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El portavoz de los obispos reconoce que «quizá haya algún bien inmatriculado que sea discutible» pero que «nadie lo recurrió»

Luis Argüello asegura que los bienes que se adjudicaron como propios gracias a la Ley Aznar «era obvio que pertenecían a la Iglesia» y critica la reducción del aforo en los templos en Valladolid o Salamanca

«Podemos hablar de esos casos [de inmatriculaciones irregulares], pero no de una enmienda a la totalidad del proceso salvo que se quiera una nueva desamortización». El portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha defendido la legalidad de los más de 40.000 bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia en virtud de la reforma de la ‘Ley Aznar’, y que ha sido duramente cuestionada por los colectivos patrimonialistas.

En una entrevista en Religión Digital, el secretario general de los obispos asegura que «la Iglesia es titular y administra bienes dedicados al servicio de la sociedad en donde están enclavados» desde tiempo inmemorial, porque «era obvio que pertenecían a la Iglesia». En cuanto al proceso de inmatriculaciones efectuado entre 1998 y 2015, en el que bastaba la firma del obispo (que actuaba como notario a efectos legales), y cuyo listado definitivo, preparado por el Colegio de Registradores, aún no ha sido publicado por el Gobierno, Argüello admite que «quizá haya algún bien, o alguna superficie alrededor de un bien que sea discutible», aunque añade que «se daban dos años para poder recurrir», y nadie lo hizo.

«Creo que administraciones públicas, Iglesia y sociedad estamos llamados a ponernos de acuerdo en cómo mantener un patrimonio tan impresionante, situado en muchos casos en municipios muy pequeños», sostiene el portavoz de la CEE, que se abre a una negociación sobre fiscalidad anunciada para este mes de septiembre.

«La propuesta es de revisar juntos, y no a través de declaraciones en los medios, los asuntos que han aparecido en los últimos años, (inmatriculaciones, impuestos y las recomendaciones del informe del Tribunal de cuentas)», explica el obispo. «Tenemos mucho interés en clarificar estas cuestiones, pues creemos que globalmente las Diócesis lo han hecho bien, conforme a la legislación vigente», añade. Eso sí: «en caso de reformas, la Iglesia desea que se respete su condición de entidad que colabora en el bien común, que desarrolla y cumple fines sociales que merecen ser reconocidos y promovidos, también fiscalmente».

Restricciones de templos «excesivas»

Sobre el nuevo curso, el portavoz de los obispos españoles aboga por la «enseñanza presencial con las garantías de higiene y prevención señaladas», ante la amenaza de rebrotes de coronavirus. En este sentido, Argüello critica algunos «confinamientos parciales» que implican reducciones de aforo en los templos. «Las restricciones a solo 25 personas, cualquiera que sea el tamaño del templo como se ha hecho en Valladolid y Salamanca, parecen excesivas, teniendo en cuenta el rigor con el que se han seguido las medidas de prevención en los templos», lamenta.

Sobre el futuro de las relaciones Iglesia-Gobierno, Argüello aboga por «la colaboración para el bien común desde el respeto al lugar y función de cada cual». «Nuestras democracias precisan cada vez más de una regeneración ética y de los vínculos que nos hacen pueblo capaz de organizarse en libertad. Las Iglesias contribuyen a esa tarea tan necesaria, por lo que cualquier Gobierno, siguiendo las Declaraciones universales de derechos humanos, ha de contribuir al ejercicio de su misión», concluye.

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