Defiende que el Gobierno dicte «exigencias jurídicas y sociales para los responsables» de la religión musulmana en España
El Grupo Socialista ha remitido a sus socios parlamentarios un borrador de texto de "recomendaciones preliminares de investigación de los atentados del 11-M al Gobierno" en el que, entre otras cosas, propone la definición de un "catálogo de causas tasadas posibles para la disolución de agrupaciones religiosas o suspensión de las actividades de las mismas".
En el último capítulo del documento, de 46 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, se habla de las instituciones religiosas islamistas y se indica que las personas que profesan la religión musulmana -sean guías espirituales o meros seguidores- deben asumir que el terrorismo fundamentalista utiliza sus creencias perversamente para ir de manera ciega contra el ser humano, justo la razón de existir de esa fe.
Por ello, se añade que "la colaboración social entre todos para aislar a los violentos es imprescindible, y en esa tarea tienen responsabilidad principal quienes cuentan con labores directivas en la religión musulmana y quienes la abrazan convencidamente, estando en contacto con fanáticos irreverentes, como los terroristas dispuestos a desvirtuarla hasta el extremismo y ocasionar interminable daño social".
Actualización acuerdo estado-religión musulmana
Alguna de las propuestas que se hacen para intentar ese aislamiento social del violento que mata o del que lo inspira, sostiene y/o cobija es la actualización del acuerdo entre el Estado español y los responsables de la religión musulmana en sus distintas creencias, que permita un apoyo económico de las organizaciones islámicas en parecidos términos al que ya tienen otras religiones, "y que suponga exigencias jurídicas y sociales para los responsables de esa religión en España".
Se agrega que el Estado ha de respetar la libertad de culto y el reconocimiento de su pluralidad compatible con el régimen democrático, y propiciar lugares de encuentro entre las distintas religiones que se profesan en España. Se propone también facilitar el culto musulmán y el encuentro entre quienes profesan esa religión en edificios de concurrencia pública, evitando la proliferación de centros sin control ni registro y de imames próximos a posiciones violentas".
Además, se recomienda realizar un tratamiento educativo general adecuado de la religión musulmana como una más de las opciones del ser humano en democracia, así como "sentar las bases para enseñar al musulmán residente en España a profesar su fe sin complejos, porque eso también es hacer democracia y, a la par, hacer realidad otros valores democráticos que acompañen al de libertad de culto, con total respeto y tolerancia de los demás".
Asignatura de ética democrática
"Estas escuelas de la democracia podrían llevarse a cabo bien directamente en los propios centros religiosos musulmanes, bien indirectamente en el aula por la que pasan los sometidos a currículo escolar, a través de una asignatura de Ética democrática", precisa el borrador de conclusiones.
Se aboga por propiciar una intensa colaboración de las instituciones con la Comisión Islámica para hacer posible el adiestramiento en valores democráticos de las personas que pasan por las Escuelas de formación de imames existentes en nuestro país. También por materializar medidas efectivas de integración social de musulmanes residentes en España, impidiendo que su vida social de relación se forje sobre guetos de exclusión auspiciados por la religión común que abrazan.
Con el fin de prevenir eventuales procesos de radicalización, se defiende que los organismos competentes realicen estudios sociológicos sobre las comunidades o sectores de población que pudieran estar en riesgo de verse afectados por la acción de las redes de terrorismo internacional.
Entre las medidas a nivel legislativo estarían, además del catálogo de causas para disolución de agrupaciones religiosas, la de definir de forma más clara el concepto jurídico de Comunidad islámica ante el ordenamiento jurídico.
Asimismo, se aboga por establecer unas relaciones claras entre las Comunidades islámicas, las Federaciones y la Comisión islámica de España (CIE), valorando positivamente la iniciativa del Gobierno de crear una fundación para colaborar con la comunidad Musulmana y con otras confesiones minoritarias.
Definir requisitos para ministros de culto islámico
Finalmente, se pretende definir con mayor claridad de los requisitos y condiciones para que determinadas personas puedan ser consideradas como ministros de culto islámico, así como el reconocimiento de las categorías acuñadas en el derecho y la tradición islámica (imames, ulemas y los mufis), "concediéndoles un estatuto si fuera necesario".
Además de defender la necesidad de deslindar claramente al Islam del terrorismo de Al Qaeda o de grupos inspirados por esa organización, así como "no confundir las causas de ese terrorismo internacional islamista con los pretextos que interesada y oportunistamente alegan que lo llevan a cabo", el documento indica que la política exterior y de cooperación española debe ser la primera y más importante política de seguridad".
Política exterior para la seguridad
En dicho apartado de política exterior, se apunta el refuerzo de la coordinación contra el terrorismo, no sólo entre países miembros de la UE y a escala internacional. "Especialmente -se dice- a través de convenios de colaboración con los Estados árabes y muy principalmente con Marruecos, Argelia y Túnez, en materia de inteligencia, acceso a bases conjuntas, armonización de legislaciones, investigaciones compartidas e instrucciones judiciales en estrecha colaboración".
Se considera conveniente la celebración de encuentros periódicos para la puesta en común de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad de los países del Mediterráneo, principalmente Argelia, Túnez, Marruecos, Francia, Italia y España.
Asimismo, se quiere que España exija que todos los Estados miembros de la UE ratifiquen el Convenio de Asistencia Judicial en materia penal, de mayo de 2000, que hasta ahora sólo se aplica en Dinamarca, España y Portugal, ya que el mismo permite medidas avanzadas de investigación, control electrónico y de coordinación judicial. También se reclama el impulsar la ratificación general de la orden de detención europea y reuniones bilaterales o multilaterales entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los servicios de inteligencia.
Política cultural, social y de cooperación y desarrollo
El borrador también incluye otro tipo de iniciativas, como la creación de plataformas de diálogo intercultural aceptando la diversidad del mundo y no desde una pretendida superioridad moral y política de nuestra civilización occidental.
También se quiere intensificar los programas de desarrollo compartido con el mundo islámico y en particular Marruecos y el Norte de Africa, "favorecer el enfoque de otro modelo de respuesta al conflicto árabe-israelí" y que no se conculquen resoluciones de organismos internacionales.
"El 11-M nació de radicales locales no de activistas globales"
En este apartado se defiende el promover la integración social, económica y cultural de la comunidad musulmana en España, con el argumento de que el atentado del 11-M "nació de radicales locales, no de activistas globales".
"Por lo tanto, es primordial eliminar cuanto se pueda las fuentes de frustración y marginación entre los inmigrantes musulmanes en nuestro país y aislar socialmente al terrorismo", explica el informe de conclusiones al que ha tenido acceso Europa Press.
