Las familias se querellan contra la alcaldesa de San Lorenzo por prevaricación, al no acatar la sentencia del TSJM que levantaba las medidas cautelares de la obra.
El pasado junio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó levantar la medida cautelar que impedía las exhumaciones de restos de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista enterradas en el Valle de los Caídos. Tras más de medio año, el alto tribunal autonómico tumbaba así la medida adoptada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid, al entender que el alcance de la intervención objeto de la licencia no conllevaría “una transformación urbanística irreversible de las criptas”.
Ahora, pese a tener a la Justicia de su lado, sigue habiendo 104 familias esperando para sacar a los suyos de Cuelgamuros. La razón: el rechazo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, gobernado por el Partido Popular, a conceder la licencia de obra necesaria para empezar los trabajos. Lo ha desvelado este lunes el diario El País. El Consistorio argumenta que cabe recurso contra la decisión del TSJM y por eso no da el último paso. La información detalla que algunos allegados de las personas que se quieren exhumar se van a querellar por prevaricación contra la alcaldesa, Carlota López Esteban. Muchos de ellos son muy mayores y necesitan respuestas rápido, no más demoras.
El 21 de junio fue notificada al Ayuntamiento la sentencia del Tribunal Superior de Madrid levantando las medidas cautelares, pero insiste que “no es firme” porque contra la misma cabe recurso de casación.
La sentencia del TSJM, sin embargo, aseguraba que la licencia se daba para entrar en las criptas, pero “manteniendo el uso del resto del complejo” sin que suponga “una transformación urbanística”. Esto es, no se prevé que se acometan “situaciones irreversibles” y es por eso que los magistrados concluían: “No concurren los presupuestos legales para adoptar la medida cautelar de suspensión de la licencia urbanística”. Las familias se aferran a eso, a que no habrá daño ni actuación irreversible, para pedir que se actúe ya.
La abogacía del Estado planteó el pasado julio un incidente ante el juzgado de lo contencioso para que el Ayuntamiento levante la suspensión de la licencia, según explican a El País desde Patrimonio Nacional.
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial concedió la licencia de obra para iniciar las exhumaciones en el mausoleo el 24 de junio de 2021, pero, siguiendo la misma táctica empleada por los descendientes de Francisco Franco para tratar de frenar la exhumación de los restos del dictador, grupos profranquistas y críticos con el movimiento de la memoria histórica presentaron ya una cascada de recursos para suspender la licencia.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el colectivo que más fosas ha descubierto y ha logrado abrir en toda España, señala también que el Ayuntamiento de San Lorenzo puede estar prevaricando convirtiéndose en un heredero del Franquismo.
Alrededor de un centenar de familias tienen reconocido su derecho para recuperar los restos de los suyos de Cuelgamuros. Hay familias con víctimas del bando franquista y hay familias con víctimas del bando republicano, pero todos están de acuerdo en lo mismo: exhumar a sus familiares.
