Dentro del anacronismo de dos instituciones milenarias como la iglesia católica y la monarquía, el Arzobispado Castrense resulta una anomalía aún más singular. Disfruta de un rango militar –equivalente a general de división–, con sueldo pagado por el Ministerio de Defensa de unos 5.000 euros al mes para defender la fe católica dentro de las Fuerzas Armadas… pero cuyo nombramiento es el único que no depende en último término del Papa.
Y es que quien decidirá el nombre del futuro arzobispo castrense, tras el fallecimiento, en enero, de Juan del Río, no es otro que Felipe VI. Así lo indica uno de los Acuerdos Iglesia-Estado, el más antiguo, de 1976, que sigue vigente: «La provisión del Vicariato General Castrense se hará mediante la propuesta de una terna de nombres, formada de común acuerdo entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores y sometida a la aprobación de la Santa Sede. El Rey presentará, en el término de 15 días, uno de ellos para su nombramiento por el Romano Pontífice». Y el Rey parece decantarse, según fuentes eclesiales, por el actual secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Un nombramiento que, de producirse, causaría un terremoto en las complicadas relaciones Iglesia-Gobierno en España, pues Argüello, a día de hoy, es el principal interlocutor de ambas instituciones en el día a día. Y su nombramiento como castrense, dependiente de Defensa, impediría que siguiera ejerciendo su función en la Casa de la Iglesia.
Entre los nombres que se han planteado están el obispo de Málaga, Jesús Catalá; el de Ávila, José María Gil Tamayo –quien ya fue de número uno en la terna que se presentó a la Casa Real tras la marcha de Francisco Pérez a Pamplona, pero entonces don Juan Carlos prefirió a Juan Del Río– y Luis Argüello, a quien prefiere en este momento Felipe VI, y así lo ha explicitado.
Un ‘roto’ en las relaciones Iglesia-Gobierno
En la Casa del Rey aprecian su inteligencia, su habilidad y su buen hacer, algo que también es valorado en el Gobierno, que no pondría pegas a la elección, aunque lamentaría la pérdida de un activo clave en las actuales relaciones Iglesia-Ejecutivo. Y es que el obispo auxiliar de Valladolid ha conseguido un grado de confianza y un cauce de diálogo estable en un momento en que las fricciones entre el Episcopado y el Gobierno a cuenta de la eutanasia, la ley trans, la de Infancia, la reforma educativa o la nueva fiscalidad van a ser una constante, a la que puede sumarse el debate sobre la nueva ley de Libertad de Conciencia.
Pero donde la posible elección de Argüello se ve como una tragedia es en la propia Casa de la Iglesia. Fuentes cercanas al prelado aseguran que éste «no se ve» como arzobispo castrense, pero además en la CEE verían su salida (no podría compaginar su trabajo como portavoz y secretario con una función que depende del Ministerio de Defensa) como «un desastre».
«Don Luis ha conseguido coordinar el trabajo interno, y las relaciones externas, con maestría», subrayan algunos de sus colaboradores. «Su participación es vital en este momento histórico», añaden, al tiempo que apuntan que su destino natural debería ser Valladolid (Blázquez acaba de cumplir 79 años), aunque otros postulan a Argüello incluso para destinos más relevantes. Algo que podría truncarse en caso de que Felipe VI hiciera uso de sus prerrogativas. Fuentes eclesiales lo ven como ‘vestir a un santo desvistiendo a otro’, algo que, aseguran, está ocurriendo con los últimos nombramientos episcopales en España, como los de Teruel, Burgos o León.
