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El PP de la Vall (Castellón) se querella contra la alcaldesa (PSPV-PSOE) por el derribo de la Cruz franquista

El Grupo Municipal Popular de la Vall d’Uixó ha presentado una querella en los juzgados de Nules contra la alcaldesa de la localidad, Tania Baños, del PSPV, por atentar contra los símbolos religiosos al ordenar el derribo de la Cruz erigida por la dictadura franquista en plena postguerra.

En la querella firmada por los ocho ediles de la formación conservadora en el Ayuntamiento de la Val d’Uixó, se argumenta que el derribo de la «es un ataque a la libertad religiosa», como indica el portavoz del PP, diputado en el Congreso y ex alcalde de la localidad, Óscar Clavell. «El 4 de diciembre de 1979 un acuerdo del pleno municipal presidido por un alcalde comunista, Vicent Zaragozá, acordó eliminar los símbolos franquistas de la Cruz, que los había, y cambiar el nombre de Plaza de los Mártires por el actual, Plaza de la Pau», describe Clavell, quien considera que el actual equipo de gobierno «ha roto un consenso no escrito entre los diferentes alcaldes, de todos los partidos, por mantener la Cruz».

El diputado considera que la querella es el último estadio de una lucha contra el derribo de la Cruz que se inició con diversas mociones ante el pleno municipal, con la presentación de hasta 13.000 firmas en contra de su derribo por parte de la Plataforma Salvemos la Cruz de la Plaza de la Paz y de las concentraciones ciudadanas en la misma plaza y ante el consistorio en los días 5 y 6 de junio de 2018 en los que se procedió de manera material al derribo de la estructura.

El PP local estima que la alcaldesa procedió al derribo en base a la ley valenciana de memoria histórica y no en base a la ley estatal, de rango superior y que establece en su artículo 15 que las administraciones deberán retirar «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura», pero no cuando «concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley». La querella considera que la Cruz entraría dentro del apartado artístico-religioso, un extremo que descartaron un informe de los técnicos municipales y un dictamen del Comité de Expertos para la Valoración de Retirada de Vestigios Relativos a la Guerra Civil y de la Dictadura en la Comunitat Valenciana.

«Es un ataque más a la libertad religiosa de los que ha llevado a cabo este equipo de gobierno», critica Clavell, que describe una panoplia de lo que, a su juicio, también son ataques a la libertad religiosa, como el cambio de nomenclatura de calles dedicadas a Juan Pablo II, Manos Unidas o la Sagrada Familia.

El portavoz del PP incluye en el conjunto de supuestos ataques el hecho de que la actual alcaldesa no participe en las procesiones, misas y actos religiosos convocados como parte del programa de actos de las diversas fiestas patronales. «Cuando una es alcaldesa, es alcaldesa de todos, de los que la votan y de los que no, de los creyentes y de los que no, y hay actos a los que debe acudir en representación del municipio», concluyó Clavell.

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