Familias que no acudieron al juzgado también denunciaron tocamientos
Ocho años de presuntos abusos sexuales. Ocho niños, todos menores de 12 años, con graves “secuelas psicológicas” según la fiscalía. Familias enteras enredadas en la “actitud vil” de Antonio O.G., el presunto pederasta que ejercía como profesor de Religión católica en la comarca ourensana de Valdeorras. Y es hoy catequista en activo.
Según ha podido saber EL PAIS, el acusado todavía ejerce como monitor de catequesis en diversas parroquias. La Xunta lo apartó hace dos años de la docencia, pero responsables eclesiásticos de la zona lo mantienen al frente de grupos católicos con decenas de niños. Un portavoz del Obispado de Astorga explica que “se enteraron del problema por la prensa”. Declaran que no tuvieron “nada que ver” con su retirada de las aulas porque “no tenían denuncias de nadie”, pero “si lo denunciado es cierto, debe ser juzgado”.
“Está en tratamiento por depresión” denuncia la familia del profesor. “Se está confundiendo una actitud quizás excesivamente cariñosa que para nada es libidinosa”, afirma su abogado.
La portavoz del AMPA de Rubiá resalta que decidieron tramitar una queja a través del consejo escolar tras comunicar los presuntos abusos a la dirección del colegio. La queja de dos casos fue remitida a la inspección educativa y la Administración gallega abrió una investigación a la que se sumaron otras seis familias.
Benestar retiró la custodia de un menor de 14 años al hombre y entregó la custodia a la tía. Este acogimiento tiene informes positivos de los equipos técnicos del menor. Los expertos matizan que “la existencia de unos tíos acogedores, con los cuales el menor mantiene una intensa y positiva relación, es considerado elemento clave para cumplir la premisa de alejamiento y al mismo tiempo minimizar riesgos.
Pero la denuncia presentada en Rubiá ha abierto la caja de Pandora en Valdeorras. Por las manos del exprofesor han pasado decenas de niños y niñas. Ahora, con el foco judicial sobre el hombre, directivos de otros centros reconocen que familias que no están personadas en la querella también denunciaron tocamientos. En el centro de Sobradelo dos niños fueron víctimas de presuntos abusos según la dirección. El fiscal solicita para Antonio O.G. una pena de 19 años de prisión, 35 años de inhabilitación para hacerse cargo de menores y una orden de alejamiento.
Uno de los colegios donde estuvo trabajando.
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