Peces-Barba cree que «cuando se pronuncie el Tribunal Supremo acabarán los jueguecitos de Esperanza Aguirre»
En el momento en el que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía, «los jueguecitos de la señora Esperanza Aguirre y del señor Francisco Camps se acabarán», dijo ayer el catedrático de Filosofía del Derecho Gregorio Peces-Barba, durante su intervención en el curso 'Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos', que dirige en Laredo .
Además, el jurista consideró que los problemas que están surgiendo en algunas comunidades autónomas con la aplicación de la asignatura son temporales y se disiparán pronto, al tiempo que auguró que el Partido Popular tendrá que matizar sus posiciones.
«Al PP le interesa tanto como al PSOE y como a cualquier otro partido democrático que los ciudadanos estén formados en esta materia», apuntó. En cuanto a la polémica que ha acompañado a Educación para la Ciudadanía durante los últimos meses, Peces-Barba la achacó a la posición de la Iglesia católica, «que todavía piensa que el Estado no puede intervenir en este ámbito porque desconoce la evolución del mundo moderno».
El profesor lamentó las críticas recibidas por la asignatura, y culpó al PP de confundir a la opinión pública. «Me parece inconcebible que un partido democrático y moderno como el Partido Popular siga haciendo el juego a la Iglesia», dijo.
Secularización y laicismo
El profesor de Filosofía de la Universidad de Cantabria, Carlos Nieto, también se refirió a la polémica sobre esta asignatura en su intervención en el curso 'Secularización y laicismo en el mundo actual', que él dirige. A su juicio, la «mala asimilación» de la asignatura de Educación para la Ciudadanía «es un ejemplo del enfado de los sectores más religiosos con el Gobierno, por la capacidad y autonomía que ha adquirido el Estado como responsable del sistema educativo». El profesor argumentó que una asignatura como ésta «hacía falta en la sociedad española para que los más jóvenes se formen en valores».
Durante su intervención Nieto sostuvo que la Conferencia Episcopal «debería dejar de inmiscuirse en asuntos de Estado». «La Conferencia episcopal está encabezando una oposición frontal al poder legislativo español sobre temas de Estado que no le conciernen», afirmó Nieto, para quien «este sector del catolicismo está descalificando al legislativo, tachando al Gobierno de antidemocrático, y tratando de imponer su propia visión de la vida como si fuese la única válida y universal».
Nieto recordó que España es un Estado laico y por ello «debería mantener una independencia de cualquier tipo de influencia o confesión religiosa, al tiempo que respeta el ejercicio de esas creencias», señaló.
