El gobierno confirma que la religión seguirá dentro de la escuela. Con dicha decisión deja constancia del fuerte maridaje que mantiene la Iglesia católica con los diferentes partidos que han gobernado en España. La valentía política no suele ser virtud del presente, ya que a la muerte del dictador se aceptaron los Acuerdos con la Santa Sede que la dictadura mantuvo desde 1953, ratificándolos en 1979.
El gobierno de Bravo Murillo firmó un Concordato con la Santa Sede, el año 1851, bajo el reinado de Isabel II. 80 años después, la II República española rompió él. Fue en dicho momento histórico cuando Manuel Azaña dijo la famosa y recordada frase,“España ha dejado de ser católica”, dentro del discurso que pronunció en las Cortes españolas, en 1933, del que reproduzco algunos fragmentos:
“Cada una de estas cuestiones, señores diputados, tiene una premisa inexcusable, imborrable en la conciencia pública, y al venir aquí, al tomar hechura y contextura parlamentaria, es cuando surge el problema político. Yo no me refiero a las dos primeras, me refiero a esto que llaman problema religioso. La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica el pueblo español.
“Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro destino. Este es un problema político, de constitución del Estado, y es ahora precisamente cuando este problema pierde hasta las semejas de religión, de religiosidad, porque nuestro Estado, a diferencia del Estado antiguo, que tomaba sobre sí la curatela de las conciencias y daba medios de impulsar a las almas, incluso contra su voluntad, por el camino de su salvación, excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad, y quita a la Iglesia aquel famoso brazo secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. Se trata simplemente de organizar el Estado español con sujeción a las premisas que acabo de establecer” (…).
“En realidad, la cuestión apasionante, por el dramatismo interior que encierra, es la de las Órdenes religiosas: dramatismo natural porque se habla de la Iglesia, se habla del presupuesto del clero, se habla de Roma; son entidades muy lejanas que no toman para nosotros forma ni visibilidad humana; pero los frailes, las Órdenes religiosas, sí”.
“En este asunto, señores diputados, hay un drama muy grande, apasionante, insoluble. Nosotros tenemos, de una parte, la obligación de respetar la libertad de conciencia, naturalmente, sin exceptuar la libertad de la conciencia cristiana; pero tenemos también, de otra parte, el deber de poner a salvo la República y el Estado. Estos dos principios chocan, y de ahí el drama que, como todos los verdaderos y grandes dramas, no tiene solución. ¿Qué haremos, pues? ¿Vamos a seguir (claro que no, es un supuesto absurdo), vamos a seguir el sistema antiguo, que consistía en suprimir uno de los términos del problema, el de la seguridad e independencia del Estado, y dejar la calle abierta a la muchedumbre de Órdenes religiosas para que invadan la sociedad española? No. Pero yo pregunto: ¿es legítimo, es inteligente, es útil suprimir, por el contrario, por una reacción explicable y natural, el otro término del problema y borrar todas las obligaciones que tenemos con esta libertad de conciencia? Respondo resueltamente que no. (Muy bien, muy bien.) Lo que hay que hacer –y es una cosa difícil, pero las cosas difíciles son las que nos deben estimular–; lo que hay que hacer es tomar un término superior a los dos principios en contienda, que para nosotros, laicos, servidores del Estado y políticos gobernantes del Estado republicano, no puede ser más que el principio de la salud del Estado”. (Muy bien.)
La II República estableció que la Educación Pública no podía dejarse en manos de las congregaciones religiosas, que era el Estado el que debía asumir la función educadora en valores cívicos e igualitarios y, por tanto, debía ser LAICA. La religión solo debía darse en las parroquias y en los hogares donde las familias fueran creyentes. La Constitución de 1931, especialmente en el artículo 3, estableció: “España no tiene religión oficial”, y en el artículo 26, entre otras cosas prohibía los colegios de las Órdenes religiosas, normativa que sería desarrollada por “La Ley de Congregaciones Religiosas de 1933”.
El pensamiento democratizador de la II República quedó plasmado en dichas leyes, pero tal razonamiento no tiene cabida en los dogmas de fe.
Y la ira eclesiástica se desató para condenar a la joven República.
Pio XI, ejerció su pontificado durante la II República asumiendo una de las encíclicas de su antecesor, Pío X, llamada Pascendi, cuyos postulados precisan que la democracia debe ser combatida por la religión católica. Durante su pontificado la Iglesia católica se fortaleció, tanto en los aspectos religiosos como en los políticos. En 1931, con la invención de la radio, por Nikola Tesla, se inauguraron las transmisiones de Radio Vaticano, a través de las cuales la Santa Sede mundializó sus mensajes, en diversos idiomas. Hoy, su servicio diplomático tiene una dimensión cercana a los Estados Unidos.
Antecedentes
A partir de la aprobación del Concordato de 1851, la Iglesia católica recuperó gran parte del poder ideológico y social que había mantenido antes de la disolución de las órdenes religiosas masculinas y la pérdida de parte de sus bienes por las desamortizaciones de Mendizábal, en 1836. Veinte años después (1856), la desamortización de Madoz volvió a restringir parte del poder de la Iglesia que el Concordato de 1851 le otorgó.
Y vuelta a empezar.
Tras el breve paréntesis de la I República, de 1873/1874, el pronunciamiento del general Martínez Campos da paso a la restauración de la monarquía borbónica, en 1875. Será bajo el reinado de Alfonso XII cuando se entrega a la iglesia, cárceles, hospitales, cementerios, moral pública y privada y, sobre todo, colegios de primera y segunda enseñanza. Con la Dictadura de Primo de Rivera (1923), el peso de la Iglesia se fortalece aún más: el catolicismo se convirtió en uno de los pilares del “nuevo régimen”. El lema de la Dictadura fue: “Patria, Religión y Monarquía”.
La historia se repite en España, sin que las voluntades de los gobiernos de turno se atrevan a tocar el Concordato con la Santa Sede; éste sigue incorrupto y la religión en las escuelas y en otros tantos ámbitos institucionales continúa. Y las inmatriculaciones ponen la guinda de un pastel donde el beneficio económico es la principal seña de identidad del Imperio Vaticano.
El catolicismo condena la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y, por tanto el feminismo, la homosexualidad, el aborto, la libertad de conciencia, la libertad, de difusión y expresión, el pensamiento crítico y científico, la libertad sexual, la libertad de vestirse … etc. ¿Puede la izquierda identificarse con estos valores?
Teresa Galeote
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