Las tomas de posesión se harán únicamente con un ejemplar de la Constitución delante, y los actos de Estado tendrán carácter civil, no religioso
El borrador apunta a la autofinanciación de las confesiones y a que la Iglesia pague impuestos por los lugares no destinados al culto
Si el PSOE mantiene hasta el final que su programa electoral para las generales del 20-D es un «contrato ciudadano» que cumplirá a rajatabla si llega a La Moncloa, entonces habrá que afirmar que Pedro Sánchez llevará a término las medidas ambiciosas en materia de laicidad de cuantas ha desplegado el partido en sus años en el poder, incluyendo la supresión de las referencias a la Iglesia en la Carta Magna, la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 o sacar la religión de las aulas. También va mucho más lejos en una cuestión sensible como la de la prostitución, que propone «abolir», y el cierre de los burdeles.
Los socialistas comienzan el epígrafe dedicado a la laicidad del borrador de su programa, facilitado a todos los medios a las diez de la noche del lunes, constatando precisamente los «obstáculos» que se han detectado en la separación «efectiva» entre el poder de las instituciones democráticas y el dela Iglesia. Sin embargo, la concepción laica del Estado «ha sido y es seña de identidad del ideario socialista, desde el respeto por las tradiciones religiosas presentes en la sociedad y por las personas y grupos que defienden la libertad de conciencia». La dirección sostiene que hay que recuperar la «neutralidad» del Estado y defender la «libertad de conciencia», superando la dialéctica entre clericalismo y anticlericalismo. «Defendemos la igualdad y la convivencia en libertad», proclama el partido.
Para ello, propone, como primera medida, «actualizar en la Constitución el principio de laicidad«, y «suprimir la referencia a la Iglesia católica». O sea, tocar el artículo 16, que dice que «ninguna confesión tendrá carácter estatal». «Los poderes públicos -continúa el precepto- tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones».
Principio de «neutralidad religiosa»
Pues bien, el PSOE plantea que ese artículo contemple «el sometimiento de los representantes de los poderes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones, que deberá regir también en la organización de actos institucionales».
Los socialistas recuperan la idea de reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que José Luis Rodríguez Zapatero enterró en la pasada legislatura para evitar más conflictos con una Iglesia acostumbrada a salir a la calle para protestar por las medidas de ampliación de derechos del Gobierno. Sánchez retoma el proyecto. Quiere que se establezca un «estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas».
De volver a La Moncloa, los socialistas introducirán «criterios de actuación para las autoridades públicas en actos religiosos». Las tomas de posesión o promesa de cargo se harán «únicamente ante un ejemplar de la Constitución«, y no con la Biblia y un crucifijo, una imagen repetida hasta la saciedad. También se pretende sacar la religión de los actos de Estado. Estos serán de carácter civil exclusivamente, aunque no obstante podrán contar con la presencia y participación de las confesiones religiosas «con arreglo al principio de laicidad, igualdad y no discriminación». No lo dice el programa, pero obviamente el partido piensa en actos como los funerales de Estado o los homenajesa españoles muertos en acciones militares o catástrofes, habitualmente celebrados bajo el rito católico.
Inmatriculación de bienes
Los símbolos religiosos se retirarán por completo. Con una salvedad: cuando se hallen en edificios de carácter público en espacios destinados al culto o formen parte de los elementos estructurales de los monumentos.
Sánchez incluye también una propuesta que ya figuraba en la resolución de la Conferencia Política que organizó Alfredo Pérez Rubalcaba en 2013: la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede. Es decir, la ruptura unilateral del tratado internacional de 1979. Un paso muy celebrado ya entonces por la militancia.
La Religión, fuera de las aulas.
«Defendemos una escuela pública laica como garantía de los valores públicos y respeto de las creencias privadas», sostiene en el borrador. «De ahí que, en nuestro modelo de escuela pública no quepa la integración, ni en el currículo ni en el horario escolar, de enseñanzas confesionales«. A cambio, plantea recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía que laminó el PP [ver más sobre educación en el manifiesto programático de Sánchez aquí].
Los socialistas proponen «avanzar en la autofinanciación de las confesiones religiosas» y «establecer la fiscalidad general para aquellos bienes de las confesiones que no estén afectos a uso de culto o social». Actualmente, la Iglesia no paga el impuesto de bienes inmuebles (IBI) por los espacios donde se practica el culto, pero tampoco lo abona por los inmuebles que no están consagrados a él. Eso es lo que pretende corregir el partido, una vieja pretensión nunca llevada a cabo.
Asimismo, el PSOE reclamará a la Iglesia la titularidad de los bienes que desde 1998 inmatriculó (registró) a su favor sin justificarlo con la existencia de un documento que acreditase esa propiedad. Es decir, se pretende acabar con la «apropiación masiva de bienes de la Iglesia«, como denunció el partido el año pasado. La institución ha podido inscribir a su nombre tierras, templos, locales y edificios sin problemas y sin tener que demostrar la propiedad de los mismos en virtud de una ley hipotecaria franquista. La promoción de cementerios civiles, no confesionales, es otra de las medidas que figuran en el programa.
Memoria histórica, también
El PSOE, finalmente, se atreve a ir un paso más allá en un tema delicado como el de la prostitución. Promete que aprobará medidas que desarrollen «políticas encaminadas a su abolición». Como medida estrella, aboga por prohibir los burdeles. Exactamente, habla de «reintroducir en el Código Penal la figura de la tercería locativa (el que alquila habitaciones) en los términos del Convenio de Naciones Unidas, lo que permitirá desmantelar la industria del sexo».
Asimismo, apuesta por penalizar «todo tipo de proxenetismo lucrativo, medie o no consentimiento de la persona prostituida». Y otra cosa más, importante: sancionar (no se dice cuánto) «la demanda y compra de prostitución». O sea, multar a los clientes. Es el modelo abolicionista que rige en los países nórdicos.
Los socialistas quieren impulsar una ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, para frenar así la acción de las mafias. Esa norma también debe perseguir evitar los anuncios de sexo y ponga en marcha «servicios de protección social» y recuperación integral de las personas que hayan sido explotadas.
También se dedica un capítulo específico a la memoria histórica. Aquí el PSOE quiere recuperar la dotación de las partidas presupuestarias vinculadas a las exhumaciones, actualizar los mapas de fosas, reabrir y potenciar la Oficina de Ayuda a las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, garantizar el cumplimiento de la ley de 2007 en materia de símbolos franquistas, crear bancos de ADN y dotar de un nuevo significado al Valle de los Caídos.
