El proyecto de Estatuto catalán tiene como objetivo la búsqueda de un nuevo modelo de financiación pública en Cataluña y quizás ese pacto fraguado con el acuerdo de Convergencia y el Partido Socialista Catalán constituya un avance para el denominado autogobierno catalán pero este Estatuto no parece que vaya mucho mas allá del actual Estatuto en cuanto a la cuestión social o al modelo de sociedad. El Estatuto no es moderno, al contrario tiene un aire un tanto anacrónico; por ejemplo sus constantes referencias a la "familia" como sujeto de derechos especiales despiden un tufo muy conservador.
Desde una valoración política de urgencia parece que la izquierda minoritaria en el Gobierno catalán ha sacrificado sus principios al pacto nacionalista por su permanencia en el gobierno tripartito. Uno de los asuntos que han estado en la polémica cara a buscar el consenso político parlamentario -que indudablemente lo tiene-ha sido el asunto del laicismo en Cataluña. Debemos decir claramente lo que ha pasado: Esquerra Republicana se ha plegado a Convergencia y el PSC también se ha plegado a Convergencia. No existe ninguna declaración en que se diga que la Generalitat es un gobierno laico al contrario veremos como se obliga al Gobierno a colaborar con las iglesias y organizaciones religiosas.
En cuanto a la enseñanza el abandono de un modelo público educativo es total y radical. El Estatuto es un canto a la enseñanza privada concertada a la que se dota de garantías estatutarias. Es evidente que en Cataluña no se apuesta por una enseñanza publica ya que los gobiernos, sin excepciones, se han plegado al avance formidable de la escuela privada concertada, sector donde está escolarizado mas del 50% de la población escolar.
Veamos como se aborda esta cuestión en el proyecto del Estatuto. En el artículo 131 dedicado a la Educación, el Estatuto ya limita la acción del Gobierno catalán a los principios "establecidos por el Estado para el derecho a la educación y la libertad de educación", evidentemente la libertad de educación es la libertad de creación de centros docentes privados y el muy discutible derecho de éstos a la financiación pública. La libertad de educación es la justificación para garantizar la financiación pública de los colegios privados ya que se entiende que la educación debe incluir la garantía de la libertad de elección de centro por parte de las familias y de ahí se deriva la financiación pública de la enseñanza concertada. Esa es la filosofía que este Estatuto comparte letra a letra y punto a punto.
En este artículo se apuesta por un modelo segregacionista de enseñanza privada concertada y pública. Así pues todas las proclamas de principios sobre la equidad quedan quebradas en este capitulo educativo. Se niega radicalmente que la escuela pública sea el centro del sistema educativo e instrumento de emancipación ciudadana y se apuesta por lo que existe ahora mismo en Cataluña: un modelo educativo desarticulado centrado en la enseñanza privada -con gran peso de la confesional- y unos centros públicos orientados a los de abajo y los inmigrantes. El Estatuto profundiza en el segregacionismo escolar.
Pero lo más triste se recoge en el artículo 21, incluido en el Titulo dedicado a los derechos. En efecto, en este artículo, en su apartado primero, se establece que "todas las personas tienen derecho a una educación de calidad y acceder a ella en unas condiciones de igualdad…" pero en el apartado siguiente de este artículo se establece: "que los padres tienen garantizado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 37.4, el derecho que les asiste para que sus hijos e hijas reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus convicciones en las escuelas de titularidad publica, en las cuales la enseñanza será laica"… un verdadero galimatías. En el apartado siguiente del articulo lo que se establece es una garantía de financiación de la enseñanza privada al proclamar " que los centros privados podrán recibir financiación pública de acuerdo a lo establecido en las leyes…" Afirmar, por un lado, que la enseñanza es laica y a continuación establecer que el adoctrinamiento religioso y moral en las escuelas públicas es un derecho de los padres "con convicciones religiosas" -por cierto ¿que pasa con los padres que no tenemos convicciones religiosas?- es una contradicción que no se puede salvar de ninguna forma, es una pirueta de salto mortal. Además , todo ello debe hacerse en el marco del respeto a lo establecido en el críptico artículo 37.4 que indica que las leyes catalanas no pueden menoscabar los derechos establecidos en la Constitución, las leyes orgánicas y los tratados internacionales; esto traducido al ámbito educativo quiere decir: garantía de financiación pública para los centros privados y garantía para la enseñanza religiosa y el adoctrinamiento católico (ya que es esa la garantía que establece la vergonzosa ley orgánica de libertad religiosa y el concordato posfranquista con la Santa Sede de 1979).
En la práctica lo que dice este Estatuto es: un sistema educativo con amplia participación de los centros privados con financiación pública; una garantía de la financiación pública de los colegios religiosos y una garantía de adoctrinamiento religioso en los centros públicos. El Estatuto, para colmo, establece un extrañísimo artículo 161 dedicado "a las relaciones con las entidades religiosas". Este articulo lo que establece es una obligación de la Generalidad de colaborar, promocionar y cooperar con las entidades religiosas, es decir, con las iglesias de todo tipo y no solo en una competencia exclusiva sino también compartida, incluso va más allá, ya que establece que la Generalitat podrá desarrollar, en su ámbito, los convenios de colaboración y de cooperación con las iglesias suscritos por el Estado central. Este artículo es un homenaje a la filosofía de concordato y de pacto con las iglesias. Es la idea de que el Estado debe no solo reconocer de manera especial a las iglesias sino que además debe colaborar con ellas. Precisamente todo lo contrario al ideal laico: el Estado ni reconoce a ninguna iglesia ni las sostiene ni coopera con ellas.
Este proyecto de Estatuto ha conseguido, efectivamente, un gran consenso parlamentario interno pero es evidente que los ideales laicistas que preconizan Esquerra Republicana o que preconizan Iniciativa per Catalunya- es cierto que IC votó en contra del artículo educativo- se han sacrificado en la mesa de negociación. Estos sacrificios, en aras de la estabilidad gubernamental, suelen, al final, pagarse. ¿Será el próximo gobierno de Cataluña un gobierno de gran coalición Convergencia /PSC?
