Luis Argüello asegura que los bienes que se adjudicaron como propios gracias a la Ley Aznar “era obvio que pertenecían a la Iglesia” y critica la reducción del aforo en los templos en Valladolid o Salamanca
“Podemos hablar de esos casos [de inmatriculaciones irregulares], pero no de una enmienda a la totalidad del proceso salvo que se quiera una nueva desamortización”. El portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha defendido la legalidad de los más de 40.000 bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia en virtud de la reforma de la ‘Ley Aznar’, y que ha sido duramente cuestionada por los colectivos patrimonialistas.
En una entrevista en Religión Digital, el secretario general de los obispos asegura que “la Iglesia es titular y administra bienes dedicados al servicio de la sociedad en donde están enclavados” desde tiempo inmemorial, porque “era obvio que pertenecían a la Iglesia”. En cuanto al proceso de inmatriculaciones efectuado entre 1998 y 2015, en el que bastaba la firma del obispo (que actuaba como notario a efectos legales), y cuyo listado definitivo, preparado por el Colegio de Registradores, aún no ha sido publicado por el Gobierno, Argüello admite que “quizá haya algún bien, o alguna superficie alrededor de un bien que sea discutible”, aunque añade que “se daban dos años para poder recurrir”, y nadie lo hizo.
“Creo que administraciones públicas, Iglesia y sociedad estamos llamados a ponernos de acuerdo en cómo mantener un patrimonio tan impresionante, situado en muchos casos en municipios muy pequeños”, sostiene el portavoz de la CEE, que se abre a una negociación sobre fiscalidad anunciada para este mes de septiembre.
“La propuesta es de revisar juntos, y no a través de declaraciones en los medios, los asuntos que han aparecido en los últimos años, (inmatriculaciones, impuestos y las recomendaciones del informe del Tribunal de cuentas)”, explica el obispo. “Tenemos mucho interés en clarificar estas cuestiones, pues creemos que globalmente las Diócesis lo han hecho bien, conforme a la legislación vigente”, añade. Eso sí: “en caso de reformas, la Iglesia desea que se respete su condición de entidad que colabora en el bien común, que desarrolla y cumple fines sociales que merecen ser reconocidos y promovidos, también fiscalmente”.
Restricciones de templos “excesivas”
Sobre el nuevo curso, el portavoz de los obispos españoles aboga por la “enseñanza presencial con las garantías de higiene y prevención señaladas”, ante la amenaza de rebrotes de coronavirus. En este sentido, Argüello critica algunos “confinamientos parciales” que implican reducciones de aforo en los templos. “Las restricciones a solo 25 personas, cualquiera que sea el tamaño del templo como se ha hecho en Valladolid y Salamanca, parecen excesivas, teniendo en cuenta el rigor con el que se han seguido las medidas de prevención en los templos”, lamenta.
Sobre el futuro de las relaciones Iglesia-Gobierno, Argüello aboga por “la colaboración para el bien común desde el respeto al lugar y función de cada cual”. “Nuestras democracias precisan cada vez más de una regeneración ética y de los vínculos que nos hacen pueblo capaz de organizarse en libertad. Las Iglesias contribuyen a esa tarea tan necesaria, por lo que cualquier Gobierno, siguiendo las Declaraciones universales de derechos humanos, ha de contribuir al ejercicio de su misión”, concluye.
