trajo al movimiento anti aborto del país fue una nueva determinación de llevar aquella oposición a la legislación del Estado y la creencia de que la Iglesia debía tener un rol público en el proceso. En 1997, legisladores conservadores introdujeron un proyecto de ley que prohibiría el aborto en todas las circunstancias. El arzobispo hizo una campaña activa por la aprobación del proyecto.(…) Con el arzobispo apoyando la prohibición públicamente y la completa energización de grupos de la oposición pronto se hizo dificultosa toda oposición al proyecto. Cualquier argumento a favor del aborto terapéutico encontró un contra argumento religioso. (…) Las posturas sobre la reforzada prohibición se fracturaron a lo largo de las líneas partidarias, al menos al principio. (…) Pero el FMLN sólo tenía una minoría de sitios en la Asamblea de 84 miembros y ellos no pudieron parar el proyecto de ley. La propuesta de prohibir todo aborto pasó la Asamblea en 1997 y se transformó en la ley del país en abril de 1998.
’Pero esto no era suficiente’, escribió de Cardenal [Juliana Regina de Cardenal, presidenta de la fundación Sí a la Vida de El Salvador], más tarde, en un artículo recordando la victoria. En 1997 su fundación también propuso una enmienda constitucional que reconocería el deber del gobierno para proteger la vida desde el momento de la concepción. La propuesta de una enmienda constitucional en El Salvador tiene que pasar dos importantes votaciones. Debe ser aceptada por una mayoría en una sesión de la Asamblea y entonces, después de una nueva elección, debe ser ratificada por el voto de las dos terceras partes en la próxima Asamblea. Durante la primera votación, en 1997, los legisladores del FMLN se opusieron a la enmienda, pero sus votos fueron sobrepasados, y la enmienda pasó el primer round.
En enero de 1999, cuando el asunto se encaminaba a la segunda votación, el papa John Paul II visitó Latinoamérica. ‘La Iglesia debe proclamar el evangelio de la vida y levantar la voz con fuerza profética en contra de la cultura de la muerte’, declaró en la ciudad de México.(…) De Cardenal dice que la visita del papa re energizó a los partidarios de la prohibición constitucional. Cuando se acercaba el momento de la votación, su grupo desencadenó una serie de avisos radiales a favor de la enmienda y presentó a los legisladores una petición con más de 500.000 firmas. En una demostración, miembros del grupo rociaron la Asamblea Nacional con agua bendita. Para puntualizar su campaña, de Cardenal dispuso tener a dos mujeres preñadas presentes en la Asamblea y ejecutar, públicamente, ultrasonidos en sus fetos.
El liderazgo del FMLN, temeroso de que el partido fuera derrotado en las elecciones venideras si aparecía oponiendo la enmienda, liberó a sus diputados de la obligación de seguir la posición del partido y los urgió para que votaran con sus conciencias. Cuando se tomó la votación final, la enmienda pasó en forma arrolladora”. (6)
Quizá, el relato anterior ya ha dado respuesta a la pregunta formulada al comienzo de este artículo : se ha mostrado como se llevó a cabo un tremendo y paciente trabajo, a través de los años, para someter (desde luego, usando las formas “democráticas”) a un pequeño y sufrido país a los dictámenes de lo que Paul Blanshard no dudó en definir como: “Una compleja organización, la Iglesia-Estado Católica Romana, una mezcla única de fe personal, compasión humana, explotación clerical e ignorancia sometedora. Es un vasto imperio de iglesias, escuelas hospitales, orfanatos monasterios, partidos políticos, gobiernos dominados por el clero, sindicatos de trabajadores, embajadas, medios de prensa [podríamos añadir televisión e Internet] – un sistema mundial de sutileza mental, disciplina, y lealtad el cual, en muchos aspectos, excede en influencia a cualquier nación del mundo.”
Notas:
1.- Kenneth A. Briggs, Jesuit Chief Defends Liberation Theology and Social Activism. The New York Times, 28 de octubre de 1984, p. 1.
2.-Alan Riding, El Salvador Junta Unable to halt killing. The New York Times, 23 de marzo de 1980.
3.- Guillermo García, U.S., Salvadoran Catholic Leaders Advocate Insurrection. The Austin American Statesman (Texas), 1 de febrero de 1981.
4.- Lydia Chavez, Salvador Church acting as Mediator. The New York Times, 12 de junio de 1984.
5.- Dr. Stephen D. Mumford, American Democracy & the Vatican: Population Growth & National Security. Humanist Press, Amherst (N.Y.), 1984, Prefacio p. XV.
6.- Jack Hitt, Pro-Life Nation. The New York Times Magazine, 9 de abril del 2006, pp. 40, 42-47, 62,72,74.
