Juanma Moreno (PP), el presidente de la Junta de Andalucía, habló este jueves por primera vez de la huelga educativa contra su «decretazo» –así lo han calificado los sindicatos– de escolarización, aprobado sin consenso con los sindicatos y familias y que favorece, según entienden el profesorado y las familias, a la escuela concertada, que en Andalucía es eminentemente católica.
Moreno se vio obligado a hablar de este asunto, algo que había evitado hasta ahora, por dos veces, en la sesión de control al Gobierno que se produce cada quince días en el Parlamento de Andalucía. Primero, a preguntas del portavoz de Vox, Alejandro Hernández, y luego, a las del PSOE, José Fiscal.
Moreno no piensa rectificar. Y lo expresó con esta frase: «Este gobierno va a seguir en darle libertad a los padres y las familias, que nos parece algo razonable».
«En Andalucía no nos interesa presentar una imagen de convulsión social, que algunos quieren proyectar. Es netamente negativo para atraer inversión. Presentar esa imagen es errónea, no se corresponde con la realidad, y es lesiva», dijo Moreno, como primera consideración, al portavoz de Vox, quien había arremetido con extrema dureza contra los sindicatos.
«La apuesta del Gobierno es por el acuerdo, el consenso y el entendimiento. La paz social es un elemento esencial dentro del sistema para generar inversión. Y esa es la primera opción. El diálogo social es preferente», agregó el presidente.
Esta huelga educativa supone la primera quiebra de cierta hondura en la narrativa de moderación y centrismo en la que ha querido instalarse el presidente, a pesar de haber accedido al cargo con el apoyo de la ultraderecha.
Sobre la huelga en sí, a pesar de que desde el año 2013 no había unanimidad entre centrales sindicales y organizaciones de familia y de estudiante, Moreno manifestó: «No veo motivos para la huelga. No comparto la motivación que ha llevado a esa huelga. Respeto el derecho de huelga. Lo único que pido es que su convocatoria sea el último recurso. Que agotemos el diálogo y que exista siempre una motivación profesional y política».
En esta idea de la huelga como último recurso insistió el presidente varias veces. Sin embargo, Moreno obvió que el decreto se aprobó sin consenso y que, de una tacada, en apenas una semana, Educación sacó la orden y las instrucciones que lo acompañan; todo ello con la intención de aplicar en el próximo proceso de escolarización, el del curso 20-21, su norma.
Fiscal, el portavoz del PSOE, le espetó al presidente: «Ayer se faltó al respeto a la comunidad educativa como nunca. Se dijo que no habían entendido el contenido del decreto. ¿Usted se cree que los profesores, las familias, se echan a la calle por gusto? ¿Comparte usted esas afirmaciones? No les queda otra más que atender a la Comunidad educativa. Como no oigan a la comunidad educativa, va a cometer un error mayúsculo y va a generar un conflicto enorme».
Moreno, en su discurso, se preguntó y se respondió: «¿Por qué estamos a la cola en fracaso escolar? Si esto no funciona, alguien tiene que venir para que las cosas funcionen mejor. ¿Por qué cree que el PSOE perdió el pasado 2 de diciembre? Venimos legítimamente a reformar y a cambiar las cosas. Seguir como estamos, no funciona».
El presidente se refirió también a la huelga, cuyo seguimiento minimizó: «Le manifiesto mi respeto a los trabajadores de la enseñanza pública. [Pero] la repercusión ha sido la que ha sido. ¿Conoce el sistema Séneca? Es donde los profesores se registran cuando van a su puesto de trabajo. Ese sistema nos dice que ha habido una participación del 15%. La huelga ha tenido un impacto discreto. 8 de cada 10 trabajadores han acudido a su puesto de trabajo».
Luego, acusó a Fiscal de «faltar a la verdad» y defendió que no existe riesgo para la educación pública. «Es una confrontación absurda, estéril e increíble entre lo publico y lo privado, porque en Andalucía no existe. Nuestro gobierno va a seguir haciendo reformas para mejorar la calidad de la educación de nuestros hijos y nietos. A nadie se está poniendo en peligro», dijo el presidente.
Los decretos
Moreno se refirió también a un decreto de escolarización de hace trece años, aprobado en el año 2007, con Manuel Chaves (PSOE) como presidente, que funcionó hasta el año 2011. «¿Por qué critica algo que usted hizo? Estableció algo similar, tendrían un centro público y otro concertado. Cuando ustedes hicieron exactamente lo mismo. O cuando ustedes van a colegios privados igual», dijo Moreno.
Lo que estuvo en vigor entonces y que los propios socialistas derogaron en la etapa de José Antonio Griñán como presidente, decía: «Por resolución […] se delimitarán las áreas de influencia y sus modificaciones de cada provincia, de acuerdo con la capacidad autorizada de cada centro docente y la población escolar de su entorno, teniendo en cuenta al determinar cada una de ellas que se pueda ofrecer a los solicitantes, siempre que sea posible, como mínimo, un centro docente público y otro privado concertado».
Lo que aprobó Moreno y su gabinete la semana pasada fue lo siguiente: «En los municipios, entidades o núcleos poblacionales en los que haya centros docentes públicos y privados concertados, las áreas de influencia para cada enseñanza se configurarán de forma que las personas solicitantes tengan la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro de cada tipo».
Basta comparar la redacción de un artículo y otro para ver la diferencia de grado entre la medida aprobada ahora y la otra, que estuvo en vigor entre 2007 y 2011. La cláusula «siempre que sea posible» está también en el decreto de escolarización de Galicia, donde gobierna el PP desde hace años y donde la escolarización, al igual que en Andalucía, hasta ahora, es también eminentemente pública, según los datos del Ministerio de Educación.
Moreno agregó: «Solo el 20% de los municipios tienen [centros concertados], el 80% del territorio no tienen centro concertado». Esta es una manera de presentar los datos. Otra es decir que la mayoría de la población andaluza vive en ese 20% de municipios en los que ya existen centros concertados. El decreto, además, permite la construcción de nuevos centros concertadas, al eliminar la garantía de plazas «públicas».
La redacción del nuevo decreto andaluz de PP y Ciudadanos tampoco es exactamente lo que está regulado en Madrid, cuya norma dice así: «La libertad de elección de un centro escolar sostenido con fondos públicos podrá ejercerse en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, que queda configurada a tales efectos como una zona única educativa».
Así, en Andalucía, PP y Ciudadanos han optado por buscar una fórmula propia, pero que a efectos prácticos, les deja manos libres para, si así lo desean, ampliar hasta el límite de la demanda social el peso de la concertada. La nueva Ley de Educación que prepara el Gobierno de España, formado por una coalición de PSOE y Unidas Podemos, en caso de aprobarse, limitaría las aspiraciones del Ejecutivo de Andalucía.
El presidente arremetió también contra la gestión socialista y le dijo a Fiscal: «Usted sabe lo que es atacar a la educación pública. Es cerrar 16 colegios públicos. 3.650 docentes menos. Eso es atacar a la educación pública. ¿Qué queremos? ¿Ver a Andalucía en la cola siempre?».
El punto 71 del acuerdo de Gobierno que tienen firmado PP y Ciudadanos recoge lo siguiente: «Protegeremos los dos modelos educativos sostenidos con fondos públicos basados en la libre elección de centros que debe tener la familia, ya sea en el ámbito de la educación pública o la educación concertada».
El 73,6% del alumnado estaba matriculado en la escuela pública en Andalucía al final del curso pasado, según los datos oficiales disponibles en la web del ministerio de Educación. La cifra está solo por debajo de la de Canarias (75,8%), Castilla La Mancha (80,9%) y Extremadura (80,2%). La media española es del 67,1%.
La tendencia de los últimos años en Andalucía, con los gobiernos del PSOE, ha sido ligeramente descendente: en 2010, el porcentaje estaba en el 75%. Las Comunidades en las que es menor el porcentaje de estudiantes matriculados en centros públicos son el País Vasco –el 50,7%– y Madrid –el 53,2%–.