El PSOE sólo incluye una propuesta sobre laicidad en su reforma constitucional

Actualizar y consolidar el principio de laicidad, incluyendo el sometimiento de los representantes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones.

El tiempo de la reforma de la Constitución ha llegado y, según la dirección del PSOE, es el momento también de hacer pública su propuesta. No piensan así algunos de sus barones, quienes tras el solemne anuncio de Cataluña de iniciar ya el proceso de ruptura con España, han hecho llegar a Pedro Sánchez sus recelos a presentar el miércoles este documento tal y como había previsto desde Ferraz. Hay división de opiniones. Unos creen que el Consejo de Política Federal debería hacer un manifiesto en defensa de la Constitución. Y otros, que los independentistas no deben macar la agenda. Todos temen, eso sí, aparecer en el pelotón de quienes cuestionan la ley de leyes en un momento tan delicado para España y beneficiar así la estrategia electoral de un PP que pretende sacar partido del asunto ante el 20-D.

Pese a todo, la propuesta se hará pública una vez sea aprobada por el Consejo de Política Federal, el órgano que reúne al poder territorial del PSOE. El Huffington Post ha tenido acceso en exclusiva al documento con el que los socialistas no pretenden abrir un proceso constituyente sino mantener los «principios e instituciones esenciales» de la Carta Magna, además de fortalecer los derechos reconocidos a los ciudadanos y adecuar su texto a las transformaciones experimentadas por nuestra sociedad. Todo con un Estado de estructura federal que respete la diversidad y las singularidades de los territorios de España, la cohesión social y la igualdad, y ofrecer las respuestas más adecuadas a los problemas de nuestras comunidades en un Estado integrador y eficiente.

El federalismo que propone el PSOE asume la importancia de los sentimientos y de las identidades, que no tienen por qué ser excluyentes. La propuesta amplía la Declaración de Granada que los socialistas aprobaron el 6 de julio de 2013 con Alfredo Pérez Rubalcaba de secretario general. Un texto en el que ya entonces se afirmaba que el Estado de las Autonomías necesitaba de una profunda y urgente actualización.

Estas son algunas de las propuestas para el cambio que deberá ser, en todo caso, fruto del pacto entre la gran mayoría de los partidos políticos:

Estado del Bienestar

• Reformar el artículo 135 para incorporar las condiciones de salvaguarda de la «Estabilidad Social» del Estado que figura en su actual texto con el fin de que, con criterios de sostenibilidad, aseguren en la distribución del gasto público un nivel adecuado y suficiente de financiación de los servicios y prestaciones sociales.
• Reconocer como derechos fundamentales los derechos a la protección de la salud y a la protección por la Seguridad Social ante situaciones de necesidad previstas en la Ley, incluyendo el reconocimiento del derecho a una renta o ingreso mínimo vital ante situaciones de carencia efectiva para el mantenimiento de una vida digna.
• Mejorar el reconocimiento del derecho al trabajo, incluyendo referencia expresa al derecho a la tutela judicial en caso de despido injustificado y al derecho a la seguridad, salud y dignidad en el trabajo.
• Mejorar la regulación actual sobre protección a las familias, de acuerdo con un concepto amplio de familia que comprenda las nuevas formas de convivencia, con especial atención a la conciliación de la vida familiar y laboral.
• Dotar de contenido el derecho a la vivienda mediante la previsión de obligaciones concretas para los poderes públicos, especialmente en casos de desahucio.

Derechos y Libertades

• Atribuir a «las personas» y no solo a los españoles el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Incluir nuevas causas de prohibición de la discriminación.
• Incorporar a la Constitución una regulación expresa y específica de la igualdad entre mujeres y hombres que se extienda, entre otros ámbitos, al empleo y las condiciones de trabajo, al derecho de las mujeres a su salud y a su vida, a la protección frente a la violencia de género, a la libertad de decidir sobre sí mismas, al desarrollo de una educación en valores cívicos y en igualdad, libre de sesgos de género, y a la participación política.
• Eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona.
• Abolir la pena de muerte, incluso para tiempos de guerra.
• Actualizar y consolidar el principio de laicidad, incluyendo el sometimiento de los representantes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones.
• Facilitar el voto de los ciudadanos extranjeros. Fortalecer el derecho de asilo, garantizando su protección efectiva.
• Configurar un derecho autónomo a la protección de datos de carácter personal, incluyendo el llamado «derecho al olvido». Reconocer el derecho ciudadano al acceso a la información pública.
• Actualizar la configuración constitucional del matrimonio contemplando expresamente el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
• Mejorar la atención de los poderes públicos a las personas con discapacidad, suprimiendo la referencia a «disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales».

Calidad democrática e instituciones

• Establecer la exigencia de participación de los afiliados a los partidos políticos en la elección de sus dirigentes y de sus candidatos a las elecciones. Fortalecer la transparencia sobre su organización y funcionamiento, especialmente sobre su financiación. Incluir el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres en las candidaturas electorales.
• Introducir la obligación de que, tras el acto de convalidación de un decreto-ley, éste sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia si así lo solicitara una minoría cualificada.
• Limitar el aforamiento de parlamentarios y miembros del Gobierno a los supuestos relacionados con el ejercicio de su cargo. Suprimir la inmunidad parlamentaria.
• Incrementar la proporcionalidad del sistema electoral para el Congreso de los Diputados.
• Desbloquear las listas.
• Remitir la fijación de los elementos del sistema electoral a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, aprobada por mayoría cualificada.
• Rebajar las condiciones para presentar una iniciativa legislativa popular y dar posibilidad a sus promotores de acceder a la sede parlamentaria en defensa de sus propuestas.
• Fortalecer la actuación imparcial e independiente de los órganos constitucionales y organismos reguladores mediante el establecimiento de un sistema para el nombramiento de sus miembros en el que se prevea la convocatoria pública de las vacantes a cubrir, la evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos por un Comité Asesor de composición profesional variable cuyos informes se harán públicos, la celebración de sesiones de audiencia en las correspondientes comisiones del Congreso y del Senado y la elección final por parte del Parlamento.
• Atribuir en exclusiva a las Cámaras la designación de magistrados del Tribunal Constitucional.
• Reformar el alcance y el procedimiento para la reforma constitucional con el objetivo de deshacer la gran rigidez de la regulación actual.

Un nuevo pacto territorial

• Incluir en la Constitución a las Comunidades Autónomas por su nombre. Incorporar la referencia a la autonomía de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
• Mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España con el objetivo de establecer su reconocimiento como lenguas del Estado y la garantía de la libertad de uso, sin discriminación, de cualquiera de las lenguas oficiales en los territorios de las respectivas Comunidades.
• Reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara territorial. Redefinir sus funciones para vincularlas a las que derivan de la dimensión territorial (legislación básica del Estado, leyes con incidencia territorial, leyes de financiación, asuntos de la UE que afecten a las comunidades).
• Revisar su estructura y composición optando entre un modelo intergubernamental o un modelo representativo de las Comunidades.
• Incluir el principio de lealtad federal entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Impulsar los instrumentos de colaboración y cooperación entre administraciones. Precisar la responsabilidad respectiva del Estado y de las CCAA en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados de la UE.
• Racionalizar, clarificar y completar el sistema de distribución competencial, incluyendo la delimitación, al máximo posible, de los ámbitos respectivos en las competencias compartidas y enunciando de manera precisa los títulos competenciales de carácter horizontal del Estado.
• Reconocer las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas: lengua propia; cultura; foralidad; derechos históricos; insularidad; organización territorial o peculiaridades históricas de derecho civil.
• Atribuir al Estado la garantía de la igualdad de todos los españoles en sus condiciones básicas de vida, en el disfrute de los servicios básicos esenciales, en el ejercicio de los derechos y libertades y en el cumplimiento de los deberes, así como la igualdad en el territorio en el que se resida.
• Establecer los elementos fundamentales del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas conforme a los principios de certeza, estabilidad, y equilibrio en el reparto de los recursos públicos y los de autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad interterritorial, definiendo la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera con el objetivo de dar la máxima transparencia a la garantía del principio de solidaridad a través del reconocimiento de niveles similares de servicios públicos; el alcance del concepto de esfuerzo fiscal similar en todos los territorios entendido como la existencia de una referencia normativa de tipos impositivos efectivos iguales; la atención a la precisión del Tribunal Constitucional de que la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa a quien contribuye respecto de quien se beneficia; y el reconocimiento de los imprescindibles instrumentos de cohesión, equilibrio y convergencia territorial.
• Configurar en la Constitución una autonomía local fortalecida y sostenida sobre los principios de competencias propias, subsidiariedad y suficiencia financiera, el impulso a la cooperación intermunicipal y la protección de la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios esenciales en los municipios rurales.
• Mantener la unidad del poder judicial y la preeminencia del Tribunal Supremo, orientado principalmente, mediante el recurso de casación, a la unificación de doctrina. Atribuir a los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades la culminación ordinaria de la resolución de los recursos judiciales. Garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial y posibilitar la desconcentración en las Salas de Gobierno de los TSJ de determinadas decisiones administrativas.