Luis Argüello asegura que los bienes que se adjudicaron como propios gracias a la Ley Aznar «era obvio que pertenecían a la Iglesia» y critica la reducción del aforo en los templos en Valladolid o Salamanca
«Podemos hablar de esos casos [de inmatriculaciones irregulares], pero no de una enmienda a la totalidad del proceso salvo que se quiera una nueva desamortización». El portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha defendido la legalidad de los más de 40.000 bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia en virtud de la reforma de la ‘Ley Aznar’, y que ha sido duramente cuestionada por los colectivos patrimonialistas.
En una entrevista en Religión Digital, el secretario general de los obispos asegura que «la Iglesia es titular y administra bienes dedicados al servicio de la sociedad en donde están enclavados» desde tiempo inmemorial, porque «era obvio que pertenecían a la Iglesia». En cuanto al proceso de inmatriculaciones efectuado entre 1998 y 2015, en el que bastaba la firma del obispo (que actuaba como notario a efectos legales), y cuyo listado definitivo, preparado por el Colegio de Registradores, aún no ha sido publicado por el Gobierno, Argüello admite que «quizá haya algún bien, o alguna superficie alrededor de un bien que sea discutible», aunque añade que «se daban dos años para poder recurrir», y nadie lo hizo.
«Creo que administraciones públicas, Iglesia y sociedad estamos llamados a ponernos de acuerdo en cómo mantener un patrimonio tan impresionante, situado en muchos casos en municipios muy pequeños», sostiene el portavoz de la CEE, que se abre a una negociación sobre fiscalidad anunciada para este mes de septiembre.
«La propuesta es de revisar juntos, y no a través de declaraciones en los medios, los asuntos que han aparecido en los últimos años, (inmatriculaciones, impuestos y las recomendaciones del informe del Tribunal de cuentas)», explica el obispo. «Tenemos mucho interés en clarificar estas cuestiones, pues creemos que globalmente las Diócesis lo han hecho bien, conforme a la legislación vigente», añade. Eso sí: «en caso de reformas, la Iglesia desea que se respete su condición de entidad que colabora en el bien común, que desarrolla y cumple fines sociales que merecen ser reconocidos y promovidos, también fiscalmente».
Restricciones de templos «excesivas»
Sobre el nuevo curso, el portavoz de los obispos españoles aboga por la «enseñanza presencial con las garantías de higiene y prevención señaladas», ante la amenaza de rebrotes de coronavirus. En este sentido, Argüello critica algunos «confinamientos parciales» que implican reducciones de aforo en los templos. «Las restricciones a solo 25 personas, cualquiera que sea el tamaño del templo como se ha hecho en Valladolid y Salamanca, parecen excesivas, teniendo en cuenta el rigor con el que se han seguido las medidas de prevención en los templos», lamenta.
Sobre el futuro de las relaciones Iglesia-Gobierno, Argüello aboga por «la colaboración para el bien común desde el respeto al lugar y función de cada cual». «Nuestras democracias precisan cada vez más de una regeneración ética y de los vínculos que nos hacen pueblo capaz de organizarse en libertad. Las Iglesias contribuyen a esa tarea tan necesaria, por lo que cualquier Gobierno, siguiendo las Declaraciones universales de derechos humanos, ha de contribuir al ejercicio de su misión», concluye.
