Una propuesta ambigua y multiconfesional sobre una Ley de Libertad de Conciencia (al menos no se utiliza “libertad religiosa”), es lo que junto a otra sobre eutanasia y muerte digna, se dice sobre laicidad. Nada de poner en entredicho los Acuerdos, la financiación, los conciertos, las inmatriculaciones,… o apostar por la escuela laica.
El PSOE se compromete en su programa de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril a promover una Ley sobre Libertad de Conciencia y a erradicar la intolerancia religiosa en España. Así se recoge en el documento ‘110 compromisos con la España que quieres’, que los socialistas han presentado este miércoles 27 de marzo.
Asimismo, el PSOE promete “favorecer en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, el estudio de la incidencia de la intolerancia religiosa, así como un seguimiento de su evolución, estableciendo medidas para su prevención y erradicación”.
En las medidas destacadas por los socialistas no se hace referencia a los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979. Si bien, en el programa con el que Pedro Sánchez llegó, hace casi dos años, a la Secretaría General del PSOE, después de las primarias de su partido, el hoy presidente se comprometía a denunciar estos Acuerdos con la Iglesia.
“La condición laica del Estado requiere la derogación de normas y acuerdo constitutivos de privilegios heredados del pasado. Por ello es preciso proceder a la denuncia de los cuatro Acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1979, que dieron continuidad al Concordato establecido en 1953 entre el Régimen franquista y la Santa Sede”, subrayaba en aquel documento titulado ‘Somos socialistas-por una nueva democracia’.
En concreto, se refería a “la autofinanciación de la Iglesia, la secularización de las ceremonias y signos y a la neutralidad de todas las instituciones, servicios y servidores públicos respecto a las convicciones ideológicas y religiosas de los ciudadanos”.
LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA DE 1980
En la actualidad, en España se encuentra en vigor la Ley de libertad religiosa de 1980 que garantiza el derecho de todas las personas a “profesar las creencias religiosas que libremente elijan o a no profesar ninguna”, a “manifestar libremente sus propias creencias o abstenerse de declarar sobre ellas”, a practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión, conmemorar sus festividades y recibir sepultura digna.
Esta ley también protege el derecho a “recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole” y a “elegir para sí y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
En España, según el último barómetro del CIS, el 67,5 por ciento de los españoles se declaran católicos aunque el 62,1 por ciento de los que se declaran creyentes dicen no ir casi nunca a misa u otros oficios religiosos.
Por su parte, las religiones minoritarias han pasado de representar un 1,7 por ciento de la población en 2006 a un 3,8 por ciento en 2018, según datos aportados por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el pasado mes de enero durante la inauguración de las jornadas ‘Constitución y diversidad religiosa’, en el marco de las celebraciones por los 40 años de la Constitución española.
En el registro del Ministerio de Justicia hay inscritas un total de 19.000 entidades religiosas, de las cuales 13.600 son católicas (el 71,6 por ciento) y las 5.400 restantes, de otras confesiones como evangélicos, judíos, musulmanes, ortodoxos, budistas, testigos de Jehová o mormones, entre otras.
En materia religiosa, el Estado tiene firmados acuerdos de cooperación con la Santa Sede (1979) así como con la Comisión Islámica de España (CIE), la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE). Los acuerdos con musulmanes, judíos y evangélicos se firmaron en 1992.
Además, en 2004, el Gobierno creó la Fundación Pluralismo y Convivencia, adscrita al Ministerio de Justicia, que busca promover la libertad religiosa a través de la cooperación con las confesiones minoritarias. Según la resolución de las ayudas para 2019, esta Fundación ha concedido ayudas por valor de 962.205,50 euros a la FEREDE, a la CIE y a la FCJE.
