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El Rey escoge a su vicario general castrense

El nombramiento de Juan Antonio Aznárez como arzobispo castrense se comunicó en la primera jornada de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Espñola.

Este pasado lunes se iniciaba la 118 Asamblea Plenaria de los obispos españoles.

Como si hubiera querido aguar la 118 asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, la embajada del Vaticano desveló minutos antes del discurso del cardenal Omella los nombramientos de nuevos de obispos, algunos largamente esperados, entre ellos el siempre polémico vicario general castrense, desde ahora general de División con mando, tropa y salario de tan alta graduación militar. Dice el comunicado oficial sobre el nuevo general vicario: “El Papa ha nombrado a Juan Antonio Aznárez Cobo arzobispo castrense. En la actualidad es obispo auxiliar de Pamplona y Tudela. El nombramiento se hace público hoy, lunes 15 de noviembre”.

El arzobispado castrense llevaba vacante desde el fallecimiento por covid-19 de Juan del Río Martín, en enero pasado. El ya arzobispo Aznárez (Éibar, Guipúzcoa; 59 años) estudió en el seminario de Pamplona y en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. También es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza.

Las negociaciones entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Nunciatura para llegar a este nombramiento han sido largas y complicadas por la relevancia del cargo y por los gastos en salarios y personal que suponen a los presupuestos del Estado. El Gobierno descartó varios nombres propuestos por el nuncio en Madrid, el filipino Bernardito Auza, hasta que fue incluido en la terna elevada al Rey el nombre de Aznárez. Se dice que el nombramiento lo ha hecho el Papa. Es una verdad que miente. Sobre la terna pactada por el Gobierno y el Nuncio, es el Rey quien elige finalmente. El Papa solo lo proclama.

Lo dice uno de los acuerdos (en realidad, concordatos) firmados en Roma en 1976 y 1979, de espaldas a la negociación de la Constitución de 1978. Señala el referido al vicariato castrense: “La provisión del Vicariato General Castrense se hará mediante la propuesta de una terna de nombres, formada de común acuerdo entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores y sometida a la aprobación de la Santa Sede. El Rey presentará, en el término de 15 días, uno de ellos para su nombramiento por el Romano Pontífice”.

Se ha criticado muchas veces que esos acuerdos era inconstitucionales. El de 1976 es incluso preconstitucional. El Acuerdo de Asuntos Jurídicos recoge: “Antes de proceder al nombramiento de Arzobispos y Obispos residenciales y de Coadjutores con derecho a sucesión, la Santa Sede notificará el nombre del designado al Gobierno por si respecto a él existiesen objeciones concretas de índole política general, cuya valoración corresponderá a la prudente consideración de la Santa Sede. Se entenderá que no existen objeciones si el Gobierno no las manifiesta en quince días. Las diligencias se mantendrán en secreto”.

El nuevo vicariato castrense, con categoría e infraestructuras de una diócesis, cuenta con personal semejante a un ministerio, como cinco vicariatos, correspondientes a las cinco ramas de las Fuerzas Armadas, y 13 parroquias en los cuarteles. Como archidiócesis, también tiene su catedral y un seminario, ambos en Madrid. Entre su personal, figuran un secretario general y varios delegados, además de unos setenta capellanes castrenses, varios en misiones con las tropas españolas en el extranjero.

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Aznárez, primer movimiento para intentar colocar a Munilla… en Pamplona

En Religión Digital, Jesús Bastante apuntaba que en su designación tienen mucho que ver -además de la dejadez del Gobierno y las cesiones de Casa Real- los papeles jugados por el actual arzobispo de Pamplona (y anterior castrense), Francisco Pérez, y el entorno del cardenal Rouco Varela. Sí, de Rouco Varela, que sigue mandando, y mucho, en determinados entornos. Y que ayer sonreía de oreja a oreja al comienzo de la Plenaria, mientras Omella acortaba su discurso para acompañar al Nuncio antes de que dieran las doce y saltara la bomba.

Señala que Aznárez cuenta con el beneplácito tanto de los Kikos como de la Obra, y cuya llegada al Ordinariato Militar quiere servir como contrapeso conservador en las negociaciones con el Gobierno, donde tanto Omella como Osoro apuestan por un entendimiento cada vez más difícil, dada la precariedad numérica del Ejecutivo de coalición y las presiones de la ultraderecha. Esa «polarización» frente a la que, por el momento, no está dispuesto a ceder la actual cúpula episcopal. Aunque son bastantes los obispos que, alentados por propagandistas, kikos, cielinos y demás, siguen abonando la estrategia de la confrontación.

Y que el movimiento de Aznárez es un paso más en la estrategia conservadora cuyo principal objetivo, a corto plazo, es la de asegurar la sucesión en Pamplona (Pérez cumple los 75 en enero). Como cabeza de la provincia eclesiástica vasca, un territorio que siempre ha obsesionado al sector comandado por el Cardenal. Y en estas que sectores de la Iglesia navarra han señalado a RD una serie de movimientos tendentes a, átense los machos, colocar a José Ignacio Munilla al frente de la diócesis de Pamplona. Un Munilla señalado por muchos y al que desde hace meses se busca acomodo fuera de San Sebastián. 

Con ello, además de suceder a Pérez, se busca bloquear los movimientos aperturistas en las diócesis vascas, donde el ascenso de Joseba Segura es evidente, más aún desde la marcha de Mario Iceta a Burgos.

Finaliza con unas preguntas, ¿Lo conseguirá? ¿Permitirá la actual cúpula episcopal ese movimiento?

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