Las contradicciones del PSOE en materia de laicidad son de libro. A ellas nos tiene acostumbrados desde que comenzara a gobernar en 1982 hasta hoy. En una dirección van los documentos oficiales y las declaraciones de los líderes, que hacen gala de laicidad, y en otra bien diferente sus prácticas políticas mientras gobiernan, con tufillo confesional y trato privilegiado a la Iglesia católica.
En el discurso de Pedro Sánchez durante la clausura del 39 Congreso Federal del PSOE, celebrado del 16 al 18 de junio de 2017, aseveró que suprimiría la religión en la escuela. Se trataba de un verdadero salto mortal: pasar del mantenimiento de la religión confesional, que vienen defendiendo durante casi un cuarto de siglo de gobiernos socialistas, a la supresión de la asignatura de religión. ¿Cómo podía pasarse tan ligeramente y con tanta celeridad de una defensa de la religión confesional –resto de nacionalcatolicismo-, a suprimir de un plumazo la enseñanza de la religión en la escuela, sin distinguir entre religión confesional y enseñanza laica de la religión?
El PSOE ha sido siempre un gran cauce en donde se han convocado las fuerzas progresistas que han hecho avanzar este país.
? Representamos esa izquierda que hace posible lo imposible.
? @sanchezcastejon#40CongresoPSOE#Avanzamos_ ? pic.twitter.com/UtemoE3aMb— PSOE (@PSOE) October 15, 2021
Una cosa es eliminar la enseñanza confesional de la religión en la escuela, que es lo acorde con un Estado no confesional o laico, y otra suprimir el estudio interdisciplinar, científico y crítico de las religiones como fenómenos culturales y sociales, de su historia y de sus diferentes funcionalidades sociopolíticas. Pero lo llamativo es que, tras aquella declaración congresual grandilocuente, sigue manteniéndose la religión confesional como oferta obligatoria en la escuela y no se ha propiciado el estudio de la historia de las religiones en el marco de la historia de la cultura como asignatura troncal.
En el Congreso de 1917 el PSOE anunció también la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que en realidad son una revisión del concordato de 1953. Lo confirmó Carmen Calvo, entonces secretaria de igualdad de la nueva Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez en declaraciones a Infolibre el 24 de julio de 2017. Preguntada por el periodista Ángel Munárriz si denunciarían el Concordato, respondió con contundencia: “Claro. Los acuerdos con el Vaticano los denunciaremos”. Dudando quizá de la respuesta, el periodista repreguntó si nos les temblaría el pulso en el caso de que gobernaran. Carmen Calvo reconocía que “el PSOE en este punto a veces ha amagado y no ha dado, pero lo tenemos claro”.
Efectivamente, llevaba la razón, pero no a veces, sino durante el casi cuarto siglo de gobierno. Y no solo ha amagado y no ha dado, no solo no denunció dichos Acuerdos con la Santa Sede, sino que llegó a incumplirlo a favor de la Iglesia católica al mantener la asignación tributaria en contra de lo establecido en el Acuerdo Económico e incrementar dicha asignación del 0,52% al 0,70%, lo que supone un ingreso más aproximado de en torno a 50 millones de euros cada año más a favor de la jerarquía católica. Esta ha recibido este año más de 300 millones de euros.
De nuevo la promesa de derogar los Acuerdos con la Santa Sede, tantas veces incumplida, vuelve a aparecer en el 40 Congreso Federal del PSOE a celebrar del 15 al 17 de octubre próximo. ¿Hay que creerle ahora? No es un problema de creencias, sino de voluntad y práctica política, y por la trayectoria seguida hasta ahora no albergo muchas esperanzas de que eso suceda.
Pedro Sánchez insistía entonces con razón en la necesidad de reformar la Constitución. Mi pregunta de entonces, que reitero ahora, era si contempla la reforma de los artículos 16.3 y 27.3, que siguen manteniendo la confesionalidad, al menos indirecta, del Estado español. En otras palabras, ¿hay voluntad de constitucionalizar la laicidad?
Otro aspecto de la reforma constitucional es la perspectiva de género. La Constitución fue redactada bajo el signo del patriarcado. Son muchos los colectivos feministas que reclaman una reforma constitucional bajo la guía del feminismo y un pacto constitucional en esa dirección. ¿Apoyará el PSOE una reforma constitucional desde la perspectiva de género?
Durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE elaboró una Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia, que sustituyera a la anacrónica Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980. Superada por el nuevo clima sociorreligioso plural y el avance de la increencia en sus diferentes manifestaciones: ateísmo, agnosticismo, indiferencia religiosa, etc. Mas, para no incomodar a la Iglesia católica, ni siquiera la presentó en el Congreso de los Diputados. Duerme el sueño de los justos. No la han vuelto a sacar durante sus últimos tres años de gobierno bajo la presidencia de Pedro Sánchez.
En la ponencia marco del 40 Congreso Federal, el PSOE propone la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede “en diálogo con la Iglesia” buscando el consenso e impulsando nuevos acuerdos con el Vaticano. De nuevo se compromete a elaborar una Ley de conciencia, religiosa y de convicciones para el desarrollo de las diferentes opciones de ética privada, religiosas, morales o filosóficas de todas las personas”.
Laicidad y pluralismo
Para animar al PSOE a dar el paso hacia el Estado laico y eliminar definitivamente los restos que quedan de nacionalcatolicismo, propongo las siguientes reflexiones que me gustaría tuvieran en cuenta en el Congreso socialista de los próximos días y las aplicaran durante su gobierno.
La laicidad constituye el espacio político, el marco jurídico y el horizonte ético más adecuados para el reconocimiento y el ejercicio de los derechos humanos y de las libertades de conciencia, de expresión, de asociación y de religión, así como para el reconocimiento de las ideologías, los sistemas de creencias y los proyectos utópicos que se expresen y defiendan pacíficamente.
La laicidad no debe confundirse con el ateísmo, el agnosticismo o la indiferencia religiosa, como tampoco con la persecución de la religión, ni con la exclusión de ésta del espacio público y su reclusión en la esfera privada. Ninguna de estas concepciones de la laicidad es correcta. Son, más bien, patologías y, la mayoría de las veces, caricaturas o deformaciones con que es presentada por sus adversarios y por los defensores de la confesionalidad del Estado. La laicidad implica la autonomía de la política, de la ética pública, del derecho y del Estado de toda tutela religiosa y la salvaguarda del pluralismo en todos sus órdenes.
Laicidad y pluralismo son condiciones necesarias para la construcción de una democracia participativa, intercultural y respetuosa de la diferencia. “Frente a toda pretensión de monopolio acerca de la verdad o en cuanto a concepciones de lo bueno desde la que se quisiera imponer unilateralmente lo que para la sociedad en su conjunto ha de ser justo, el vínculo inseparable de pluralismo y laicidad es garantía de la coherencia democrática que necesita una ‘sociedad abierta’”[1].
Marcel Gauchet evita los términos “secularización” y “laicización”, y prefiere hablar de “retirada de la religión”, entendiendo por tal no el abandono de la fe religiosa a nivel personal, sino “el abandono de un mundo estructurado por la religión, donde ella dirige la forma política de las sociedades y define la economía del lazo social…; el paso a un mundo donde las religiones existen, pero en el interior de una forma política y un orden colectivo que ya no determinan” [2]. Hemos pasado de la dominación global y explícita de lo religioso a su secundarización y privatización. Se pone de manifiesto en el título de la obra del sociólogo de la religión Thomas Luckman La religión invisible [3].
Modelos de relación entre religión y política
El problema se plantea cuando se trata de establecer las relaciones concretas entre religión y política, entre sociedad, Estado y hecho religioso. Varios han sido los modelos teóricos y prácticos de dicha relación [4]. Uno es el de identificación-confusión, que se caracteriza por la identificación entre la comunidad política y la comunidad religiosa y por la alianza entre ambos poderes en un juego de doble legitimación: la religión está al servicio de poder y es manipulada por él, al tiempo que lo legitima como recompensa por los privilegios recibidos. Estamos ante una religión de Estado y un Estado de religión única.
Otro modelo es el que establece el ateísmo a nivel oficial, no respeta la libertad religiosa y prohíbe todo culto por considerar que la religión es alienante, opresiva de la conciencia cívica y obstáculo en el camino hacia la igualdad.
El tercer modelo es el que establece una clara separación entre religión y Estado, comunidad política y comunidad religiosa, ética y religión, derecho y religión. Ambas esferas son independientes y no permiten interferencias ni injerencias. El Estado se muestra neutral ante el hecho religioso, reconoce la libertad religiosa de los ciudadanos y respeta las diferentes manifestaciones individuales y colectivas religiosas.
Este modelo admite dos modalidades. Una consiste en reducir la religión al ámbito privado, a la esfera de la conciencia y a los lugares de culto, sin reconocerle función alguna en el espacio público. Es el caso del laicismo extremo que no aprecia carácter emancipador alguno en las religiones y tiende a vincular a éstas, justificadamente a veces, con actitudes irracionales y fanáticas, a considerarlas, con razón frecuentemente, como obstáculos graves para la secularización de la sociedad, la laicidad del Estado y la autonomía de la ética. Con esos presupuestos cualquier intervención de las religiones en la esfera pública –trátese de cuestiones políticas, económicas, culturales o sociales- se entiende o interpreta como injerencia indebida.
El cristianismo a favor de la laicidad
Otra modalidad es la que acepta la secularización de la sociedad y la autonomía de la política, reconoce la separación entre religión y política, sin pretender confesionalizar el espacio público, pero no limita la religión al terreno privado, sino que le reconoce una dimensión política en ningún caso legitimadora del orden establecido, sino solidaria con los sectores más vulnerables de la sociedad y comprometida con los movimientos sociales que luchan contra la marginación en su diferentes formas. Este es el planteamiento, dentro del cristianismo, de la nueva teología política europea, de la teología latinoamericana de la liberación y de los movimientos cristianos progresistas, que consideran la presencia pública del cristianismo, en las condiciones antes indicadas, como inherente a la fe cristiana.
“Con razón Marcel Gauchet define al cristianismo como ‘la religión de la salida de la religión'”
Este modelo de cristianismo liberador, acorde con el de sus orígenes, puede contribuir positivamente a la defensa de la laicidad, que no va contra las religiones. El fundador del cristianismo, Jesús de Nazaret, fue un creyente laico, crítico por igual de las autoridades religiosas y del poder político, y de la alianza entre ambos, que puso en marcha un movimiento igualmente laico no legitimador del Imperio. Con razón Marcel Gauchet define al cristianismo como ‘la religión de la salida de la religión’ [5]. Por su propia vocación laica el cristianismo puede promover la renovación de la vida cívica contribuyendo a superar la permanente tentación de confesionalización de la sociedad y del Estado, muy especialmente en España.
Componente social y ecológico del Estado laico
En conclusión, creo que el Estado laico constituye el ámbito político y jurídico, donde caben todas las ideologías, las diferentes creencias y no creencias religiosas, sin discriminación y facilita la libertad religiosa tanto a nivel personal como colectivo.
Debe tener un componente social y ecológico, que se concrete en la igualdad y paridad entre hombres y mujeres, equilibro socioeconómico y redistribución equitativa de los recursos; lucha contra las brechas de la desigualdad y el cuidado de la naturaleza, que es nuestra casa común.
Debe moverse en un horizonte laico. La ética es la filosofía política primera. Debe dar prioridad a la ética sobre la tecno-economía e incorporar la ética liberadora de las religiones.
Un elemento fundamental del Estado laico es la necesidad de reforzar lo público, que es, según Daniel Bernabé, “lo que nos separa del caos y la intemperie” (Daniel Bernabé, “La frágil costumbre de la democracia”, El País 11/10/2021, p. 12).
Como última característica del Estado laico debe fomentar que la ciudadanía se constituya en sujeto políticocolectivo y se convierta en actor de una democracia activa, participativa y de base.
[1] J. A. Pérez Tapias, Del bienestar a la política. Aportaciones para una ciudadanía intercultural, Trotta, Madrid, 2007, 292. [2] M. Gauchet, La religión en la democracia. El camino del laicismo, El Cobre, Madrid, 2003, 17 y 21. [3] Cf. Sígueme, Salamanca, 1973. [4] Cf. J. Casanova, Religiones públicas en el mundo moderno, PPC, Madrid, 2000; H. Peña-Ruiz, La emancipación laica. Filosofía de la laicidad, 2001; J. Habermas, Entre naturalismo y religión, Paidós, Barcelona, 2006; J. Habermas, Ch. Taylor, J. Butler, C. West, El poder de la religión en la esfera pública, edición, introducción y notas de E. Mendieta y J. VanAntwerpen, Trotta, Madrid, 2011. [5] Cf. M. Gauchet, El desencantamiento del mundo. Una historia política de la religión, Trotta, Madrid. 2005.
