Para recibir a los representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), entre los que estuvieron su presidente, el obispo de San Isidro monseñor Oscar Ojea; el arzobispo de Buenos Aires y sucesor en ese cargo del Papa Bergoglio, el cardenal Mario Poli; y su secretario general, el obispo de Chascomús Carlos Malfa, Mauricio Macri estuvo acompañado por el jefe de Gabinete Marcos Peña; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el nuevo secretario de Culto, Alfredo Abriani.
Desde la cúpula de la Iglesia informaron que en el encuentro se habló de «la situación social» y del impacto de las medidas económicas tomadas, post PASO, por el gobierno de Cambiemos. Además, advirtieron que este tipo de «diálogos» continuarán en los próximos días con representantes de otras fuerzas partidarias.
La preocupación por «intercambiar» con quienes se proponen para ejecutar el ajuste al bolsillo, sin generar mayores «costos» por parte de quienes lo sufren a diario, está a la orden del día. Le dicen «diálogo», «pacto», «acuerdo» social, pero se llama contención, y es parte de ese rol que esta institución milenaria ha ejercido históricamente.
Ese interés fue, de hecho, el que se vio en el amistoso encuentro que mantuvo esa misma comitiva de la Conferencia Episcopal con el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, hace algunos pocos días.
Con la mirada en diciembre
Más allá de la moderación de los mensajes con los que suelen salir de estas reuniones los obispos, candidatos y mandatarios de turno, el interés que el poder político, los empresarios y las Iglesias tienen en diciembre, cuando todo indica que asumiría una nueva gestión peronista a cargo de la administración del Estado, concentra las miradas.
Ese mes, cuando millones no tenga para llevar siquiera un pedazo de pan dulce a la mesa de fin de año, los 32 puntos de pobreza que registran desde la Universidad Católica Argentina (UCA) pueden convertirse en más que un dolor de cabeza para los gobiernos nacional y provinciales, y por eso el tema es parte de la agenda que abordan en estos días. Hace, de hecho, al rol que la jerarquía eclesial ha jugado ante cada expresión o estallido de la bronca popular.
Que esas expresiones de hartazgo se manifiesten en las calles ante las medidas que ya exigen los empresarios, los banqueros y el FMI, como lo hicieron en las urnas con un fuerte rechazo al ajuste que hay en curso, es foco de preocupación, sin ninguna duda, para todos estos sectores. Ante un escenario que promete más aumentos en el costo de vida, más ajustes, suspensiones y despidos, así como también nuevos vencimientos de deuda, el rol que vayan a cumplir desde la cúpula de las Iglesias -como también desde los sindicatos- será sin dudas una parte elemental del engranaje que buscarán poner en marcha desde el futuro gobierno.
Una alianza con historia
La alianza del clero con el régimen político no es nueva, y la trama que comienza a tejerse en estos últimos episodios de campaña lo refleja. Lo vimos, por caso, tras las jornadas del 2001, cuando la Mesa del Diálogo que impulsó el duhaldismo con Bergoglio se orientó a canalizar la bronca de quienes quedaban en la calle, sin empleo ni sustento, por hablar sólo de un ejemplo más o menos reciente de la historia.
El «contrato social» del que habla Cristina Fernández de Kirchner y el «pacto» que promueve Alberto Fernández, junto a empresarios, burócratas sindicales y jerarcas de la Iglesia, también necesitará de esta alianza. La presencia de figuras como la de Juan Grabois en ese armado no era, ni es, para nada casual si se lo mira desde este ángulo.
Como señaló recientemente el periodista Diego Genoud, en ese encuentro que Fernández mantuvo con la Iglesia, las prioridades estuvieron claras. Lo demostró, de hecho, el planteo de Fernández sobre su posición favorable a la despenalización del aborto. «Aunque Fernández se manifestó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, desde la Iglesia afirman que también dejó trascender que no tiene el debate como prioridad de su gestión y que, en todo caso, habilitará la discusión de lo que define como una cuestión de salud pública».
Con un Congreso al que apuestan cada vez más celeste, y con aliados como el gobernador antiderechos Juan Manzur, candidato a reemplazar a Marcos Peña en una probable gestión peronista, no pueden caber, de hecho, muchas dudas.
Que este aspecto, así como la defensa de la Educación Sexual Integral, o la inmediata separación de las Iglesias del Estado, no figuren ni por asomo en la plataforma de la alianza del Frente de Todos (ni de ninguna otra, a excepción de la que promueve el Frente de Izquierda-Unidad), no puede interpretarse como un simple desliz.
