El Parlamento votó una proposición de Podemos para recuperar parte del patrimonio pero el PP votó en contra y PSOE y Ciudadanos se abstuvieron
Los socialistas alegan que es competencia del Gobierno central y desde Podemos lo desmienten y les recuerdan que País Vasco, Navarra y Aragón ya han elaborado ese listado
Los socialistas alegaron la dificultad de contabilizar el enorme Patrimonio histórico y cultural de la región: «Andalucía es una comunidad muy extensa y eso es competencia del Gobierno central, nosotros podríamos hacerlo también, sí, pero otras comunidades lo han pedido al Gobierno de la nación y se lo han dado, es más fácil que lo hagan ellos», expresó la diputada Soledad Pérez.
Según informa El País, desde Podemos, Lucía Ayala recordó que su partido había negociado con el PSOE pedir esta tarea al Gobierno de Rajoy y, que si no obtenían respuesta pasado un mes, sería la Junta la que tomaría la iniciativa. Podemos subrayó además que no es esta una competencia exclusiva del Gobierno del Estado ya que País Vasco, Aragón y Navarra han elaborado ya estos listados, en todos los casos contando con el apoyo del PSOE.
«El PSOE se convierte en cómplice del enorme expolio»
Desde la plataforma Mezquita-Catedral: patrimonio de todos criticaron que, con su abstención, «el PSOE traiciona su compromiso expreso reiterado por su presidenta, Susana Díaz, de defender la titularidad pública de la Mezquita-Catedral y se desmarca de su propio programa electoral, reclamaba ‘la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los bienes que han sido inmatriculados a favor de la Iglesia católica si dicha inmatriculación se produjo sin la existencia de un título material'».
De hecho, recordaron que la propuesta rechazada estaba redactada «en idénticos términos a la presentada en mayo por su propio partido ante el Congreso». «La Junta de Andalucía deberá explicar por qué defiende con firmeza el interés general cuando es oposición y a una entidad privada, como la Iglesia católica, cuando tiene responsabilidades de gobierno», añadió el colectivo.
Para esta plataforma «el PSOE de Andalucía se convierte en cómplice del enorme expolio perpetrado por la Iglesia al amparo de una ley claramente inconstitucional» que le ha permitido, entre otras cosas, adueñarse de la Mezquita de Córdoba.
El Parlamento andaluz frena en el primer paso para recuperar la Mezquita de Córdoba entre otros bienes inmatriculados por la Iglesia
Efectivamente,el folleto explicativo de este monumento únicodeclarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1984se llamaba “Guía breve de la Mezquita Catedral de Córdoba” en 1981, y presentaba tres grabados del siglo XIX con imágenes de la mezquita propiamente dicha y uno pequeño, abajo, de la catedral incrustada en su centro. En 1998 el folleto pasó a llamarse “Guía breve de la Santa Iglesia Catedral”, pero mantuvo el subtitulo “Antigua Mezquita de Córdoba”. Es en 2009, con el monumento ya inmatriculado en secreto por la Iglesia Católica, cuando un envalentonado Obispado decide volver a cambiar el folleto explicativo que se entrega al visitante con su entrada para en esta ocasión suprimir la palabra «Mezquita» de su título y así rebautizar el BIC como “La Catedral de Córdoba. Testigo vivo de nuestra Historia”, presentando en su portada una vista de la bóveda gótica de la catedral y dejando lo relativo al período islámico en una reducida explicación al final. Es el panfleto aún vigente en 2016.
En cuanto a la inmatriculación de los bienes inmuebles que otorgó la titularidad a la Iglesia, esta se basa en la Ley Hipotecaria franquista, de 1946, que Aznar amoldó a gusto de la Conferencia Episcopal en 1998, momento de la liberalización del suelo que inició la burbuja inmobiliaria y precisamente el mismo año de la primera modificación del folleto que cambiaba la expresiónMezquita Catedral por Santa Iglesia Catedral. Entre 1998 y 2015 la Iglesia Católica española se apropió de miles de inmuebles del patrimonio de toda la ciudadanía. A partir de 2015 cuando entra en vigor la reforma de junio de 2014 de la Ley Hipotecaria, la Iglesia debe cumplir los mismos requisitos que el resto de organizaciones para registrar inmuebles, pero ¿qué ocurre con todos esos monumentos inmatriculados durante 16 años y cuyo número se elava a unas 4.500 propiedades? Que -por el momento- siguen siendo propiedad legal de la Iglesia católica.
El procedimiento de inmatriculación en virtud de título público se reguló en estos dos artículos de la Ley Hipotecaria vigentes hasta junio de 2015;
Art. 205: “Serán inscribibles, sin necesidad de la previa inscripción, los títulos públicos otorgados por personas que acrediten de modo fehaciente haber adquirido el derecho con anterioridad a la fecha de dichos títulos, siempre que no estuviere inscrito el mismo derecho a favor de otra persona y se publiquen edictos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde radica la finca, expedidos por el Registrador con vista de los documentos presentados. En el asiento que se practique se expresarán necesariamente las circunstancias esenciales de la adquisición anterior, tomándolas de los mismos documentos o de otros presentados al efecto.”
Art. 206: “El Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquél y las de la Iglesia Católica, cuando carezcan de título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos, en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos. Mediante certificación administrativa, librada en los términos indicados en el párrafo anterior y con los demás requisitos en cada caso establecidos, podrán inscribirse la declaración de obra nueva, mejoras y división horizontal de fincas urbanas, y, siempre que no afecten a terceros, las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas del Estado y de los demás entes públicos estatales certificantes.”
Inmatriculación de la mezquita-catedral por parte del Obispado de Córdoba en el registro de la propiedad.
Los registros se hicieron sin necesidad de otro requisito que una certificación del Obispo, sin estar obligado a hacerlo público por edicto y sin pagar el impuesto de transmisión patrimonial. Los ciudadanos de Córdoba descubrieron en 2009 que la Mezquita había sido registrada a nombre del Obispado tres años antes (el 2 de marzo de 2006), en un acto que le costó 30 euros.
Por todo ello, el primer paso para la recuperación del patrimonio de todos es conocer cuáles son esos bienes inmatriculados. En este sentido, Podemospresentó ayer en el Parlamento andaluz una Proposición no de Ley para reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia Católica en Andalucía. La PNL pide -entre otras cuestiones- que se determine “si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo que justifique la titularidad” y que se elabore un estudio para conocer el impacto de la actuación de la Iglesia sobre los bienes inmatriculados.
La Plataforma ‘Mezquita Catedral, patrimonio de tod@s’, a través de su portavoz Miguel Santiago, declaró antes de la votación: “pedimos al PSOE de Andalucía que responda a su compromiso, a su programa y a su ideología, que es defender el patrimonio de los andaluces”.
El PSOE-A presentó enmiendas a la PNL que recogen, entre otros aspectos, una modificación por la que declara que sea al Gobierno central al que se le reclame elaborar y facilitar el listado de los bienes que han sido inmatriculados por la Iglesia católica en Andalucía.
La proposición de Podemos fue rechazada con el voto en contra de PP, la abstención del PSOE y Ciudadanos y el voto favorable de Izquierda Unida.
IU exigió otra vez el 10 de febrero que se devuelva todo el patrimonio que se ha usurpado con las inmatriculaciones de la iglesia católica. Marina Albiol, eurodiputada de IU en el Parlamento europeo afirma que “ha denunciado en el Parlamento europeo la cuestión de las inmatriculaciones porque han supuesto un gran expolio de patrimonio público, del cual, además, se desconoce la cifra exacta debido a la negación permanente del Partido Popular de que se hiciese público ese listado”. IU se va a seguir insistiendo para que “la Comisión Europea tome cartas en el asunto y que haga realmente una llamada de atención al Estado español para que se devuelva todo aquello que se ha usurpado con las inmatriculaciones”.
De hecho, Izquierda Unida incluye en su programa la desamortización de los bienes de la Iglesia, eliminar su financiación a través de la casilla en el IRPF y anular todas las propiedades rústicas y urbanas «inmatriculadas» desde 1946 para avanzar en el laicismo del estado.
En otras Comunidades con gobiernos autonómicos no sostenidos por Ciudadanos, el comportamiento del PSOE ha sido diferente: Navarra, País Vasco y Aragón aprobaron iniciativas similares a la presentada por Podemos con el apoyo del partido socialista. Aragón está a la espera de los datos. El Gobierno en Euskadi, a instancias de su Parlamento, acaba de proporcionar un listado de bienes inscritos por la Iglesia que suma más de 530 propiedades. Es un ejemplo de que las competencias para recoger ese listado son autonómicas. Aún así, el PSOE de Andalucía defiende que es el Gobierno central el que debe encargarse de esta tarea, y que el listado de bienes inscritos por la Iglesia se recabe desde 1998 en lugar de 1978, como proponía Podemos.
En respuesta al comportamiento contradictorio del PSOE-A, la Plataforma Mezquita Catedral, patrimonio de todos ha emitido un duro comunicado que publicamos a continuación:
La Mezquita Catedral batió su marca de visitantes con 1,6 millones en 2015. La Diócesis de Córdoba no ha declarado en sus cuentas los ingresos específicos que obtiene por la entrada al monumento, pero los ingresos se situarían entre los 11 y 13 millones de euros al año a tenor de los 8 euros de la entrada (salvo cordobeses residentes), 2 euros extras por subir al campanario (antiguo alminar) y los 18 euros que abonaron cada una de las 28.000 personas que eligieron la visita nocturna. La explotación económica de la Mezquita Catedral por parte de la Iglesia Católica constituiría una actividad empresarial sujeta a los principales impuestos del tráfico mercantil, el IVA y el Impuesto de Sociedades, sin embargo, no tributa por ellos por gozar de sendas exenciones gracias a encontrarse bajo el acuerdo del Estado con la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 1979.
En cuanto a las obras de restauración, estas suelen correr a cargo del sector público. Así, en 2003, la administración central desembolsó 3,4 millones de euros en rehabilitaciones en la Mezquita que se suman a las de la Junta de Andalucía. Por su parte, y por poner un ejemplo, la Consejería de Cultura de la Junta gastó 40 millones en restaurar 225 iglesias entre 2007 y 2011. Sólo en la iglesia de San Agustín (recientemente inmatriculada por el Obispado, después de que fuese restaurada con fondos públicos), una de las denominadas iglesias fernandinas de Córdoba, la inversión superó los 3,5 millones de euros.
La plataforma de la Mezquita acusa de “traición” al PSOE
El colectivo emite un duro comunicado tras la votación de ayer en el Parlamento de Andalucía y asegura que los socialistas han votado en contra “de su propio programa electoral”
“El PSOE-A traiciona su compromiso expreso reiterado por su presidenta, Susana Díaz, de defender la titularidad pública de la Mezquita-Catedral y vota en contra de su propio programa electoral”. La plataforma Mezquita-Catedral, Patrimonio de todos ha emitido un duro comunicado tras el debate de ayer en el Parlamento de Andalucía en el que finalmente no salió adelante una proposición no de ley de Podemos para pedir un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica en Andalucía y reclamar aquellos susceptibles de ser de dominio público, como es el caso de la Mezquita de Córdoba.
La plataforma considera “un nuevo revés político y legislativo” el que a su juicio ha protagonizado “el principal partido de la Cámara y sostén del Gobierno andaluz”, el PSOE. El colectivo asegura que el PSOE en su programa electoral del pasado 20-D reclamaba “la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los bienes que han sido inmatriculados a favor de la Iglesia católica si dicha inmatriculación se produjo sin la existencia de un título material”.
“Sorprendentemente, el PSOE-A también votó ayer en contra de una proposición no de ley redactada en idénticos términos y presentada en mayo pasado por su propio partido ante el Congreso de los Diputados. La Junta de Andalucía deberá explicar por qué defiende con firmeza el interés general cuando es oposición y a una entidad privada, como la Iglesia católica, cuando tiene responsabilidades de gobierno”, señala la plataforma en su comunicado.
“Es falso que el Gobierno andaluz no pueda pedir directamente el listado de inmatriculaciones y deba hacerlo a través del Gobierno central. Tal como han hecho ya tres comunidades autónomas, puede solicitar la información a los Decanatos de Registradores, que están obligados por ley a facilitarla. La Junta de Andalucía se parapeta en ese ardid administrativo porque sabe perfectamente que el Gobierno del PP no hará pública la lista y así el PSOE-A tendrá una nueva excusa para culpar a otros y escurrir sus responsabilidades”, agrega el colectivo.
“El PSOE-A pierde una oportunidad histórica y se convierte en cómplice del enorme expolio inmobiliario y cultural perpetrado por la Iglesia católica al amparo de una ley claramente inconstitucional que le otorga el medieval privilegio de poder inscribir a su nombre bienes con la simple autocertificación del obispo y sin presentar títulos de dominio escrito”, insiste la plataforma.
La plataforma continúa su escrito insistiendo en que “el Gobierno andaluz vuelve a defraudar la aspiración de cientos de miles de andaluces que firmaron una petición pública en defensa de la Mezquita de Córdoba y desoye la voz de prestigiosos intelectuales, científicos, académicos y una incontable nómina de personajes de la cultura que han denunciado reiteradamente la apropiación de una de las joyas de la arquitectura andalusí más importantes del mundo por medio de una artimaña jurídica”.
