El Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid se ha embarcado en una recia campaña de dispersión de responsabilidades para justificar su incompetencia a la hora de valorar las denuncias e indicios existentes sobre los supuestos abusos sexuales cometidos durante años en el Colegio religioso Valdeluz.
Así, la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Lucía Figar, se pone de perfil afirmando que a Educación no llegó ninguna denuncia, pero que “no es de sentido común" que Asuntos Sociales no trasladara a la Fiscalía las denuncias de abusos. Figar, en su empeño por echar balones fuera, además de arremeter contra el centro de Servicios Sociales que, supuestamente, recibió las denuncias y no hizo nada, también recuerda que se aplicó “correctamente” el protocolo: se dijo a los denunciantes que fuesen a otra ventanilla, en este caso la de la Policía.
Así, ha afirmado que "si uno utiliza el sentido común, probablemente, habría que ver dentro de las instancias competentes, que no son sólo dentro de esta Consejería, ni de la comunidad autónoma". "Es un debate bastante saludable, entra dentro del sentido común que se dé traslado a la Fiscalía, hay que estar abiertos a revisar lo que haga falta", ha remarcado.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha echado la culpa de la falta de control administrativo sobre lo que estaba pasando en ese centro… A ,los padres de los alumnos., Victoria, ufano, señala que su Gobierno "no puede sustituir a los padres" y denunciar abusos sexuales realizados a sus hijos menores edad porque es una decisión que sólo compete a los progenitores, tal y como establece la legislación.
Así se ha referido Victoria, tras presentar el Portal de Justicia, sobre la polémica suscitada a raíz de la actuación de la Consejería de Asuntos Sociales después de que una menor, nada menos que en 2007, denunciara en uno de sus centros que había sido objeto de abusos sexuales perpetrados supuestamente por el profesor del colegio Valdeluz Agustinos, detenido la semana pasada por varios delitos del mismo tipo sobre una decena de menores de edad.
Concretamente, la chica acudió al Centro Integral de Atención Psicológica, que depende del Instituto del Menor, que ofrece apoyo a niños que sufren este tipo de situaciones. Fuentes de la Comunidad han señalado que dicho centro es de orientación pero que siempre aconsejan denunciar ante la Justicia este tipo de situaciones. Al parecer, los padres decidieron no hacerlo en ese caso.
"En esta ocasión tomaron los padres una decisión y el Código Penal no permite que podamos sustituir a los padres en esa decisión. En su día acudió al servicio de orientación psicológica, que es pionero sobre abusos sexuales a menores, y se les orientó de la posibilidad de denuncia. Pero los padres son los que mejor saben y conocen lo que es mejor para sus hijos", ha explicado.
No obstante, el portavoz regional ha expresado que cualquier abuso sexuales "es condenable y rechazable", al tiempo que ha animado a las víctimas y a los padres que denuncien ante la Justicia este tipo de situaciones; "pero corresponde a los padres esa decisión".
Ni una sola palabra de autocrítica en ningún responsable oficial. Ni, por supuesto, la más mínima explicación de por qué no realizaron, al menos, una somera investigación para comprobar la veracidad de una denuncia tan grave.
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