El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.
En una nota de prensa, indican que con esta ley pretenden dar respuesta a la violencia contra la infancia. Y es que al menos 22 menores han muerto durante este año 2018 por causas violentas en España, según los últimos datos recogidos por la ONG de infancia Save The Children. Cinco de ellos eran recién nacidos; ocho tenían entre 1 y 6 años; tres, entre 8 y 9 años; y seis, entre 12 y 17 años. La mayoría fueron asesinados por su madre o su padre, aunque también hubo casos de suicidio.
El anteproyecto, impulsado por los ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Interior y Justicia. Modifica 11 leyes y establece un concepto de violencia más amplio que abarca: toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidos las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. «Se castiga todo tipo de violencia sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación», reza el comunicado.
Se endurece el Código Penal
Se amplía el plazo de prescripción de los delitos más graves contra los menores. Así pues, el inicio del cómputo para su prescripción comenzará cuando la víctima cumpla 30 años en lugar de los 18 que se venían exigiendo hasta ahora. Esta medida se dará cuando se produzca un delito de tentativa de homicidio, delitos sexuales, lesiones agravadas, maltrato habitual o trata de seres humanos.
Asimismo, los presos que cometan un delito de agresiones sexuales a menores no podrán acceder a los permisos penitenciarios o hasta el tercer grado hasta que no hayan cumplido la mitad de la pena. El juez tampoco podrá anticipar su libertad condicional a las dos terceras partes de la condena.
Nuevos delitos contra menores
Ahora se considerarán también delitos contra los menores la incitación al suicidio, a la autolesión, a la comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexual o la promoción o facilitación de trastornos alimenticios a través de internet o de las tecnologías de la información.
Estas nuevas infracciones se complementan con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite al juez retirar contenidos ilícitos de páginas web como medida cautelar durante la investigación del caso.
En el ámbito educativo
Se dotará a los centros educativos de protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra forma de violencia. También se crea la nueva figura del coordinador de bienestar y protección que se encargará, entre otros aspectos, de vigilar la correcta aplicación de los protocolos que contemplarán la forma de iniciar el procedimiento, los sistemas de notificación y la coordinación de los profesionales responsables de cada actuación.
Ante un caso de violencia, dar parte
Cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor deberá comunicarlo ante la autoridad competente. Si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial. A las personas que profesionalmente tienen un contacto habitual con los menores (trabajadores en centros de enseñanza, sanitarios, etc.), se les exigirá especialmente que den parte ante cualquier caso de violencia infantil.
Nueva figura especializada en violencia infantil
Se crea una nueva figura, dentro del marco de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, que estará especializada en la violencia que sufren los infantes y los adolescentes.
Se modifica la agravante genérica de «discriminación»
Ahora se matizará la edad de la víctima, si en el delito hubo razones de aporofobia (fobia a las personas pobres o desfavorecidas) o exclusión social así como «cualquier otro motivo basado en un perjuicio discriminatorio».
Ley de Enjuiciamiento Criminal
Ahora será el representante legal del menor o el Ministerio fiscal el que decida si un menor debe declarar en un juicio. Por su parte, los familiares que sean testigos estarán obligados a comparecer en el juzgado, entre otras novedades.
En el ámbito sanitario
Los funcionarios de atención primaria podrán adoptar las medidas de protección necesarias dentro de los recursos que disponga. Se creará un registro Central de Información sobre la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, que recogerá los datos recabados por las Administraciones públicas, el Consejo General del Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Deporte y ocio
Los centros que realizan actividades de ocio y deporte de manera habitual con menores deberán tener protocolos de actuación para la prevencíon detección y actuación frente a posibles casos de violencia. También se creará la figura del Delegado de Protección.
Fuerzas y cuerpos de seguridad
Los cuerpos de seguridad, tanto estatales como autonómicos y locales, dispondrán de unidades especializadas en la prevención y detección de situaciones de violencia sobre los menores de edad.
Los casos de violencia infantil en España
De los 22 menores asesinados en España en 2018, tres fueron arrojados a un vertedero o contenedor, uno murió a manos de su madre y el otro falleció cuando su madre se arrojó con él por la ventana.
Todos los casos han sido publicados en los medios a lo largo del año y algunos han tenido una gran repercusión, como el del niño Gabriel, que fue asesinado en Níjar (Almería) el pasado mes de febrero por la pareja de su padre; o el de las dos niñas de La Orotava asesinadas por su padre el pasado mes de julio. Asimismo, aparece recogido el reciente caso de la joven de 17 años acuchillada en Alcorcón, presuntamente por la novia de su expareja.
Además, tres de los 22 menores figuran en las estadísticas de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género como víctimas de la violencia machista contra sus madres. Se trata de las dos víctimas de tres y seis años asesinadas en Castellón por su padre; y de un niño de nueve, asesinado por su padre en Almería en abril. De acuerdo a estos datos oficiales, desde el año 2013 un total de 27 menores han sido asesinados por violencia machista.
Por su parte, ‘feminicidio.net’ tiene registrados el asesinato de 10 menores de 16 años por violencia machista en 2018 (ocho niñas y dos varones). En esta decena, están incluidos los tres menores que constan entre las cifras oficiales. Esta base de datos tiene registrado el asesinato de un total de 83 menores de 16 años por violencia machista desde el año 2010 hasta la actualidad.
